
Comenzó este jueves el pago del aguinaldo a trabajadores estatales
Ya pueden pasar por los cajeros automáticos los trabajadores de la Administración Central, Poder Legislativo y Judicial, entre otros. El cronograma culmina este viernes.
La demanda surgió durante gestiones kirchneristas tras la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno manipuló los datos de inflación. La deuda es de unos 1.400 millones de dólares.
Economía01 de marzo de 2025Los tenedores de bonos conocidos como Cupón PBI celebraron este fin de semana que se haya concretado el primer pago de la sentencia judicial en Londres que forzó a la Argentina a abonar unos USD 1.400 millones por considerar que el Estado manipuló los datos de crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de intereses.
“El primer pago se ha realizado a los titulares de warrants de PBI en euros. Ha sido una larga batalla por la justicia contra la farsa del cupón PBI de CFK/Kiciloff en 2014. Pero aún se deben 1.500 millones de dólares según la sentencia del Reino Unido. La ejecución ahora se financia con dinero de Argentina. ¡Es hora de decir la verdad y pasar la página!”, celebró desde una cuenta de X una agrupación denominada Argentina Exchange Bondholders, que nuclea a tenedores de ese tipo de bonos.
En 2023, la justicia británica condenó a Argentina a pagar alrededor de USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a bonistas que reclamaban el pago del Cupón PBI. Después de varios trámites, se estableció un plazo de 45 días para que Argentina abonara la deuda. El plazo finalizó el 6 de diciembre y Argentina no pagó. Por ello, el 14 de enero, la Corte de Apelaciones solicitó una orden para que el Banco de Santander ejecute la garantía de USD 313 millones.
Según el analista Sebastián Maril, el grupo de bonistas “insinúa que los beneficiarios comenzarán proceso de ejecutar sentencia fondeado con los mismos fondos”, es decir que utilizarán ese dinero de la garantía cobrada este viernes para forzar procesos de embargo en los tribunales y conseguir el cobro de USD 1.400 millones más, estimó Maril. No está claro, por el momento, si el Gobierno argentino iniciará un proceso de diálogo con estos bonistas para llegar a un acuerdo de pago.
“Esto es la consecuencia de años de desmanejos con los compromisos asumidos por el país en materia de sus deudas, dijo Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores. “Lo peor de todo, señaló, es que es un reclamo porque el país sigue sin resolver el empalme entre la serie de PBI base 1993 y base 2004″, comentó. “El fallo judicial determinó cuánto debía pagar la Argentina, en un momento a fines de 2024 se acordó constituir una garantía”, explicó.
La demanda fue presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían aproximadamente el 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010. Estos fondos demandaron a Argentina en 2019, y el Tribunal Superior de Londres falló a su favor en 2022, dejando al país con una obligación de pago de 1.330 millones de euros más intereses.
El conflicto comenzó en 2019, cuando los cuatro fondos presentaron una demanda reclamando el pago relacionado con los bonos “Cupón PBI”, emitidos por la Argentina tras la reestructuración de la deuda en 2005. Según los términos del acuerdo, si el Producto Bruto Interno (PBI) crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibirían un pago adicional.
La demanda surgió tras la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto originó la demanda de los cuatro fondos.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese momento, el gobierno de Cristina Kirchner evitó el pago de más de USD 3.600 millones en intereses.
Desde la Procuración del Tesoro, indicaron que este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por la ley inglesa. Además, precisaron que la República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido.
Ya pueden pasar por los cajeros automáticos los trabajadores de la Administración Central, Poder Legislativo y Judicial, entre otros. El cronograma culmina este viernes.
El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, anticipó que el sistema será inaugurado el 23 de junio en 1.600 estaciones de servicio de toda la Argentina.
La marca de indumentaria EQUUS anunció que baja los precios hasta un 40% en muchos de sus productos, equiparando el valor del 2024. También lo hicieron Etiqueta Negra y Gola.
El Bonte 2030 será un bono en pesos a tasa fija, aunque la suscripción deberá hacerse en dólares estadounidenses. El título ofrecerá pagos de intereses semestrales y una amortización íntegra al vencimiento, previsto para el 30 de mayo de 2030.
Personal de la Policía Federal allanó varios domicilios en la mañana de este miércoles en busca de documentación que podría estar relacionada a la causa investigada por la Fiscalía Federal N°3 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Tucumán. A diferencia de lo que se informó en primera instancia, no hay detenidos pero según confirmó a BLL el abogado querellante Alfredo Aydar, podrían existir en las próximas horas más medidas judiciales y hasta detenciones por el peligro de fuga de los sospechosos.
Una investigación por narcomenudeo permitió desbaratar al “Clan Paradi”, una banda integrada por familiares y con antecedentes en la zona. En los allanamientos hallaron más de tres kilos de cocaína, marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.
El acusado fue visto mientras se llevaba en una moto una puerta de aluminio de una construcción. Actuó en complicidad con otro individuo. El Ministerio Fiscal lo acusó por el delito de robo simple.
El abogado Alfredo Aydar, querellante en la causa por estafa piramidal que afecta a decenas de víctimas en Concepción, cuestionó con dureza el accionar de la Justicia Federal. En diálogo con Bajo la Lupa, habló de allanamientos tardíos, falta de transparencia, operaciones mediáticas y el rol que juegan los sospechosos con vínculos políticos. No ahorró críticas al fiscal federal Agustín Chit ni a los medios que, según él, “reciben bajada de línea”.
Roque Cayetano Giménez fue aprehendido este jueves en San Miguel de Tucumán. Está implicado en una causa que investiga la viralización de audios comprometedores en los que se lo escucha dialogando con el exintendente Luis Campos.