El sistema adversarial cumple dos años en el Centro Judicial Capital

El nuevo sistema fue implementado en un contexto de emergencia sanitaria luego de la exitosa aplicación del sistema en el Centro Judicial Concepción, donde había sido puesto en marcha en mayo de 2019.

Judiciales 01 de septiembre de 2022 Bajo la Lupa Noticias Bajo la Lupa Noticias

Desde el primer día de septiembre de 2020, el Nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) rige en todo el ámbito de la provincia. El nuevo sistema fue implementado en un contexto de emergencia sanitaria luego de la exitosa aplicación del sistema en el Centro Judicial Concepción, donde había sido puesto en marcha en mayo de 2019. Dos años después, las cifras que se alcanzaron bajo el sistema adversarial hablan de un contundente aumento en la producción jurisdiccional de todo el fuero penal.

Como reflejan los informes de la Dirección de Estadísticas de la Corte, en el período comprendido entre la plena entrada en vigencia del Código y el 31 de agosto de este año, en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la OGA de los Centros Judiciales Capital y  Monteros se han celebrado 20.830 audiencias y se ha trabajado sobre un total de 5.895 legajos que registran por lo menos una audiencia realizada. De este total, 4.921 tuvieron la audiencia de formalización de la investigación -equivalente a la imputación del hecho delictivo en el sistema procesal anterior-.

Una de las ventajas del nuevo sistema implementado es la celeridad de los procesos: durante estos 24 meses se dictaron 3.217 condenas, lo que representa más de la mitad de los legajos ingresados.  Dentro de estos, en más del 30% se logró alcanzar la condena antes del primer mes de formalizada la investigación.

Por último, la cantidad de sentencias condenatorias dictadas desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2022 supera la cantidad de sentencias con condenas dictadas desde el año 2015 hasta agosto de 2020 en toda la provincia.

Tras dos años de trabajo con el nuevo código en los centros judiciales de Capital y Monteros, integrantes del Colegio de Jueces y Juezas -uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema adversarial- reflexionaron sobre el impacto que tuvo en el desarrollo de los procesos.

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Sobre esta tarea, la Dra. Isolina Apás Pérez de Nucci, Presidenta del cuerpo colegiado de la Capital, recordó que “la puesta en marcha del nuevo código procesal implicó tornar realidad todos los objetivos que lo inspiraron; implicó instaurar un sistema de justicia penal ágil, expedito, con respuesta casi inmediata a las pretensiones formuladas y asequible a las partes, quienes de forma efectiva y directa intervienen en cada acto que implica la toma de decisiones en relación a los intereses que los involucra”. Consultada sobre la situación actual, su balance es “altamente positivo y alentador con miras al futuro, en tanto el código vigente ha significado no solo un cambio normativo sino un cambio estructural, sistemático, ideológico, con incidencia real y oportuna en quienes son sus destinatarios directos -imputados y víctimas- y la sociedad toda”.

Asimismo, la Dra. Fanny Siriani coincide en que la experiencia es positiva y destaca los principios de agilidad, eficacia, eficiencia y transparencia que caracterizan en la actualidad a la prestación del servicio de justicia que diariamente realiza el fuero penal. “Las estadísticas demuestran con claridad el veloz avance de los legajos hasta su culminación. En este difícil tiempo de crisis de valores y descrédito de la sociedad en las instituciones, (más allá de las opiniones infundadas de ciertos detractores), el Poder Judicial ha demostrado su compromiso social y su condición de referente ético para la comunidad de nuestra provincia”, reflexiona la magistrada.

El nuevo Código modificó todo el proceso penal, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de las sentencias. Al respecto, el Dr. Facundo Maggio, juez del Tribunal de Impugnación, resaltó como sus pares que “el nuevo sistema procesal impone los principios de oralidad y publicidad, lo que se traduce en una  mayor dinámica y transparencia de la actividad judicial, obteniendo como consecuencia una mayor cantidad de resolución definitiva de conflictos en plazos razonables y una mejor comunicación de los actores judiciales con las partes y la sociedad en general”.

Por su parte, el Dr. Gonzalo Ortega, Vicepresidente del Colegio de Jueces y juez subrogante a cargo del Juzgado de Ejecución de Sentencia (tarea que desempeña junto con la Dra. Ana María Iácono), destaca que en ese fuero se realizan un promedio de 100 audiencias por mes, en las que atienden todo tipo de requerimientos de las personas que están cumpliendo su condena. “Este trabajo, tanto en la cantidad como en la calidad de las respuestas dadas por el servicio de justicia que brindamos, sólo puede ser posible con la aplicación del nuevo código procesal penal. Hoy, el juzgado de Ejecución de sentencias puede dar una respuesta ágil y cumplir las expectativas de tutela judicial efectiva que exigen los operadores del sistema y esto es posible porque contamos con una OGA Ejecución propia, que se ocupa realizar todos los agendamientos, llevar adelante las audiencias desde lo operativo y notificar todo lo que se resuelve”.

Sobre la OGA –otro de los pilares que sostienen al sistema– el magistrado destaca también su importancia para que los jueces y juezas puedan ocuparse plenamente de la tarea jurisdiccional: “A poco tiempo de su entrada en vigencia, hoy es impensado no contar con esta herramienta, es realmente un código pensado para los tiempos que vivimos, un código moderno y que fundamentalmente cree en los jueces que lo deben aplicar. Y es por ello que el nuevo sistema adversarial despojó a los jueces de todo tipo de trabajo que no sea el jurisdiccional, eso ahora lo hace la OGA, por lo que todos los días los jueces nos limitamos a estar presentes en las audiencias, escuchar, valorar y dictar resoluciones delante de los justiciables, y de manera oral, y eso no sólo es una ventaja para el justiciable, sino una garantía de trasparencia en nuestras decisiones”.

“Hoy, a dos años de vigencia del nuevo código procesal penal, podemos orgullosamente decir que se ha cambiado el paradigma en la lucha contra el delito en nuestra provincia. Hoy quedó demostrado que los operadores de justicia necesitaban esta herramienta para dar una efectiva respuesta al justiciable y al delito en general, este es un código que cree en los Jueces, y los Jueces del Colegio de Jueces estuvieron a la altura de las circunstancias. También queremos destacar el apoyo incondicional de nuestra Corte Suprema, que está atenta a las necesidades que surgen a diario en su implementación”, concluyen los representantes del Colegio.

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