Corrupción policial: “Contó con una logística que le permitió beneficiarse y obrar con total impunidad”

Continuando con la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y medidas de coerción contra tres policías por el traslado de presos para realizar albañilería en un domicilio de El Cadillal, el Ministerio Fiscal pidió la prisión preventiva para Gustavo Javier Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional Norte (fue dado de baja), Luis Roberto Trejo y Osvaldo Lucas Tezeira (se encuentran pasivos de proceso). Conforme a la calificación endilgada a cada uno, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva por seis meses para Beltrán y de dos meses para sus cómplices.

En el día de ayer jueves, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, acusó a quien se desempeñaba como jefe de la URN por el delito de peculado de uso y de servicio en concurso real con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y el delito de falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor. En tanto, la conducta de los otros imputados (sargento y cabo, ambos de 45 años) encuadra en los delitos de peculado en calidad de partícipes secundarios en concurso real con el delito de falsificación de instrumento público en calidad de coautores, todo ello en perjuicio de la administración y la fe pública, hecho ocurrido el martes 11 de noviembre del corriente año (ver abajo). Cabe recordar, que este viernes se reanudó la audiencia luego de que uno de los imputados (Tezeira) manifestara un problema de salud por lo que tuvo ser asistido. 

Luego de un cuarto intermedio ordenado por el juez actuante, fue la Fiscal la encargada de describir las características de los ilícitos y los riegos procesales (fuga y entorpecimiento) para fundamentar la medida de coerción más gravosa. “Fue cometido en un abuso de poder y abusando Beltrán de su situación jerárquica. Se trata de una persona que reviste un cargo policial en la plana mayor y cuenta con una logística donde se acreditó el uso de un vehículo asignado a los efectos de la prevención del delito, es decir, utilizó recursos del Estado y el uso del combustible pagado por el Superior Gobierno de la Provincia. Se trata de un hecho que cuenta con una logística que le permitió a los imputados y a quien se veía beneficiado, obrar con total impunidad y con total desaprensión a la norma en cuanto utilizó su poder para manejar al resto de los efectivos policiales. Esto venía sucediendo hace aproximadamente dos meses y los demás efectivos policiales tenían conocimiento, por lo que va a ser materia de investigación, es decir, es el puntapié inicial que tiene la Fiscalía para ahondar sobre los hechos”, mencionó Rivadeneira.

“Beltrán no es cualquier persona, ocupaba un puesto en la plana mayor (por lo que contaba con subalternos). Al momento de ponerse a disposición, hizo entrega de un teléfono celular (sin chip) que no es de uso diario porque según sus dichos se descompuso y lo tenía en el servicio técnico (desde hace seis meses). Sostenemos que entorpeció la investigación lo que se ha materializado con esa actitud para obstaculizar los trámites de la investigación. Incluso, los familiares de los detenidos se acercaron a la Fiscalía a declarar y a pedir las herramientas (de construcción). Iban con una camioneta oficial y retiraban los materiales de la casa de los familiares de los detenidos para que hagan después éstos hagan los trabajos de albañilería”, agregó. 

Tratamiento de la causa como asunto complejo 

Como último punto, la Fiscalía pidió el tratamiento de la causa como asunto complejo (con ello se extienden los plazos procesales). El Auxiliar de Fiscal fue el encargado de expedirse sobre el tratamiento. “Debido a la naturaleza de los hechos investigados, el número de los imputados, la recolección de las pruebas y la existencia de delitos conexos, es necesario, a los fines de una investigación exitosa ampliar los plazos y adoptar medidas que sean especiales y complejas a razón que está involucrado el jefe de la Unidad Regional Norte lo cual introduce un contexto institucional sensible y exige verificar posibles redes de encubrimiento o de subordinación jerárquica dificultando la obtención de pruebas testimoniales y documentales. Asimismo, se investiga una concurrencia real de ilícitos, todos cometidos en un contexto de abuso de poder y de falsificación de documentación pública lo que incrementa la necesidad de pericias documentales como ser los análisis de libros de guardia y comunicaciones internas sobre las órdenes de traslado de las personas condenadas que fueron utilizadas para provecho propio”, indicó Lizarraga quien mencionó que resta el peritaje de doce teléfonos celulares donde podrían estar involucradas otras ocho personas. “Restan los peritajes técnicos por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), entre ellos, la reconstrucción de la ruta de los móviles policiales que se utilizaron en el traslado de condenados (GPS y cámaras de seguridad) como también investigar el número de celular desde donde se realizaron las denuncias anónimas, por lo tanto, considero que este plazo ampliatorio resulta razonable. Debemos considerar el número de detenidos/condenados (que debían estar alojados tres en la comisaría de Chuscha y otro en Choromoro) y con el avance de la investigación pueden surgir más involucrados”, concluyó el representante del MPF sobre la probable comisión de otro delito (vejaciones).  

La resolución 

Al momento de resolver, el juez interviniente dijo que “hablamos de personas que conocen como debe ser el procedimiento policial con años adentro (Beltrán tiene 30 años de servicios mientras los otros dos más de 15 años)” y la existencia de “trabajos forzosos” por lo que se tratan de conductas graves. Al señalar sobre el teléfono del señor Beltrán (estaba con seis meses de reparación según sus dichos) comentó que le resultaba “irrazonable” que una persona con un rol tan importante y trascendente haya estado con otro dispositivo el cual solo se conectaba con wifi. “Es una conducta de obstrucción de la investigación y no sometimiento a la Justicia”, indicó el magistrado. También tuvo en cuenta lo expresado por los familiares de los presos quienes dijeron que nadie se animaba a denunciar (hay un número pero no un nombre que motivó la presente investigación). Hasta hoy hay 11 personas notificadas, por lo que el magistrado hizo lugar al tratamiento de la causa como compleja. 

La acusación 

Desde hace dos meses, el comisario general Beltrán, primer jefe de la Unidad Regional Norte de la policía de Tucumán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de cuatro detenidos a las dependencias de la URN, sita entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, siendo que los mencionados debían estar alojados en la comisaría de Chuscha (tres de ellos) y en la comisaría de Choromoro (el restante), todo ello con la finalidad de hacerlos trabajar en beneficio propio. En estas circunstancias, el pasado martes 11 de noviembre, el comisario Beltrán de común acuerdo con un sargento y un cabo insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10:20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados, de 45 años y de 47 años (afectados a causas de abuso sexual), a los fines de ser alojados en el arresto de la comisaría de Chuscha siendo que en realidad la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del Comisario en El Cadillal. Ese día, en horas de la mañana, quienes cumplen servicios en la Unidad Regional Norte, al mando de Beltrán, trasladaron efectivamente a los detenidos hacia la casa de veraneo en construcción, que se encontraba sin moradores, lugar en donde realizaban trabajos de albañilería por orden suyo y para su beneficio propio.