El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado por diversas causas acumuladas. Además de la pena, el dirigente deberá cumplir reglas de conducta y se le prohibió referirse a funcionarios y autoridades involucradas.
Judiciales03 de julio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEste jueves, el dirigente político Gustavo Morales fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras un juicio abreviado celebrado en San Miguel de Tucumán. La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Di Lella, luego del acuerdo entre la defensa del imputado, representada por el abogado Carlos Garmendia, y la fiscal del Ministerio Público, Mariana Rivadeneira.
Morales fue hallado penalmente responsable por los delitos de instigación pública a cometer delitos, falso testimonio, desobediencia judicial y entorpecimiento de la labor investigativa de autoridades. Las causas, acumuladas en un mismo proceso, tienen como víctima a la Administración Pública, y alcanzan como personas protegidas a miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, al gobernador Osvaldo Jaldo, a legisladores provinciales y al propio Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Edmundo Jiménez.
El acuerdo incluye una serie de reglas de conducta estrictas que Morales deberá cumplir para evitar la ejecución de la pena, entre ellas:
- Abstenerse de tener cualquier tipo de contacto con las personas mencionadas en los procesos,
- No referirse a ellas en redes sociales ni en medios de comunicación,
- Eliminar publicaciones anteriores que involucren a dichos funcionarios,
- Y someterse al control del Patronato de Internos y Liberados.
Desde el Ministerio Público indicaron que el fallo tiene como finalidad cerrar un ciclo de conflictos judiciales originados en declaraciones y publicaciones del imputado, que derivaron en múltiples denuncias y actuaciones en su contra.
La Justicia provincial realizó este martes allanamientos en propiedades del legislador nacional y líder de La Bancaria, y en el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme. Ambos son acusados de integrar una red destinada a fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual.
Juan Armando Jerez, de 28 años, está acusado del asesinato de Camila del Carmen Fernández (25), ocurrido en la noche del 5 de octubre de 2024, en un domicilio del barrio Ampliación Eva Perón de Tafí Viejo. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal es la prisión perpetua.
El imputado, de 21 años, conducía alcoholizado cuando invadió el carril contrario y embistió la moto en la que viajaba la víctima, de 18 años. El hecho ocurrió en junio pasado en la intersección de Tomás Guido y Los Laureles.
El escrito ingresado en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa a Carlos Aníbal Cisneros, diputado nacional y titular de La Bancaria, de liderar una organización destinada a manipular pruebas y testigos en la causa de abuso sexual contra José Ignacio Florentín. La denuncia también alcanza a la abogada Patricia Neme y a M. L. P., quien había denunciado por abuso sexual a Florentín y ahora es señalada por falso testimonio y adulteración de pruebas. Se pide la detención inmediata de varios implicados.
La familia denuncia demoras en las pericias, falta de rastrillajes y ausencia de resultados en la investigación. La madre advierte que sin detenciones no habrá avances en el caso.
En los operativos, la Policía recuperó objetos robados y descubrió más de 400 gramos de cocaína, dinero en efectivo y elementos para fraccionar la droga. Una joven de 25 años quedó detenida e imputada.
La Justicia provincial realizó este martes allanamientos en propiedades del legislador nacional y líder de La Bancaria, y en el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme. Ambos son acusados de integrar una red destinada a fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual.
La medida alcanza también a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.
La empresa local anunció un beneficio para sus clientes con el objetivo de incentivar el uso del servicio habilitado y regulado, garantizando seguridad, control y cobertura al pasajero.
El peligroso delincuente de 35 años fue declarado culpable en un juicio abreviado firmado con el Ministerio Fiscal. En el mes de abril protagonizó dos robos a mano armada en locales de la ciudad sureña.