Bajo la Lupa NoticiasLa denuncia penal presentada por José Ignacio Florentín Bobadilla sacude nuevamente al ámbito judicial y político tucumano. El escrito pone en el centro de la escena al diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que habría manipulado pruebas, falsificado documentos y organizado testigos falsos para sostener una causa judicial en su contra.
Según el denunciante, Cisneros —en su rol de dirigente político y sindical— aportó los recursos económicos y profesionales necesarios para sostener el plan delictivo, además de instigar a testigos y articular la estrategia junto a un grupo de abogados.
La otra figura clave es M. L. P., quien habría incurrido en falso testimonio, adulteración de pruebas digitales y falsificación de documentos, constituyéndose en la principal beneficiaria de lo que Bobadilla describe como una estafa procesal.
El planteo también involucra a la abogada Patricia Micaela Neme, señalada como una de las principales operadoras de la maniobra, y a su colega Franco Venditti. Ambos son acusados de instigar falsos testimonios, adulterar mensajes de WhatsApp, falsificar documentos y sostener la estafa procesal.
La lista de denunciados se completa con María de los Milagros Castellote y Rosario Molina, testigos acusadas de declarar falsamente; J. P., padre de M. L. P., señalado por intervenir en el borrado de mensajes de celulares; y Santiago Sheriff junto a Federico Petraglia, quienes también habrían participado en la organización mediante falsos testimonios.
Entre los hechos más graves denunciados figuran la manipulación y eliminación de mensajes de WhatsApp, la falsificación de documentos públicos y privados, la instigación a testigos para negar hechos o declarar falsamente, y la estafa procesal que derivó en prisiones preventivas y cauciones millonarias contra los imputados.
Como pruebas, Florentín presentó pericias forenses de celulares que demostrarían la eliminación intencional de mensajes, conversaciones de WhatsApp que evidencian coordinación y vínculos políticos y sindicales que, a su entender, prueban la existencia de un entramado organizado.
En su petitorio, reclama ser aceptado como querellante, disponer allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos y ordenar la detención inmediata de Cisneros, Neme, Venditti, Castellote y Petraglia, alegando riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.
Con esta denuncia, Florentín no solo busca revertir el proceso que lo señaló en la causa de abuso sexual, sino también exponer la presunta existencia de una red judicial y política liderada por Cisneros y destinada a favorecer a M. L. P.
