José Cano pidió que la Justicia “vaya al hueso” en la investigación sobre el municipio de Alberdi

El legislador declaró en el marco de las causas vinculadas a denuncias contra la gestión municipal y hechos asociados al narcotráfico. Apuntó a la falta de acción judicial y cuestionó que solo uno de los implicados esté detenido.

Judiciales03 de julio de 2025Bajo la Lupa NoticiasBajo la Lupa Noticias

El legislador José Cano se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para prestar declaración en el marco de las investigaciones que involucran al municipio de Juan Bautista Alberdi. Según explicó, la comparecencia respondió a una solicitud formal de la Justicia y tuvo como objetivo ratificar una serie de denuncias realizadas en los últimos años, tanto a nivel federal como provincial, vinculadas al funcionamiento del municipio y a presuntas conexiones con el narcotráfico.

“Ratifiqué la denuncia que hicimos en 2013 en la Justicia Federal, que surgió a partir del testimonio de madres que advertían cómo sus hijos eran captados por el consumo de droga, quiénes vendían y en qué circunstancias. Esa denuncia no tuvo mayor trámite”, señaló Cano. También recordó una presentación de 2010 sobre la aparición de cheques municipales en un allanamiento por otra causa, y remarcó la falta de investigación en ese momento.

Entre los hechos recientes, mencionó la denuncia realizada junto al diputado nacional Roberto Sánchez en 2023, donde ya aparecía el nombre de Rodríguez, hoy detenido en Salta por un doble homicidio narco en Orán. “Rodríguez estaba vinculado al intendente y al secretario de Hacienda, Roldán. Sin embargo, ni la Justicia Federal ni la Provincial investigaron el nivel de protección política con el que se movía”, indicó Cano.

El legislador relató que Rodríguez había amenazado de muerte a Jiménez —exfuncionario municipal y también investigado— y que la Justicia Federal le había asignado custodia en ese momento. “Si se hubiera actuado en tiempo y forma, probablemente hoy no estaríamos hablando de dos crímenes”, remarcó.

Además, Cano cuestionó la pasividad institucional ante la circulación de audios y videos que vinculan a funcionarios municipales con el narcotráfico y con actos de corrupción. “Es llamativo que haya sido un sector de la Policía (el DEDO) el que judicializó un audio. La Justicia debería haber actuado de oficio. Si se hubiera hecho, quizás no estaríamos interviniendo el municipio ni el Concejo Deliberante. Hay delitos graves, pérdida de vidas, enriquecimiento injustificable y ciudadanos que denuncian desde hace años a través de redes sociales”, advirtió.

Consultado sobre si situaciones similares podrían estar ocurriendo en otros puntos de Tucumán, Cano respondió que “el narcotráfico no es exclusivo de Alberdi” y que lo sucedido allí “puede ser la muestra de un botón de lo que ocurre en muchos otros municipios del interior, donde el narcomenudeo se ha expandido con fuerza en los últimos 15 o 20 años”.

También señaló la necesidad de que la ley de narcomenudeo se aplique con la misma firmeza en todo el territorio provincial, y no solo en el Gran San Miguel. “Con el mismo énfasis con el que se actúa en la capital, hay que actuar en el interior”, dijo.

Por otra parte, Cano remarcó la existencia de dos causas paralelas: una en el fuero provincial y otra en el federal. “No hay que duplicar esfuerzos. Cada jurisdicción debe ir al fondo. Si se comprueba lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico, seguramente será la Justicia Federal la que deba seguir la causa”, consideró.

Respecto a los vínculos políticos que surgen en las investigaciones, sostuvo que es necesario esclarecer la relación entre los acusados y otras figuras provinciales. “Se viralizaron videos en los que Jiménez menciona al gobernador Osvaldo Jaldo. Eso, y otras grabaciones, deben formar parte del expediente”, manifestó.

Finalmente, Cano cuestionó que Luis Campos —exintendente de Alberdi— continúe en libertad. “Me cuesta entender cómo está preso Jiménez y no Campos. En mi declaración lo dejé claro. También pedimos con el diputado Sánchez que se investigue el destino de los aportes no reintegrables que recibió el municipio en los últimos cuatro años. Hay que seguir la ruta del dinero y determinar si hubo lavado de activos, no solo con fondos ilícitos, sino también con dinero público”, concluyó.

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