Bajo la Lupa NoticiasDos hermanos, de 30 y 34 años, fueron aprehendidos el último martes, en horas de la tarde, luego de que una mujer (31) denunciara que cuatro malvivientes habían ingresado a su domicilio ubicado en el barrio ampliación Soeme la ciudad de Las Talitas. La víctima identificó a dos de los sujetos, ya que los reconoció porque viven en la misma zona. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal convocó a audiencia que se realizó este jueves a los fines de formular cargos, formalizar la investigación y pedir medidas de coerción.
Interviene la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, encabezada por Pedro Gallo. Siguiendo sus instrucciones, la auxiliar de fiscal María José Agüero describió la teoría del caso elaborada por el MPF. Expuso que el 13 de febrero pasado, a las 16:30 horas, los imputados y otros dos sujetos aún no identificados, ingresaron a la casa de una mujer (se encontraba junto a su hija menor de edad), ubicada en el barrio ampliación Soeme, en Las Talitas. Una vez adentro de la vivienda, redujeron por la fuerza a la señora, amordazándola y atándola en manos y pies.
En esa circunstancia, uno de los hermanos aprovechó para tocar los glúteos de la víctima, mientras los otros tres delincuentes se apoderaron ilegítimamente de los siguientes elementos: un televisor, un DVD, un secarropa, un bolso con prendas de vestir, un coche para bebé, una pava eléctrica, cuatro acolchados y documentación personal. Finalmente, se dieron a la fuga.
Agüero solicitó que se ordene la prisión preventiva de los hermanos por dos meses. “Este hecho tiene circunstancias que lo hacen especialmente gravoso. Ha sido cometido con extrema violencia. Hubo un aprovechamiento de que la víctima, que está embarazada de cinco meses, se encontraba sola en ese momento con su hija menor de edad. Fue atada de pies y manos, y amordazada. Además, hubo una superioridad numérica. Incluso, según relató, la víctima fue abusada por uno de los imputados”, manifestó la investigadora.
La jueza aceptó parcialmente la medida cautelar requerida, disponiéndola por el plazo de 30 días, y a su vez ordenó el alojamiento de los acusados en el servicio penitenciario.
