Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron probada la participación del exrector Cerisola y de otros tres exfuncionarios en diferentes hechos calificados como defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
Judiciales02 de julio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn el final de tres jornadas de exposición, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron probada la participación del exrector Cerisola y de otros tres exfuncionarios en diferentes hechos calificados como defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 2 y 6 años de prisión para cuatro exintegrantes de la cúpula directiva de la Universidad Nacional de Tucumán y que se los condene a pagar un perjuicio calculado en una cifra superior a 55 mil millones de pesos, por considerar probados una serie de hechos sucedidos entre 2006 y 2011 que incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria por parte del exrector Juan Alberto Cerisola a las utilidades que le correspondían a esa casa de estudios de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
La acusación fue formulada el lunes pasado -al cabo de tres jornadas de exposición- por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes contaron con la asistencia de un equipo conformado por los abogados Jonatan Lucas González y Yohana Ramos Masmud, de la fiscalía de juicio.
La fiscalía solicitó en el final de su alegato la imposición de 6 años de prisión para el exrector de la UNT al momento de los hechos, Cerisola; de 4 años de prisión para la exdirectora general de Construcciones Universitarias, Olga Graciela Cudmani; y de 2 años de prisión para el exdirector de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, por considerarlos autores del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y coautores de fraude a la Administración Pública. En todos los casos solicitó además la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para su desempeño como funcionarios públicos.
También requirió que el ex subsecretario administrativo, Luis Fernando Sacca, sea condenado a 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años en calidad de autor del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en relación al trámite de las colocaciones financieras.
Al solicitar las penas, la fiscalía instó que se revocaran las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani ante la posibilidad de que intenten eludir el cumplimiento de la sentencia, en particular en su aspecto económico. Para ello, requirieron que se aplique la modalidad de prisión domiciliaria, de acuerdo al estado de salud y la edad, por un lado, y la gravedad y modalidad de los hechos por los que resultan acusados, por el otro.
En el petitorio final, el equipo fiscal reclamó también que al momento de dictar sentencia el tribunal declare que los hechos que fueron parte del debate son actos de corrupción contra la UNT, conforme lo señalan la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Reparación económica
Camuña, Chit y Doz Costa solicitaron además al tribunal que se establezca a los cuatro acusados la obligación de restituir y reparar el perjuicio causado a la universidad, en favor de la Universidad Nacional de Tucumán. Consideraron que corresponde a los imputados responder por los daños comprobados en el debate, desglosados de la siguiente forma:
- Cerisola: $19.257.929.176,83 en lo relativo a la renuncia de utilidades de YMAD.
- Cerisola y Cudmani: $ 4.910.846.462,38 en relación a los sobreprecios en obras y adicionales.
- Cudmani y Venturino: $28.578.053,08 en relación al alquiler del predio lindero en la obra 533.
- Cudmani y Venturino: $ 2.227.444.219,05 con relación a la readecuación en la misma obra.
- Sacca: $250 millones de pesos.
En su alegato el MPF estableció que el monto actualizado del perjuicio a la UNT permitiría casi garantizar su funcionamiento completo por un año (84.mil millones de pesos, a monto de 2023), permitiría dar casi 32.500 becas a estudiantes durante 5 años (de las que hoy dan tanto la propia UNT como el plan Progresar), permitiría dotar de fondos a 17 mil proyectos CONICET de investigación o comprar 120 casas de las más onerosas y mejor ubicadas en Tucumán.
La fiscalía requirió que, una vez emitida la sentencia, se remitan copias certificadas por secretaría de todo lo actuado en el debate y de los elementos reunidos durante la investigación a la fiscalía federal correspondiente por turno para que indague sobre la posible responsabilidad penal de otras personas en estos mismos hechos, y que como medida de no repetición se remita la sentencia condenatoria al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán.
Para hacer cesar los efectos del delito y evitar que consolide su provecho, también solicitó que se ponga en conocimiento de la eventual sentencia condenatoria al Juzgado Federal de Catamarca y a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a fin de que ordene su incorporación a la causa caratulada “Universidad Nacional de Tucumán vs. YMAD s/nulidad de acto administrativo”.
El proceso y la intervención de MPF
El juicio se desarrolló durante 14 meses, con más de 40 audiencias, más de 50 testigos y peritos en sala. A lo largo del proceso, se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron 11 inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas.
En el caso se recibieron informes de todos los órganos de control de la Administración Pública Nacional, como la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Unidad de Auditoría Interna de la propia UNT. Además, hubo dos peritajes -uno contable y otro de ingeniería civil- del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La fiscalía realizó su exposición centrándose en tres bloques de imputación:
La renuncia a fondos de YMAD: el artículo 18 inciso b) de la ley 14.771, sancionada en 1959, preveía la entrega del 40 por ciento de las utilidades de la empresa minera a la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria, según planos aprobados en ese momento, luego de lo cual y concluida la obra, pasaría a recibir la mitad (o sea, el 20 por ciento). De acuerdo con la fiscalía, Cerisola, sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior, dio por finalizada la Ciudad Universitaria cuando quedó demostrado en juicio no sólo que no se había realizado ningún esfuerzo en ese sentido, sino que se había apartado de la normativa para destinar los fondos a la realización de forma discrecional de obras aisladas en distintas facultades. La renuncia implicó, solo hasta 2010, la pérdida para la UNT de acceder a fondos equivalentes a más de 64 mil millones de pesos actuales.
Contrataciones de obras con fondos de YMAD: La acusación dirigida contra Cerisola, Cudmani y Venturino se centró en la defraudación a la UNT y la violación de sus deberes funcionales en lo relativo a la tramitación, ejecución y control de, al menos, 13 obras que fueron analizadas en el debate oral. Venturino fue acusado en relación a su actuación por una obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
En este punto, la fiscalía se dirigió a demostrar que se había creado un régimen paralelo al establecido en la ley de obras públicas con el objetivo de evitar los procedimientos contractuales que limitan el manejo opaco y discrecional de fondos públicos. Indicó que en este contexto el entonces rector había alterado el organigrama histórico de la UNT para poner bajo su órbita directa (sin controles por oposición ni verticales) a la Dirección General de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien tenía a su vez a cargo la Dirección de Inversiones y Contrataciones, cuyo titular era Venturino.
La fiscalía marcó que en las 13 obras analizadas se corroboró una infinidad de irregularidades, entre las que se destacan “sobreprecios rampantes, sobrecertificaciones, otorgamiento irregular de anticipos financieros no previstos en los pliegos, la tramitación irregular de adicionales de obra u obras complementarias, beneficios específicos a empresas, como desdoblamientos y direccionamientos de obras, y un entorno favorable a la discrecionalidad con ausencia de controles”.
En tal sentido, precisó que llegó a determinarse un perjuicio a la UNT de más de 18.000 millones de pesos actuales, solo computando los sobreprecios corroborados en un peritaje del cuerpo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
En efecto, el perito de la Corte especialista en causas de corrupción, el ingeniero civil Francisco Guzmán, documentó y se explayó en las audiencias sobre decenas de irregularidades formales, administrativas, contractuales y presupuestarias en cada obra analizada. A estas las denominó “red flags” o “banderas rojas”, indicadores que, en el lenguaje de la ingeniería forense aplicada a la corrupción, llaman la atención por su recurrencia y gravedad, y que en la experiencia internacional —y en sus propias palabras— “funcionan como alertas típicas de posibles maniobras de defraudación o corrupción en la obra pública”. La fiscalía marcó que cada una de estas irregularidades evidencia maniobras fraudulentas deliberadas, orientadas a beneficiar (al menos) a determinadas empresas contratistas, en perjuicio económico real y concreto de la UNT.
Inversiones financieras irregulares: la fiscalía también alegó sobre la demostrada aplicación de un subsistema ilegal de colocación financiera de los fondos provenientes de YMAD, “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”, por el que llegaron acusados Cerisola y Luis Fernando Sacca, por entonces subsecretario administrativo de la UNT.
De acuerdo con lo expuesto por los representantes del MPF, fondos millonarios se habían colocado en distintas instituciones bancarias, algunas de poca fiabilidad en la plaza e incluso en fideicomisos sin los controles exigidos por las normas nacionales, por plazos muy extensos y sin ningún tipo de proceso de selección. Ejemplo de ello son las inversiones de plazo fijo por un monto de 15 millones de pesos por 547 días en el Banco Servicios y Transacciones, o el Plazo Fijo realizado en el Banco Piano por un monto de 18 millones depesos por un plazo de 455 días o los 3 fideicomisos en la financiera Equity Trust por 67.213.000 pesos. La fiscalía consideró demostrada la vulneración de los deberes a cargo de ambos funcionarios al generar este sistema por fuera de las normas nacionales aplicables.
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