Finalizó el juicio por el robo millonario al camión: el tribunal dará sentencia el 24 de junio

Luego de varias audiencias, concluyó el juicio contra cuatro personas acusadas de protagonizar un millonario robo a un camión ocurrido en octubre de 2022, además de otros delitos conexos. El debate oral y público comenzó el 26 de mayo en el Centro Judicial Concepción, bajo la supervisión del tribunal integrado por los jueces Sergio Altamirano (presidente), Juan Fernando Saracho Daza y Raúl Robin Márquez. La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, encabezada por el fiscal Héctor Fabián Assad.

El hecho

Los imputados —Cristian Roberto Amaya (39), Jorge Matías Avellaneda (36), Álvaro Rodrigo González (39) y Nicolás Fabricio Carrizo (31)— fueron acusados de participar en el asalto a un transporte que se dirigía hacia Córdoba para la compra de ganado. El 26 de octubre de 2022, sobre la Ruta Provincial 308, un grupo de personas disfrazadas de policías interceptó el vehículo y sustrajo más de tres millones de pesos.

Amaya y Avellaneda enfrentan también cargos como presuntos miembros de una asociación ilícita vinculada a otros delitos cometidos en el sur tucumano. Los otros dos imputados son considerados partícipes necesarios. En la misma causa, ya habían sido condenadas siete personas: cuatro por el robo y tres por encubrimiento.

Alegatos de cierre

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo del fiscal Héctor Fabián Assad, sostuvo que la acusación contra los cuatro imputados se mantenía firme. Señaló que el Ministerio Público Fiscal logró probar la participación de estos en todos los hechos investigados. En los múltiples audios presentados durante las audiencias, se evidenció —según el fiscal— que los imputados “se levantaban a dañar a la sociedad”, y sostuvo que el tribunal debía valorar este accionar y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Assad advirtió que “todos podemos ser víctimas de estas personas”, ya que no solo actuaban en Concepción, sino también en distintas localidades, incluso en Los Altos, Catamarca.

Durante su alegato, el fiscal destacó que una de las víctimas, identificada como Adab, reconoció a dos de los asaltantes del camión y que Rivadeneira, también víctima de otro hecho reconocio a Amaya. También se refirió a la declaración de Ibáñez, condenado por la causa del camión, quien afirmó que los imputados participaron en ese hecho y aseguró que sin la complicidad de González, chofer del vehículo, el robo no habría sido posible. Por su parte, Córdoba —también condenado por el mismo hecho— incurrió en contradicciones a lo largo de su declaración en las audiencias.

Assad manifestó que son muchas las víctimas afectadas por estos hechos y que, por tanto, debía descartarse cualquier reducción de condena. Respecto de Amaya y Avellaneda, recordó que ambos poseen antecedentes y, aun así, volvieron a delinquir. Por ello, solicitó que en el caso de Avellaneda se unifique una sentencia anterior de tres años con la pena actual solicitada de trece años, alcanzando así una condena total de 16 años.

En relación con Carrizo y González, quienes no cuentan con antecedentes penales, el fiscal pidió penas menores. Sin embargo, remarcó que el accionar de los imputados era sistemático y que “la necesidad no es excusa, ya que utilizaban el delito como medio de vida”.

Finalmente, el fiscal solicitó las siguientes condenas:

Amaya: 16 años de prisión, sin posibilidad de permisos ni salidas transitorias, por los delitos de:
• Coautor de asociación ilícita
• Coautor de robo agravado por el uso de arma operativa en poblado y en banda
• Coautor de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública
• Coautor de robo agravado con arma de fuego sin acreditarse operatividad
• Autor de encubrimiento por asociación dolosa
Se pidió, además, que se declare la reincidencia.

Avellaneda: 13 años de prisión por:
• Coautor (jefe o miembro) de asociación ilícita
• Autor responsable de robo agravado por el uso de arma operativa en poblado y en banda
En caso de condena, se solicitó la unificación con una sentencia previa de 3 años, totalizando así 16 años.

Carrizo: 8 años de prisión como partícipe necesario en robo agravado con arma de fuego operativa en poblado y en banda.

González: 8 años de prisión como coautor de robo agravado por el uso de arma operativa en poblado y en banda.
 

Adhesión de la querella

El abogado querellante, Carlos Correa, adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y acompañó el pedido de penas formulado. A criterio del letrado, en los audios incorporados como prueba quedó demostrada la participación de todos los acusados, incluyendo a González. “Se trata de una banda que se dedicaba a robar, perfectamente organizada”, expresó.

Correa también remarcó el perjuicio económico sufrido por sus representados, indicando que no solo perdieron tres millones de pesos, ya que con ese monto, en su momento, habían adquirido una jaula de animales. “Hoy ese mismo bien tiene un valor de 50 millones”, advirtió. Y concluyó solicitando al tribunal que imparta justicia.

Alegatos de la defensa

Por la defensa, el primero en hacer uso de la palabra fue el codefensor de Amaya, Avellaneda y Carrizo, Dr. Guillermo Herrera, quien cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que no existió ningún método técnico que permitiera identificar a los protagonistas de los audios incorporados por la acusación. “Sobre las acusaciones no hay una certeza técnica, y sobre esta base debe dictarse el sobreseimiento”, afirmó.

Asimismo, Herrera criticó la modalidad empleada por el fiscal Héctor Fabián Assad al presentar sus alegatos, señalando que se limitó a leer el contenido completo, en lugar de realizar una exposición oral fluida.

Por su parte, el defensor Leandro Juárez —también representante legal de Amaya, Avellaneda y Carrizo— expresó que “las sospechas no hacen a la culpabilidad”, haciendo hincapié en que una persona no puede ser considerada culpable únicamente por estar bajo sospecha, sino que debe demostrarse su responsabilidad penal mediante pruebas contundentes, las cuales —según sostuvo— no fueron presentadas por el MPF.

Juárez indicó que la investigación tuvo múltiples falencias. Sostuvo que Ibañez, en su declaración, nunca mencionó a Amaya en el hecho vinculado al camión, y que Córdoba, al reconocer el robo de una moto en Graneros, afirmó que Amaya lo había trasladado al lugar sin tener conocimiento del delito. En cuanto al asalto a Rivadeneira junto a su hijo, Córdoba reconoció su participación, pero también aclaró que quien lo acompañaba no era Amaya.

Respecto de los audios incorporados como prueba, el defensor advirtió que en los mismos se hace referencia a ventas de motos con o sin papeles, pero no se habla específicamente de vehículos robados. También puso en duda la validez de los reconocimientos realizados por Ibañez y Córdoba en sus respectivos juicios abreviados, al señalar que fueron efectuados por conveniencia y bajo presión.

Juárez cuestionó la objetividad del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que sus defendidos fueron mantenidos en prisión sin pruebas suficientes. Aseguró que tanto Avellaneda como Carrizo fueron presionados por sus defensas de aquel momento para declararse responsables. Cuestionó además la credibilidad de Ibañez —a quien definió como “la joya de la corona” para el MPF— debido a su reputación.

En el caso de Carrizo, indicó que nunca fue identificado, que solo se menciona un nombre de pila (“Fabricio”), sin que se haya determinado a qué persona corresponde. Según el defensor, lo único concreto en la causa es la participación de Ibañez y Córdoba en uno de los asaltos. Por todo ello, solicitó la absolución de sus defendidos.

La codefensora Gimena Busto González, en representación de Álvaro González, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no logró sostener la acusación en su contra y denunció que su defendido lleva más de dos años detenido sin elementos concretos que justifiquen tal medida. Afirmó que en el domicilio de González no se hallaron armas, dinero ni ningún otro elemento que lo vincule con los hechos investigados, y subrayó que no posee antecedentes penales.

Además, cuestionó que al MPF no le haya resultado sospechoso que únicamente a Olivas —acompañante de González en el camión— le rompieran el teléfono celular y que fuera él quien portara la llave de la caja de seguridad. También criticó que no se haya investigado a las supuestas víctimas del camión respecto del origen del dinero transportado.

Busto González remarcó que ninguno de los testigos logró identificar a González como partícipe del hecho, que el acusado puso su celular a disposición de la investigación y que no se encontraron contactos registrados con los demás imputados.

A continuación, tomó la palabra el Dr. José Bustos, también defensor de González, quien expresó sus dudas sobre el itinerario del camión ese día: señaló que pasó por La Colorada y luego por un local comercial en Alberdi antes de continuar su ruta. Cuestionó que las víctimas, que supuestamente advirtieron que una persona los seguía de manera sospechosa, no hayan alertado a los choferes del vehículo.

El defensor también criticó que el MPF objetara el hecho de que González detuviera el camión, cuando —según su planteo— los delincuentes simularon ser un control policial, por lo que detenerse era lo esperable. Cuestionó también que se le reprochara haberse bajado del vehículo, cuando había sido amenazado a punta de pistola.

“Fue más fácil meter preso a un pobre ignorante que no sabe ni leer ni escribir”, sentenció Bustos, y se preguntó por qué se creyó en la versión de Olivas y no en la de González. En ese sentido, advirtió que le llamó la atención la relación que —a su entender— mantiene el MPF con quienes hasta hoy son considerados víctimas, sugiriendo una falta de imparcialidad en el manejo del caso.

Finalmente, sostuvo que la falta de objetividad del MPF quedó evidenciada y sugirió que debía haberse investigado el origen del dinero transportado, al considerar llamativo el patrimonio de las víctimas. “Vengo de la misma ciudad que ellos y no tengo lo que ellos tienen. No sé si ganaron la lotería”, ironizó. Por todo lo expuesto, solicitó la absolución de su defendido, Álvaro González.

Réplicas del MPF

Con el cierre de los alegatos, se dio paso a las réplicas por parte del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Héctor Fabián Assad pidió al tribunal que revise con detenimiento los testimonios incorporados durante el juicio, al considerar que las defensas, con la intención de confundir, intentaron introducir declaraciones que —según sostuvo— no fueron realizadas por los testigos.

En relación con los cuestionamientos sobre por qué no se investigó a Olivas, Assad respondió que efectivamente fue objeto de averiguaciones en la etapa inicial y que quedó descartado como sospechoso al no hallarse elementos incriminatorios en su contra.

Por otra parte, el fiscal se dirigió directamente al defensor José Bustos, quien había puesto en duda la imparcialidad del MPF y había sugerido una supuesta connivencia con las víctimas del hecho. “Si usted cree que el MPF tiene convivencia con las víctimas, haga la denuncia y vemos cómo termina”, lanzó. Y agregó: “Si el doctor Bustos cree que las víctimas tienen enriquecimiento ilícito, lo invito a realizar la denuncia correspondiente”.

Intervención de la Defensoría

Marcelo Zelaya, en representación de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Personas con Capacidades Restringidas, se refirió al caso del menor G.J.C., víctima de un robo de motocicleta. En Cámara Gesell, el niño describió al agresor como “un gordito con un arma”. La psicóloga concluyó que el testimonio no fue inducido. Zelaya adhirió a la acusación fiscal y apoyó las penas pedidas.

Palabras finales

Antes del cierre del juicio, el tribunal consultó a las partes si deseaban hacer uso del derecho a la última palabra. Los acusados optaron por no hablar. Recordemos que los mismos declararon durante el debate.

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En cambio, sí lo hicieron las víctimas del robo al camión, Paola Adab y su esposo, Cristian Ragido. Adab respondió a los planteos de las defensas: “No estoy acá por voluntad propia, alguien me puso en este lugar. Solo defiendo lo mío. Yo no me levanto planificando hacerle daño a nadie. Estos hombres robaron más que los políticos, ya que el doctor Bustos trajo a colación el caso de Alberdi”. Y concluyó: “Yo también soy cristiana y tampoco miento. Solo vine a contar lo que pasó y dije la verdad”.

Por su parte, Ragido aseguró que su familia comenzó “desde muy abajo”, que trabajan de lunes a lunes, sin descanso ni feriados, y sin perjudicar a nadie. “Mi padre no pudo darme estudios, pero sí me enseñó a trabajar”, expresó. Y cerró: “Solo pido justicia, que paguen los que deban pagar y los que no, que vuelvan a su casa. Hoy creo en la Justicia y confío en Dios. Creo que todavía existe gente buena”.

Con estas intervenciones se dio por concluido el debate. El tribunal anunció que la sentencia será dada a conocer el próximo martes 24.