“La contracción del 2,7% del nuestro Producto Bruto Interno per cápita en 2019 nos convierte en el séptimo país con peor performance económica en el mundo de acuerdo a las proyecciones del FMI. Así lo reveló ayer la consultora Ecolatina que, en su último informe, señala que la pésima performance de la Argentina sólo fue superada por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía.

En su trabajo, al que tuvo acceso LA GACETA, Ecolatina remarcó también que la pertenencia de Argentina a este grupo no solo es coyuntural, sino que forma parte de un comportamiento histórico que tiene acostumbrado a los argentinos a vivir en “una economía extremadamente volátil”. Esa volatilidad no solo es elevada sino que ha sido también un rasgo característico la economía criolla a lo largo de las últimas décadas. “Desde 1950, el 35% de los años fueron recesivos, pero este promedio no da cuenta de casos puntuales. Un argentino de 30 años pasó el 40% de su vida en recesión y uno de 20 años pasó casi la mitad de su vida en esa condición”, detalló la consultora. Y agregó que estos números solo pueden ser comparados con los del Congo, Iraq, Siria o Zambia, países que difícilmente pueden ser considerados economías de mercado.

Si bien el motor de la recesión de 2018 fue similar al de 2016 (significativo salto cambiario), la mejora en la actividad no tendría en la apreciación cambiaria el pilar que sí encontró en 2017.

 
En ese marco, Ecolatina aseguró que los datos del primer trimestre dan cuenta de esta relación. “Durante enero y febrero la actividad mostró en términos desestacionalizados un crecimiento no despreciable, al mismo tiempo que el tipo de cambio se mantuvo cerca del piso de la zona de no intervención. Pero el movimiento cambiario de marzo (11% entre puntas) aceleró la inflación, redujo el salario real e incrementó la tasa de política monetaria secando los brotes verdes del primer bimestre”, señaló.

En tanto, para los próximos años y de cara al nuevo ciclo presidencial, Ecolatina proyectó que la performance económica dependerá de la capacidad del gobierno electo de disipar las dudas respecto al repago de la deuda pública. En esa línea, indicó que el actual esquema de pagos con el FMI establece que Argentina debería pagar U$S 52.000 millones entre 2021 y 2023 y se descuenta que el país no podrá recurrir al mercado para tomar deuda en esa magnitud.

“Esto implicaría la necesidad de repensar el cronograma de pagos con el organismo. En la medida que el interlocutor sea un gobierno dispuesto a hacer concesiones (cambio en el sistema previsional y en el mercado de trabajo, por ejemplo) y capaz de negociar leyes con buena parte del Congreso (se necesitan dos tercios para avanzar con cambios profundos) es de esperar que el FMI acepte un cambio en la estructura de pagos, dilatándola en el tiempo”, dijo.