Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, que conduce Mariana Rivadeneira se explicó acerca de los protocolos de actuación ante esta práctica ilegal extendida en la provincia.
Judiciales21 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn las últimas semanas se llevaron a cabo decenas de actuaciones judiciales en distintos puntos de la Provincia de Tucumán relacionadas con la quema de pastizales, cañaverales y rastrojos. Este tipo de prácticas, además del daño que provocan en el medioambiente y el riesgo que implica en las rutas provocando accidentes a causa del humo, están prohibidas y penadas por la ley. Por esta razón desde el Ministerio Fiscal se implementó una estricta política criminal de persecución frente a este tipo de conducta. A diario, se abren más de cinco expedientes vinculados a este delito en todo el territorio.
“La quema de caña y de pastizales se investiga como cualquier otro delito. Se trata de una conducta que prevé sanciones que impone el Código Penal y es una obligación del MPF llevar a cabo esas investigaciones con seriedad”, manifestó la fiscal Rivadeneira. Al respecto, indicó que las fiscalías toman conocimiento acerca de estos hechos por tres vías: las denuncias que realiza cualquier ciudadano común, las comunicaciones sobre estos siniestros que se comunican desde las comisarías y, por último, a través de las denuncias realizadas a la línea anónima 381 319 5131, especialmente habilitada por el MPF para estos casos.
Protocolos de acción
Una vez que las unidades investigativas son notificadas acerca de estos siniestros, se activan los protocolos de actuación. En primer lugar, y por la premura requerida del caso, se ordena la inmediata intervención del personal de bomberos de la provincia, a los fines de controlar, evitar la propagación del fuego y proceder a su extinción. Asimismo dicho órgano auxiliar tiene a su cargo la confección de una carpeta técnica en el lugar del hecho a los fines de determinar la posible intencionalidad de su origen.
En paralelo, el personal policial interviniente recibe la instrucción de labrar las actuaciones del caso. Estás consisten en toma de la denuncia, confeccionar el acta de inspección ocular, recabar e identificar testigos y recepcionar sus respectivas declaraciones, confeccionar croquis ilustrativos del lugar y realizar relevamientos de cámaras de seguridad, entre otras.
Por otro lado, se da intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el cual cuenta con un equipo especializado, que se hacen presentes en el lugar de los hechos a los fines de realizar tomas fotográficas, identificar y precisar datos personales del propietario o arrendatario del territorio afectado por el incendio, determinar la geolocalización del lugar del siniestro y realizar el correspondiente informe planimétrico. “Todas estas medidas investigativas en primera instancia buscan definir si existe intencionalidad en el origen del ilícito e identificar a sus autores materiales, cumpliendo con el deber de objetividad que caracteriza al Ministerio Fiscal en la obtención de la verdad y la identificación de los responsables de estos actos”, concluyó Rivadeneira.
El juez Roberto Flores rechazó el juicio abreviado solicitado por el MPF, ya que Alexis Morán solo admitió el robo de la escopeta pero negó el disparo que causó la muerte de Facundo Costilla y dejó herido a Marcos Castillo.
El acusado había aceptado inicialmente un acuerdo de 12 años de prisión efectiva, pero en la audiencia solo reconoció el robo de la escopeta y negó haber efectuado el disparo que mató a Facundo Costilla e hirió a Marcos Castillo.
Además se secuestraron numerosos vehículos de gran porte, maquinarias y celulares. Los peligros que representan para la sociedad la quema de cañaverales y rastrojos en todo el ámbito de la provincia, acentúan la política encarada por el MPF para contrarrestar esta práctica nociva.
Había fijado un domicilio en San Miguel de Tucumán pero residía en El Cadillal. Por los mismos motivos, le habían anulado el beneficio a su pareja, Marco Daniel Fernández. El pedido fue elevado por la Unidad de Ejecución del Sentencias del Ministerio Fiscal.
Liliana Nahir Carrizo fue sentenciada a un año y seis meses de prisión condicional por el hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto en La Cocha. La pena fue acordada en un juicio abreviado, con el aval del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa. Además, se dispuso su inmediata libertad y el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.
La médica tucumana expresó su profunda preocupación por la circulación de fentanilo adulterado en el país y cuestionó los controles del ANMAT y del Ministerio de Salud de la Nación. Alertó que la falta de eficacia en la supervisión permitió que medicamentos defectuosos llegaran a hospitales públicos y privados, provocando shock sépticos y fallecimientos.
Estudiantes del último año de la Escuela Técnica N°1 de Concepción presentaron en la feria de ciencias el proyecto “Mili”, un innovador pupitre diseñado especialmente para una alumna de tercer grado que no tiene sus miembros superiores. El desarrollo, único en el mundo según especialistas, busca mejorar su comodidad y garantizar una educación más digna.
Un grupo de hinchas chilenos protagonizó ataques con butacas, bombas de estruendo y objetos contundentes contra los simpatizantes de Independiente durante el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda. La violencia derivó en heridos graves y la suspensión definitiva del encuentro.
El hecho ocurrió días pasados cuando el Primer Mandatario realizaba una actividad en la ciudad de Monteros.
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva, expresó una fuerte preocupación por el accionar del Ministerio Público Fiscal respecto a la quema de cañaverales.