
Extienden la concesión de la Terminal de Ómnibus hasta abril de 2026
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La comitiva denunció que los “interrogaron ilegalmente y hostigaron”, al arribar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Evo Morales advirtió que los “dejen llegar a La Paz para realizar el trabajo de investigación sobre derechos humanos”
Política29 de noviembre de 2019Un grupo de personas recibió con insultos y hasta con algún golpe al pasar a la delegación argentina que encabeza Juan Grabois, que viajó a Bolivia para elaborar un informe sobre el conflicto político e institucional que atraviesa el país. Además, agentes policiales separaron a algunos de los miembros de la comitiva y los indagaron. Por su parte, Evo Morales denunció las agresiones en su cuenta oficial de Twitter y pidió que los dejen “llegar a La Paz”.
“A pesar de las provocaciones, la delegación argentina de solidaridad llegó a Bolivia. Los grupos de choque de Camacho y fuerzas policiales nos interrogaron ilegalmente y amedrentaron en Santa Cruz, pero ya estamos en La Paz para llevar adelante la tarea de defensa de los DDHH”, publicó la comitiva argentina en su cuenta de Twitter, pasadas las 11 de la noche del jueves.
Asimismo, adjuntó un video en el que quedó evidenciado el hostil arribo. “No podés hacer política acá” y “Andate a tu país, maldito” fueron solo algunos de los gritos que recibió Grabois, el líder de la CTEP, mientras lo iban manoteando para dificultarle el paso.
Un par de minutos antes de esa publicación por parte de la “Delegación Argentina Solidaridad con pueblo boliviano”, Evo Morales ya había advertido sobre la situación. “14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía. Exigimos les dejen llegar a #LaPaz para realizar trabajo de investigación sobre DDHH. Dictadura fascista evidencia su autoritarismo”, escribió el ex presidente de Bolivia, que se encuentra asilado en México.
Posteriormente, Juan Monteverde, ex concejal de Rosario (Ciudad Futura) e integrante de la delegación argentina, le contestó el mensaje a Evo Morales, confirmando que todos habían llegado bien y que estaban “en el alto para empezar la misión solidaridad”. “Si no lo hacen los gobiernos, lo hacen los pueblos”, agregó.
El martes pasado, organizaciones sociales de Argentina habían designado a un conjunto de representantes para, según afirmaron, redactar un “informe fidedigno” de la situación que se vive en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales.
El propio Grabois había señalado en su cuenta de Twitter: “Ante la complicidad de Macri con la dictadura boliviana, dirigentes sociales, académicos, sindicales, ambientales y de DDHH, junto a 10 abogados de organismos, viajaremos a Bolivia para reunirnos con movimientos sociales y familiares de los asesinados, mutilados y desaparecidos”.
En los comentarios de la publicación ya podían advertirse agresiones y amenazas, en relación a lo que sería la “bienvenida” a la delegación argentina.
El dirigente social denunció esta mañana desde El Alto, Bolivia, que al llegar al aeropuerto lo interrogaron. Luego, denunció que lo obligaron a salir por un sector donde había una docena de personas esperándolo para agredirlo. “Nos interrogaron y nos alertaron sobre qué podíamos decir y qué no. Luego nos hicieron salir por un sector donde nos estaban esperando y nos insultaron y nos gritaron frases xenófobas y homofóbicas”, contó Grabois en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
La comitiva que encabeza Grabois está integrada por referentes de movimientos sociales, sindicatos y derechos humanos como Daniel Catalano (ATE Capital-CTA), Gabriela Carpinetti, abogada del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Pérez Ezquivel (APDH), Ismael Halil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andrés López (APDH Nacional), Agustín Lecchi (Sipreba), Luis Arias, ex juez de La Plata, los ex candidatos a diputados bonaerenses y trabajadores de la economía popular, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otros.
El acuerdo garantiza la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de más de 100 trabajadores, mientras avanza el proceso de licitación.
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