La política implementada por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, permite a las víctimas de un delito menor, aceptar un acuerdo de indemnización propuesto por su victimario, quien además realiza un aporte para satisfacer necesidades de organizaciones sociales.
Política26 de noviembre de 2025
Bajo la Lupa NoticiasA más de cuatro años de la implementación de las políticas reparatorias impulsadas por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, mediante las cuales los infractores a la ley penal resarcen el daño a sus víctimas con la entrega de bienes, mediante un acuerdo previo con éstas, un total de 5.216 personas que infligieron la ley penal, fueron los responsables de comprar los insumos para acompañar a parte de los 1908 proyectos que presentaron instituciones civiles en el Ministerio Fiscal, muchas de las cuales fueron beneficiadas con esta iniciativa. Otras recibieron motos, camionetas, autos o casas, producto del secuestro y decomiso llevados adelante por Fiscales y Jueces en causas penales.
El ministro Jiménez, ponderó el exitoso impacto que esta política criminal ha tenido en estas instituciones que son mayormente invisibilizadas por la sociedad y que hace un gran aporte solidarios a las comunidades en las que trabajan.
De los proyectos recibidos, han podido ser acompañadas 1176 organizaciones sin fines de lucro (60%) e instituciones públicas (40%), habiendo las mismas recibido reparaciones económicas, objetos secuestrados, vehículos y/o casas.
¿Quiénes recibieron las ayudas?
Tres casas, 385 vehículos y 788 reparaciones forman parte del universo de ayudas que se concretaron a partir del impulso que imprimió el ministro Jiménez a este método de reparaciones integrales.
De las tres casas que fueron incautadas por delitos de narcomenudeo, dos se entregaron a la Iglesia y una la Federación de Adicciones.
Mientras que los 385 vehículos recuperados del delito se repartieron: 202 al Ministerio de Seguridad; 135 al Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal; 20 a Organizaciones no Gubernamentales; 19 a Instituciones Educativas; seis a Iglesias; y cuatro a Policía Federal y Gendarmería.
Las reparaciones adquiridas por los acusados y los objetos secuestrados del delito se entregaron a 788 instituciones, entre Asociaciones Civiles y Fundaciones, 305; Organismos Públicos, 160; Instituciones Educativas, 142; Federaciones, Cooperativas y Mutuales, 34; Clubes y Escuelas Deportivas, 41; Comedores y Merenderos, 44; Bibliotecas Popular, 28; Iglesias, 18; Hogares, Refugio y Albergues, 16.
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