El acusado fue aprehendido en un allanamiento donde se descubrió que alquilaba habitaciones a trabajadoras sexuales. El Ministerio Fiscal le abrió una causa por el delito de promoción o facilitación de la prostitución. Prisión preventiva por 90 días.
Judiciales18 de marzo de 2024
Bajo la Lupa NoticiasLa Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de Monteros, que dirige Carlos Gonzalo Rodríguez, abrió una investigación en contra de un hombre de 52 años a quien se acusa de hacer funcionar un prostíbulo, en un domicilio de su propiedad en la ciudad de Famaillá. El sujeto fue aprehendido el jueves pasado, durante una medida de allanamiento realizada en dicha vivienda. Durante el procedimiento, se encontraron evidencias que indicaban el alquiler de habitaciones a trabajadoras sexuales, con el objetivo de que pudieran llevar a cabo sus actividades en el lugar.
En una audiencia de rigor, la fiscalía le imputó al hombre ser presunto autor del delito de Promoción o facilitación de la prostitución.
Según la acusación, el hombre citaba a determinadas horas a personas a su vivienda, y luego llevaba hasta allí a una mujer (a sabiendas de que ésta ejerce la prostitución) para facilitarle una de las habitaciones con el fin de que pudiera desarrollar su actividad. A cambio le cobraba a la misma una suma de dinero por cada cliente por el uso de las instalaciones.
Para resguardar el proceso, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por tres meses, plazo que fue otorgado por el juez interviniente.
Mediante engaños obtuvo datos personales de las víctimas con los que abrió cuentas, solicitó préstamos y realizó compras por importantes sumas de dinero. El falso gestor reconoció su culpabilidad y fue condenado a través de un juicio abreviado arribado con el Ministerio Fiscal.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II le endilgó el delito de defraudación por abuso de confianza.
Silvana Cáceres y Rocío, madre y esposa respectivamente, de Gustavo Gonzalo Giri, aseguran que desde 2019 su familia vive un calvario. Afirman que el interno fue perseguido, torturado y abandonado por el sistema judicial tras denunciar maniobras de narcotráfico dentro del penal.
El acusado habría accedido sin autorización a la cuenta de Home Banking del damnificado para gestionar un préstamo de $14.000.000. Luego se transfirió $5.000.000 a su cuenta mediante engaños. El Ministerio Fiscal dio dictamen favorable a una suspensión de juicio a prueba presentada por su defensa.
La investigación, encabezada por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, permitió el secuestro de elementos clave en el marco de una denuncia por chantaje con contenido íntimo.
Mediante engaños obtuvo datos personales de las víctimas con los que abrió cuentas, solicitó préstamos y realizó compras por importantes sumas de dinero. El falso gestor reconoció su culpabilidad y fue condenado a través de un juicio abreviado arribado con el Ministerio Fiscal.
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La búsqueda de una joven de 25 años llevó a la Fiscalía a descubrir una banda familiar dedicada a la venta de drogas. Hubo allanamientos, secuestros de estupefacientes y tres personas fueron imputadas.
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