Bajo la Lupa NoticiasDesde 2019, Gustavo Gonzalo Giri, condenado por homicidio y actualmente alojado en la comisaría cuarta de San Cayetano, es protagonista de una historia que su familia califica como una “persecución sistemática” dentro del sistema penitenciario. Según su madre, Silvana Cáceres, todo comenzó cuando Giri denunció la venta de estupefacientes dentro del penal de Villa Urquiza y se negó a participar del negocio.
“Desde que hizo esa denuncia su vida se volvió un calvario”, expresó Cáceres, quien sostuvo que su hijo fue víctima de tratos crueles e inhumanos por parte del personal penitenciario. Señaló que, tras negarse a vender droga a cambio de beneficios penitenciarios, comenzó una seguidilla de golpizas, amenazas y traslados arbitrarios.
La familia recuerda que fue el propio juez Pedro Roldán Vázquez quien, en mayo de 2019, al comprobar en persona los maltratos en Villa Urquiza, dispuso su inmediato traslado. “Ese día mi hijo estaba atado de pies y manos, tirado en el piso y siendo golpeado. El juez lo vio con sus propios ojos y lo escoltó hasta la comisaría primera. Le salvó la vida”, remarcó la madre.
Sin embargo, la salida del penal no implicó el fin del maltrato. Según Cáceres, en cada comisaría donde estuvo detenido, Giri sufrió represalias: desde nuevas causas armadas por otros internos hasta comentarios y amenazas por parte del personal policial, que lo señalaban como “el protegido”.
“Fue incluido como testigo protegido por la Justicia Federal, pero nunca fue realmente protegido. No recibió atención médica, ni tuvo seguimiento psicológico, ni visitas de ninguna autoridad judicial”, denunció su madre, y recordó que incluso le fracturaron los brazos en distintas comisarías. A ello se suman denuncias sobre suministro de medicación psiquiátrica sin consentimiento, tras su paso por el hospital Obarrio.
La familia también apunta contra el accionar judicial. Cáceres indicó que, pese a las denuncias, el entonces juez de la Sala Cuarta, ya fallecido, volvió a trasladar a Giri a Villa Urquiza, “sabiendo que allí corría peligro”.
En cuanto a la condena, Giri fue sentenciado en 2017 por un homicidio ocurrido cuando tenía 19 años. Su madre explica que, según la causa, iba en una moto junto a otro joven, de apellido Chocobar, quien intentó cometer un robo y disparó contra un transeúnte. “En los allanamientos a mi casa no encontraron ni armas ni ropa vinculada al hecho. Mi hijo quedó involucrado solo por estar en la moto con esa persona”, explicó. Actualmente, lleva 13 años de una condena de 18, sin haber accedido a ningún beneficio penitenciario.
La familia sostiene que no piden impunidad, sino condiciones dignas para cumplir la condena. “Gonzalo cometió un error y está pagando por ello. Pero eso no lo condena a ser torturado. Tiene derecho a vivir, tiene dos hijos pequeños que lo esperan. La ley 24.660 garantiza derechos a las personas privadas de su libertad, y exigimos que se respeten”, dijo su madre.
Cáceres también denunció que la situación de su hijo no es un caso aislado. Mencionó informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que detallan hechos graves ocurridos tanto en la Unidad 9 de Villa Urquiza como en la Unidad 3 de Concepción. “Muchos presos viven situaciones alarmantes. Pero es un tema tabú, porque la sociedad suele creer que el que está preso no tiene derechos”, afirmó.
El llamado de la familia es concreto: que la Justicia intervenga y revise las condiciones en que Gonzalo cumple su condena. “Queremos que las autoridades se acerquen a ver lo que pasa. Mi hijo no está pidiendo libertad, está pidiendo que lo traten como un ser humano”, concluyó su madre.
