Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, que conduce Mariana Rivadeneira se explicó acerca de los protocolos de actuación ante esta práctica ilegal extendida en la provincia.
El juez Roberto Flores rechazó el juicio abreviado solicitado por el MPF, ya que Alexis Morán solo admitió el robo de la escopeta pero negó el disparo que causó la muerte de Facundo Costilla y dejó herido a Marcos Castillo.
El acusado había aceptado inicialmente un acuerdo de 12 años de prisión efectiva, pero en la audiencia solo reconoció el robo de la escopeta y negó haber efectuado el disparo que mató a Facundo Costilla e hirió a Marcos Castillo.
Además se secuestraron numerosos vehículos de gran porte, maquinarias y celulares. Los peligros que representan para la sociedad la quema de cañaverales y rastrojos en todo el ámbito de la provincia, acentúan la política encarada por el MPF para contrarrestar esta práctica nociva.
Había fijado un domicilio en San Miguel de Tucumán pero residía en El Cadillal. Por los mismos motivos, le habían anulado el beneficio a su pareja, Marco Daniel Fernández. El pedido fue elevado por la Unidad de Ejecución del Sentencias del Ministerio Fiscal.
Liliana Nahir Carrizo fue sentenciada a un año y seis meses de prisión condicional por el hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto en La Cocha. La pena fue acordada en un juicio abreviado, con el aval del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa. Además, se dispuso su inmediata libertad y el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.
El Ministerio Fiscal formuló cargos contra un “changarín” de 39 años por un foco registrado el martes pasado en El Cortaderal. Se solicitó su prisión preventiva, pero la jueza resolvió medidas alternativas por seis meses.
El juez Roberto Flores dictó una pena de tres años en suspenso para Mario Luis Fernández, por homicidio culposo. Francisco Argona fue absuelto por el beneficio de la duda.
El 1º de julio, miembros del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), se presentaron en una vivienda del barrio Pilar, de Lules, logrando la captura del fugitivo mientras pretendía huir saltando la tapia, pero logrando darle alcance. El fiscal Gerardo Salas, con autorización judicial, había comenzado a realizar averiguaciones en torno al evadido, hasta lograr ubicar su paradero.
El acusado y el Ministerio Fiscal arribaron a un acuerdo de juicio abreviado en el que se le impuso una pena de seis meses de cárcel. El ladrón había destrozado el vidrio de la puerta de acceso cuando fue descubierto por la policía.
Lucas Ismael Espeche fue imputado por tentativa de homicidio en una audiencia realizada este miércoles. La jueza Elena Grellet resolvió que permanezca detenido por tres meses mientras avanza la investigación.
David Concha, de 9 años, fue atacado por una jauría en julio del año pasado. Dos hombres están acusados de haber incitado a los animales. Este miércoles comenzó el debate en los tribunales de Concepción, marcado por testimonios dolorosos y fuertes acusaciones.
La acusada le vendió a su vecina el vehículo que pertenecía a otra persona sin autorización. La damnificada devolvió el rodado a su legítima dueña.
La víctima fue asesinada a tiros el 7 de marzo de 2024, mientras se encontraba dentro de su camioneta estacionada debajo de un puente en la autopista General San Martín.
La medida fue dispuesta por el juez Raúl Robín Márquez durante la feria judicial. La defensa se opuso, pero la querella y la fiscalía argumentaron riesgos procesales y gravedad institucional.
El acusado fue reducido por vecinos tras forcejear con el dueño del local. La Justicia le dictó prisión preventiva por 45 días.
A un año de la muerte de Julián Bulacio, su familia encabezó una protesta frente a Tribunales para exigir avances en la causa. El joven falleció tras sufrir graves quemaduras en una explosión ocurrida en el Ingenio La Corona. Denuncian que trabajaba sin protección y que la tragedia fue evitable.
El juez de feria Rodrigo Martearena resolvió no habilitar el tratamiento de la solicitud presentada por la defensa de Liliana Carrizo, detenida por el presunto hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. Argumentó que no se trata de un asunto urgente que justifique su tratamiento durante la feria judicial.
Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la sustracción del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. En esta instancia, Liliana Nadir Carrizo, acusada por el hecho, volvió a declarar y lanzó fuertes acusaciones.
El Tribunal de Impugnación confirmó las prisiones preventivas contra los acusados, basándose en riesgos procesales y pruebas objetivas, a pesar de los planteos sobre falta de fundamentos y condiciones personales de los imputados.
Esto demuestra el alto nivel del trabajo técnico que realiza el laboratorio. “Nos fue excelente. No tuvimos ninguna discordancia en los resultados”, explicó la MSc. Guillermina Almada, responsable del área.
En el fallo, los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado por diversas causas acumuladas. Además de la pena, el dirigente deberá cumplir reglas de conducta y se le prohibió referirse a funcionarios y autoridades involucradas.
El legislador declaró en el marco de las causas vinculadas a denuncias contra la gestión municipal y hechos asociados al narcotráfico. Apuntó a la falta de acción judicial y cuestionó que solo uno de los implicados esté detenido.
El intendente Alejandro Molinuevo habló sobre el conflicto por la ruta provincial 329, la situación financiera del municipio y el desarrollo comercial en la ciudad. También respondió al Ping Pong político, donde dejó definiciones sobre la UCR, el Festival del Locro y su futuro en la intendencia.
La Policía allanó este sábado cuatro domicilios en los barrios Obrero y Palo Blanco de Arcadia, en los que funcionaban kioscos dedicados al fraccionamiento y venta de drogas. Además, aprehendieron a una pareja.
Ligia Rearte, dueña de un campo en Rumi Punco, asegura que su propiedad fue violentada y que se usaron recursos comunales para sustraer cañas bambú, con daños estimados en $15 millones. La causa está a cargo del fiscal Enrique Rojas.
La Dirección de Bromatología informó que los bidones de 12 y 20 litros carecen de registros sanitarios y se comercializan puerta a puerta. Se recomienda no consumir el producto, suspender su venta y dar aviso a las autoridades.
La rectora del IES Penitenciario, comisario Fátima Giménez, informó que esta etapa se extenderá hasta el 10 de septiembre. Los 16.700 inscriptos deberán presentarse en la fecha y horario asignados para entregar los requisitos exigidos.