Luego de la revisión de miles de contratos transitorios del Estado encarada desde que desembarcó en la Casa Rosada, el Gobierno informó que hasta la fecha decidió no renovarles la contratación a 10.921 empleados, según informó esta tarde a Infobae y a un grupo de medios el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Según el ministro, los más de 10 mil echados corresponden a un 5% del total de los 217 mil puestos de trabajo de la APN, entre los que no se contabilizan los otros poderes, las Fuerzas Armadas o empresas estatales como YPF o Aerolíneas Argentinas.

De los 10.921 despedidos, el 90% se desprende de los 25 mil contratos temporarios que se habían implementado en los últimos tres años y que estaban bajo revisión. De ese total, 7.311 corresponden a 64 mil contratos vencidos en diciembre y 3.610, a un universo de 13.467 contratados mediante los convenios con universidades, bajo la lupa de la actual gestión.

Ibarra no descartó más cesanteados. "La idea es empezar a dejar atrás la precarización laboral", justificó el ministro, que anunció concursos para pasar contratos transitorios a planta permanente y la conformación de "dos mesas de diálogo" con los gremios de UPCN y ATE para encarar una "organización del Estado" y una "comisión de jerarquización del empleo público", destinado al concurso de cargos. En esa línea, Ibarra adelantó que hay 12 mil empleados en condición de jubilarse. La incógnita es cuál será la reacción de los sindicatos estatales, en alerta por los últimos despidos.

"El criterio para la no renovación de estos contratos es que muchos no trabajaban, no aparecían nunca, o había superposición de tareas", explicó el ministro de Modernización. Reconoció, en tanto, que hubo unos 300 casos que se retrotrajeron tras verificar que habían sido mal cesanteados. Por el contrario, subrayó que se toparon con casos insólitos, como trabajadores del Ministerio de Justicia que vivían en el interior del país y ni siquiera registraban entradas en dicha dependencia.

Ibarra abundó además contando que en el Gobierno analizan la implementación de retiros voluntarios y la puesta en marcha de cursos y concursos de entre cuatro y seis meses para pasar a planta permanente a entre 10 y 12 mil empleados contratados bajo la modalidad transitoria que tienen más de diez años en la función pública. "La idea para este año es empezar con unos 2.500 empleados", dijo el ministro.

El funcionario también subrayó que el ahorro fiscal tras lo que llama el ordenamiento del Estado será de unos 3.500 millones de pesos anuales y que empezaron a avanzar en la limitación de las horas extras. Y aseguró desconocer el proyecto presentado en las últimas horas por el Frente para la Victoria destinado a la preservación de puestos de trabajo de los sectores público y privado por el lapso de un año.