Realizaban los pagos mediante transferencias bancarias, remitiendo comprobantes falsos de la transacción. El daño causado asciende a la suma de $5.000.000. La investigación está a cargo de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF.
Judiciales06 de febrero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasPor pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, este jueves 6 de febrero se llevó adelante una audiencia con el propósito de formular cargos contra dos femeninas, de 23 y de 35 años. En esta oportunidad, el auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, les endilgó ser presuntas coautoras del delito de estafa en ocho oportunidades, en concurso real.
Según la acusación, las mujeres realizaban los pagos mediante transferencias bancarias, remitiendo comprobantes falsos de la transacción, causando de esta forma un perjuicio patrimonial a las víctimas que asciende a la suma aproximada de $5.000.000. Entre las evidencias, Bilbao se refirió a la existencia de cámaras de seguridad y de capturas de pantallas (ver fotos) por parte de los negocios ubicados en calles San Martín, 25 de Mayo y Corrientes.
Los ilícitos tuvieron lugar los días 19 de julio, 13 de agosto, 25 de agosto, 26 de agosto, 9 de octubre y 17 de octubre de 2024 (en dos de ellos actuaron en dos oportunidades). La instructora Silvina Robles fue la encargada de la confección del legajo. “En uno de los videos, grabado por la cámara de seguridad del local afectado, se observa claramente a las imputadas empujar un coche con un bebé y argumentando que lloraba se hacían las apuradas engañando, de esta manera, a las vendedoras para retirarse rápido del negocio”, comentó Bilbao, quien mencionó que restan las pericias de UFED (para la extracción de datos).
Medidas para cautelar el proceso por el plazo de seis meses
La Fiscalía pidió medidas de menor intensidad (no privativas) para las acusadas a la espera de un juicio abreviado. Las mismas establecen la promesa de someterse al proceso; no obstaculizar la investigación; la obligación de fijar y mantener domicilio; la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; y la obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que se formulen, por el plazo que dure la investigación penal preparatoria (seis meses). Finalmente, lo requerido fue autorizado por la jueza actuante.
Pablo Guillermo Mamaní fue acusado de asesinar a su pareja, Julia Elena Espinoza, en un hecho ocurrido frente a una escuela de Los Nogales, Tafí Viejo. La Justicia lo mantendrá detenido mientras avanza la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Recibió U$S 40.000 para la inversión de negocios digitales. Interviene la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Medidas de menor intensidad por seis meses.
El Ministerio Fiscal logró declarar la causa como asunto complejo y que se ordenara la medida cautelar de mayor intensidad contra el imputado. Se ordenó el inmediato traslado del acusado al complejo penitenciario de Benjamín Paz.
Restitución provisoria del predio ubicado frente al barrio 6 Viviendas dentro de 30 días. La Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal solicitó también medidas de menor intensidad que fueron otorgadas por cuatro meses.
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La denuncia del profesional ingresó en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción -antes llamada UF de Delitos Complejos-. La justicia deberá establecer la tipificación del delito y si usaron el sello del médico cardiólogo para entregar informes apócrifo de discapacidad.
La investigación de un asalto violento en Los Sarmientos llevó a varios allanamientos en Yerba Buena, donde se secuestraron importantes pruebas, como dinero en efectivo y un vehículo. La policía continúa trabajando en el caso, con nuevas medidas judiciales en puerta.
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Victoria Liberatore, junto a otros vecinos de la zona céntrica de Concepción, volvió a exponer ante el Concejo Deliberante la grave situación que padecen desde hace seis años por la falta de agua. Denuncian que las respuestas han sido parches y exigen una solución definitiva.