La Unidad Especializada en Cibercrimen realizó una investigación y logró localizar a la persona que, a través del domicilio aportado por el denunciante, llegaron a un perfil con el nombre “Tomi López”, lográndose sindicar, que quien manejaba esa red social era la imputada.
Judiciales16 de mayo de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEste jueves 16 de mayo, el Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Fiscal Criminal imputó a una mujer de 47 años acusada de realizar Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que resultaron falsos tras verificar el código de barra en la página del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPD).
El delito fue calificado como falsificación de documentos públicos de manera reiterada. La auxiliar de fiscal, Andrea Carlino, siguiendo expresas instrucciones de la fiscal titular Carmen Reuter, señaló la complejidad de la investigación por la cantidad de documentos apócrifos emitidos (58 hasta el momento), y relató el hecho endilgado, por lo que pidió la prisión preventiva por 35 días.
El juez actuante resolvió declarar la legitimidad de la aprehensión, y las medidas de coerción de mayor intensidad, pero por el plazo de 20 días.
“Se sumaron 58 obleas de certificados, aportadas por una empresa de transporte, que no se encuentran cargadas en la página del RNDP. También fueron perjudicados el fisco, obras sociales, prepagas y todas las que se ven afectadas por el uso del CUD”, aseguró la investigadora.
La imputación
El día 9 de agosto de 2023 la encartada creó un certificado único de discapacidad falso asignándole el código de barra y la fecha de validez hasta 20/08/2028, a nombre de una de las denunciantes, con el objetivo de que acceda a prestaciones de rehabilitación, así como al transporte gratuito, para ella y un acompañante. Por dicho trámite, la imputada cobraba la suma de diez mil pesos, siendo este documento público efectivamente utilizado el 6 de abril 2024. Asimismo, la imputada, creó en fecha 18 de marzo de 2024, cuatro certificados apócrifos más, cobrando una suma de dinero a cambio de ello, siendo estos secuestrados durante el allanamiento practicado en el domicilio de la mujer, afectando con su accionar la fe pública.
Pablo Guillermo Mamaní fue acusado de asesinar a su pareja, Julia Elena Espinoza, en un hecho ocurrido frente a una escuela de Los Nogales, Tafí Viejo. La Justicia lo mantendrá detenido mientras avanza la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Recibió U$S 40.000 para la inversión de negocios digitales. Interviene la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Medidas de menor intensidad por seis meses.
El Ministerio Fiscal logró declarar la causa como asunto complejo y que se ordenara la medida cautelar de mayor intensidad contra el imputado. Se ordenó el inmediato traslado del acusado al complejo penitenciario de Benjamín Paz.
Restitución provisoria del predio ubicado frente al barrio 6 Viviendas dentro de 30 días. La Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal solicitó también medidas de menor intensidad que fueron otorgadas por cuatro meses.
Tras una investigación dirigida por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Concepción, fue detenido un delincuente con frondoso prontuario, acusado de participar en dos violentos asaltos armados ocurridos en abril. En el operativo se secuestraron motocicletas, prendas y objetos vinculados a los hechos.
La denuncia del profesional ingresó en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción -antes llamada UF de Delitos Complejos-. La justicia deberá establecer la tipificación del delito y si usaron el sello del médico cardiólogo para entregar informes apócrifo de discapacidad.
La investigación de un asalto violento en Los Sarmientos llevó a varios allanamientos en Yerba Buena, donde se secuestraron importantes pruebas, como dinero en efectivo y un vehículo. La policía continúa trabajando en el caso, con nuevas medidas judiciales en puerta.
El concejal Franco Morelli impulsa una reforma integral del Código de Tránsito de Concepción, vigente desde 1993. Busca modernizar conceptos, mejorar la regulación de los espacios reservados y avanzar hacia un ordenamiento más claro, con participación ciudadana y la incorporación progresiva de nuevas medidas.
Victoria Liberatore, junto a otros vecinos de la zona céntrica de Concepción, volvió a exponer ante el Concejo Deliberante la grave situación que padecen desde hace seis años por la falta de agua. Denuncian que las respuestas han sido parches y exigen una solución definitiva.