El Ejecutivo busca establecer, mediante un decreto, que la salud pública deje de financiar tratamientos de hormonización en personas mayores. La medida se suma a la reciente prohibición de estos procedimientos en menores de edad. Además, el Gobierno analiza modificar la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso a estos tratamientos en el sistema público.
Nacionales06 de febrero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl Gobierno eliminará el financiamiento estatal en los tratamientos de cambios de género en mayores. Forma parte del paquete de medidas que prepara el Ejecutivo contra la agenda del movimiento LGBTQ+ tras la marcha del sábado. “Es una medida que nos quedó afuera del anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores, pero que vamos a impulsar en el corto plazo”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada planea establecer -a través de un decreto- que “la salud pública no tenga la responsabilidad de mantener programas de hormonización”. En Balcarce 50 sostienen que el Estado está obligado a financiar los procesos de cambio de género en los centros públicos.
El Ministerio de Salud gastó $110.923.738 en 140.439 tratamientos de hormonización durante 2020, y concretó 134.743 por $153.941.853 en 2021. Impulsó 155.574 procesos de cambios de género en 2022 por $229.543.082, y financió 117.906 en 2023 con un costo de $353.956.668.
El exjefe de gabinete Nicolás Posse y el exministro de Salud Mario Russo firmaron en marzo de 2024 una autorización de una licitación pública parar la adquisición de insumos de hormonización. Contempla la compra de 55.000 unidades a una empresa por $772.608.100, y 50.000 por $54.617.000 a otra.
El Gobierno sostiene que no se emitió finalmente la orden de compra y asegura que no se firmó el contrato, pero reconoce que el proceso que contempla la licitación no se dio de baja. En Nación manifiestan que se disolvió la Dirección de Género y Diversidad que se encargaba de ejecutarlo.
El Ejecutivo planea modificar nuevamente la Ley de Identidad de Género (26.743), que dispone que las personas tienen derecho a ser reconocidas legalmente y a recibir tratamientos médicos relacionados con su identidad de género. Fija las condiciones del acceso a los procesos de hormonización, que están contemplados en el Plan Médico Obligatorio.
El artículo 11 establece la obligatoriedad de que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”.
“No tenemos porqué financiar cambios de género. Preferimos derivar fondos a problemas más importantes”, expresan en Balcarce 50. La Casa Rosada ya prohibió ayer el acceso a los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años. Lo hizo a través del decreto 65/2025.
Fuente: TN
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