Prisión preventiva para los efectivos, de 39 y de 40 años, por 35 días. Arresto domiciliario para otros dos y la libertad condicional para un quinto. La Unidad de Delitos Complejos del MPF impugnará lo resuelto por el juez.
Judiciales22 de marzo de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEste viernes, 22 de marzo, luego de los allanamientos practicados hace 48 horas, se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos para cinco empleados policiales (de 27, 39, 40, 46 y 52 años), acusados por el delito de instigación a cometer sedición en calidad de coautores.
Por expresas instrucciones de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, Mariana Rivadeneira, participó la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, quien pidió la prisión preventiva por 90 días. “Los cinco han participado como coautores y contamos con evidencias serias a través del análisis de lo extraído de los celulares y hemos escuchado como las defensas han querido justificar y minimizar nuestra teoría del caso, donde no han podido negar la existencia y la pertenencia de esos mensajes, como así también la titularidad de las líneas. Ya fue declarada compleja por la multiplicidad de actores (hasta el momento son 10 policías y un letrado) y la existencia de otros. Por lo que restan realizar otras medidas”, relató la investigadora.
Un grupo de whatsapp
“Se trata de efectivos policiales organizados en un grupo de whatsapp que querían pararse, acuartelarse y rebelarse a la autoridad (citando las palabras utilizadas en los mensajes de texto) para provocar desorden y caos, como lo vivido en 2011 y 2013 en la provincia. Son personas con la capacidad de cumplir lo que prometían. La autoridad conlleva una gran responsabilidad. El llamado era para levantarse de manera indebida y de hacer abuso de estas facultades conferidas”, agregó la Auxiliar de Fiscal.
Posición de la querella
Lo solicitado fue acompañado por el abogado querellante (en representación del Gobierno de la provincia). “Sostenemos la gravedad de las conductas delictuales y el resguardo de las instituciones de derecho. Se solicita este máximo (de las medidas cautelaras) porque se compromete la seguridad pública. Es un hecho institucional grave donde se fomentó la posibilidad de un golpe al orden establecido por lo que nuestra posición es inclaudicable”, sostuvo el letrado.
La voz de los imputados
Al momento de dirigir unas palabras, dos imputados hicieron uso de la misma. “Mandé al grupo para saludarlos y les dije de pelear por el salario. Pido perdón, no lo hice con mala intención solo lo dije por el salario”, señaló el efectivo, con prestación de servicios en la Dirección General de Prevención Ciudadana, quien se encuentra afectado por dengue. “Jamás pensé en realizar actos turbatorios”, afirmó el empleado policial de 46 años.
La decisión del juez
Luego de un cuarto intermedio, el juez actuante recordó que la causa fue declarada como asunto complejo y resolvió hacer lugar parcialmente a lo requerido disponiendo la prisión preventiva para dos de ellos (ante al estado de salud de uno se cumplirá en su domicilio), el arresto domiciliario para otros dos y la libertad para el quinto (pero sometido a reglas de conductas), todo ello por el término de 35 días. Por su parte, la Fiscalía hizo reserva de impugnar lo resuelto (por falta de fundamentación y por resultar contradictoria).
“El 27 de febrero este mismo juez otorgó prisión preventiva para cinco pero, en esta hace distinción de los imputados por las manifestaciones vertidas. Esta incongruencia será ampliada en la próxima audiencia de impugnación (para ampliar los fundamentos)”, resaltó Deroy.
El contenido de los mensajes
En los primeros allanamientos practicados en la provincia (cerca de 19) se recolectaron dispositivos móviles y computadoras donde se procedió al análisis por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la extracción de datos trascendentales. Se conoció que algunas de esas manifestaciones fueron: “Hay que pararse todo sino no sirve como 2011 y 2013”; “Hay que pelear de nuevo como el 2013” y “Sin no hay un aumento sustancial va a haber mil quilombos”.
La acusación
Los nuevo cinco imputados (con prestación de servicios en Comisaría VII; como personal transitorio en el Distrito Urbano de Prevención IV; en la División de Patrulla de Las Talitas; con disponibilidad situación y con prestación de servicios en la Dirección General de Prevención Ciudadana) junto a otros efectivos crearon un grupo de WhatsApp denominado “Sueldo Policial 2024”, llegando a superar los mil integrantes donde a través de su disconformidad, se instigaba al acuartelamiento para incitar a otros de cometer el delito de sedición, en tanto invitaban a sus compañeros a hacer huelga.
El imputado, de 38 años, acechaba a las víctimas en las inmediaciones del Banco Santiago del Estero, ubicado en calle La Rioja al 200 de San Miguel de Tucumán. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II solicitó su condena y se logró una reparación económica de dos millones de pesos para las víctimas.
La justicia dictó el sobreseimiento definitivo de las dos mujeres chaqueñas acusadas erróneamente de un secuestro en Tucumán. Las evidencias demostraron que ambas se encontraban en Chaco al momento del hecho denunciado. El fallo pone fin a una causa basada en una denuncia falsa, destacando la actuación de la defensa y el respaldo del Ministerio Público Fiscal. Las mujeres formaban parte de un grupo religioso que había viajado a Tucumán con fines de evangelización.
Tres personas más fueron acusadas por malversación de bienes destinados a los sectores más vulnerables. La causa, declarada como "asunto complejo", expone el desvío y venta ilegal de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas y una continúa prófuga. Entre los involucrados figuran un padre y su hijo, quienes acumulaban grandes cantidades de alimentos en un domicilio del barrio Manantial Sur para su posterior comercialización.
Desde la Unidad Fiscal de Usurpaciones Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter se solicitó calificar los hechos como robo y desobediencia judicial en dos oportunidades.
La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, encabezada por Miguel Varela, imputó a Javier Matías Bulacio, conocido como "Toro", por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.
En un acto organizado por el Ministerio Público Fiscal, seis fundaciones recibieron insumos y alimentos como parte del proyecto “Una Navidad Diferente”. La iniciativa busca visibilizar las enfermedades poco frecuentes y aliviar el gasto de las familias en las fiestas.
El proyecto de la parlamentaria concepcionense apunta a un cambio de fondo en el régimen fiscal de la provincia a partir del 2026. "Hay que eliminar todas las cargas que impidan el desarrollo de las actividades productivas y comerciales”, sostuvo.
Minutos antes de las 2 de la tarde de este viernes se produjo una colisión entre una camioneta y una motocicleta. Ocurrió sobre la RN157. Carlos Omar Medina (50) falleció en el acto.
La salida del tucumano Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat no fue bien recibida por el sector que no está alineado con el comité nacional que preside Martín Lousteau.