La demanda surgió durante gestiones kirchneristas tras la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno manipuló los datos de inflación. La deuda es de unos 1.400 millones de dólares.
Economía01 de marzo de 2025
Bajo la Lupa NoticiasLos tenedores de bonos conocidos como Cupón PBI celebraron este fin de semana que se haya concretado el primer pago de la sentencia judicial en Londres que forzó a la Argentina a abonar unos USD 1.400 millones por considerar que el Estado manipuló los datos de crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de intereses.
“El primer pago se ha realizado a los titulares de warrants de PBI en euros. Ha sido una larga batalla por la justicia contra la farsa del cupón PBI de CFK/Kiciloff en 2014. Pero aún se deben 1.500 millones de dólares según la sentencia del Reino Unido. La ejecución ahora se financia con dinero de Argentina. ¡Es hora de decir la verdad y pasar la página!”, celebró desde una cuenta de X una agrupación denominada Argentina Exchange Bondholders, que nuclea a tenedores de ese tipo de bonos.
En 2023, la justicia británica condenó a Argentina a pagar alrededor de USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a bonistas que reclamaban el pago del Cupón PBI. Después de varios trámites, se estableció un plazo de 45 días para que Argentina abonara la deuda. El plazo finalizó el 6 de diciembre y Argentina no pagó. Por ello, el 14 de enero, la Corte de Apelaciones solicitó una orden para que el Banco de Santander ejecute la garantía de USD 313 millones.
Según el analista Sebastián Maril, el grupo de bonistas “insinúa que los beneficiarios comenzarán proceso de ejecutar sentencia fondeado con los mismos fondos”, es decir que utilizarán ese dinero de la garantía cobrada este viernes para forzar procesos de embargo en los tribunales y conseguir el cobro de USD 1.400 millones más, estimó Maril. No está claro, por el momento, si el Gobierno argentino iniciará un proceso de diálogo con estos bonistas para llegar a un acuerdo de pago.
“Esto es la consecuencia de años de desmanejos con los compromisos asumidos por el país en materia de sus deudas, dijo Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores. “Lo peor de todo, señaló, es que es un reclamo porque el país sigue sin resolver el empalme entre la serie de PBI base 1993 y base 2004″, comentó. “El fallo judicial determinó cuánto debía pagar la Argentina, en un momento a fines de 2024 se acordó constituir una garantía”, explicó.
La demanda fue presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían aproximadamente el 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010. Estos fondos demandaron a Argentina en 2019, y el Tribunal Superior de Londres falló a su favor en 2022, dejando al país con una obligación de pago de 1.330 millones de euros más intereses.
El conflicto comenzó en 2019, cuando los cuatro fondos presentaron una demanda reclamando el pago relacionado con los bonos “Cupón PBI”, emitidos por la Argentina tras la reestructuración de la deuda en 2005. Según los términos del acuerdo, si el Producto Bruto Interno (PBI) crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibirían un pago adicional.
La demanda surgió tras la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto originó la demanda de los cuatro fondos.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese momento, el gobierno de Cristina Kirchner evitó el pago de más de USD 3.600 millones en intereses.
Desde la Procuración del Tesoro, indicaron que este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por la ley inglesa. Además, precisaron que la República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido.
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