Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, que conduce Mariana Rivadeneira se explicó acerca de los protocolos de actuación ante esta práctica ilegal extendida en la provincia.
Judiciales21 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn las últimas semanas se llevaron a cabo decenas de actuaciones judiciales en distintos puntos de la Provincia de Tucumán relacionadas con la quema de pastizales, cañaverales y rastrojos. Este tipo de prácticas, además del daño que provocan en el medioambiente y el riesgo que implica en las rutas provocando accidentes a causa del humo, están prohibidas y penadas por la ley. Por esta razón desde el Ministerio Fiscal se implementó una estricta política criminal de persecución frente a este tipo de conducta. A diario, se abren más de cinco expedientes vinculados a este delito en todo el territorio.
“La quema de caña y de pastizales se investiga como cualquier otro delito. Se trata de una conducta que prevé sanciones que impone el Código Penal y es una obligación del MPF llevar a cabo esas investigaciones con seriedad”, manifestó la fiscal Rivadeneira. Al respecto, indicó que las fiscalías toman conocimiento acerca de estos hechos por tres vías: las denuncias que realiza cualquier ciudadano común, las comunicaciones sobre estos siniestros que se comunican desde las comisarías y, por último, a través de las denuncias realizadas a la línea anónima 381 319 5131, especialmente habilitada por el MPF para estos casos.
Protocolos de acción
Una vez que las unidades investigativas son notificadas acerca de estos siniestros, se activan los protocolos de actuación. En primer lugar, y por la premura requerida del caso, se ordena la inmediata intervención del personal de bomberos de la provincia, a los fines de controlar, evitar la propagación del fuego y proceder a su extinción. Asimismo dicho órgano auxiliar tiene a su cargo la confección de una carpeta técnica en el lugar del hecho a los fines de determinar la posible intencionalidad de su origen.
En paralelo, el personal policial interviniente recibe la instrucción de labrar las actuaciones del caso. Estás consisten en toma de la denuncia, confeccionar el acta de inspección ocular, recabar e identificar testigos y recepcionar sus respectivas declaraciones, confeccionar croquis ilustrativos del lugar y realizar relevamientos de cámaras de seguridad, entre otras.
Por otro lado, se da intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el cual cuenta con un equipo especializado, que se hacen presentes en el lugar de los hechos a los fines de realizar tomas fotográficas, identificar y precisar datos personales del propietario o arrendatario del territorio afectado por el incendio, determinar la geolocalización del lugar del siniestro y realizar el correspondiente informe planimétrico. “Todas estas medidas investigativas en primera instancia buscan definir si existe intencionalidad en el origen del ilícito e identificar a sus autores materiales, cumpliendo con el deber de objetividad que caracteriza al Ministerio Fiscal en la obtención de la verdad y la identificación de los responsables de estos actos”, concluyó Rivadeneira.
La Justicia provincial realizó este martes allanamientos en propiedades del legislador nacional y líder de La Bancaria, y en el estudio jurídico de la abogada Patricia Neme. Ambos son acusados de integrar una red destinada a fabricar pruebas falsas contra jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual.
Juan Armando Jerez, de 28 años, está acusado del asesinato de Camila del Carmen Fernández (25), ocurrido en la noche del 5 de octubre de 2024, en un domicilio del barrio Ampliación Eva Perón de Tafí Viejo. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal es la prisión perpetua.
El imputado, de 21 años, conducía alcoholizado cuando invadió el carril contrario y embistió la moto en la que viajaba la víctima, de 18 años. El hecho ocurrió en junio pasado en la intersección de Tomás Guido y Los Laureles.
El escrito ingresado en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa a Carlos Aníbal Cisneros, diputado nacional y titular de La Bancaria, de liderar una organización destinada a manipular pruebas y testigos en la causa de abuso sexual contra José Ignacio Florentín. La denuncia también alcanza a la abogada Patricia Neme y a M. L. P., quien había denunciado por abuso sexual a Florentín y ahora es señalada por falso testimonio y adulteración de pruebas. Se pide la detención inmediata de varios implicados.
La familia denuncia demoras en las pericias, falta de rastrillajes y ausencia de resultados en la investigación. La madre advierte que sin detenciones no habrá avances en el caso.
En Concepción abrió sus puertas la peluquería de Yaneth Ibarra, primera egresada de los talleres de peluquería dictados por la Fundación FADIMER. El proyecto busca impulsar la inclusión laboral de mujeres a través de oficios con salida profesional.
El hijo de Ángel “El Mono” Ale fue localizado este viernes luego de un despliegue del Departamento de Inteligencia. Estaba prófugo y había una recompensa de $15 millones por datos sobre su paradero.
El siniestro ocurrió en la tarde de este sábado sobre la nueva traza de la ruta nacional 38, cerca del puente del río Medina. La conductora, una mujer de 70 años, fue trasladada al hospital de Águilares y posteriormente recibió el alta médica.
La jubilación mínima subirá a $326.266,35 y, con el bono de $70.000, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35. El organismo también informó que algunas fechas de cobro se modificarán por el feriado trasladado del 12 al 10 de octubre.
Un operativo de control realizado este sábado por la policía en Aguilares derivó en la detención de un colectivo que circulaba a gran velocidad por la traza nueva de la ruta 38. Al inspeccionar el vehículo, se detectaron irregularidades en el listado de pasajeros y una gran cantidad de bultos cerrados.