Bajo la Lupa NoticiasLos bonos soberanos de Argentina, incluidos los Globales y Bonares, alcanzaron su cotización más alta desde su salida al mercado, con un precio promedio de USD 71, en una tendencia correlacionada con el descenso del riesgo país, que ahora se encuentra por debajo de los 600 puntos básicos por primera vez desde agosto de 2018. Este descenso, que ubicó el índice en 578 puntos básicos desde los 609 puntos registrados el viernes anterior, refleja el renovado interés inversor en los activos argentinos y es visto como un indicio de una recuperación económica en curso.
El riesgo país, elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, es uno de los principales indicadores de la confianza de los inversores en la capacidad de un país para afrontar sus compromisos financieros. La caída en este índice se produce en un contexto de políticas ortodoxas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, caracterizadas por un constante equilibrio fiscal e inflación en descenso, lo que ha contribuido a generar un clima de mayor confianza en los mercados.
Argentina, que enfrenta una deuda externa de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra en la espera de un nuevo acuerdo con el organismo, que podría incluir una potencial llegada de fondos frescos. Los agentes bursátiles están atentos a la capacidad de pago del gobierno argentino, que ha manifestado su compromiso con defender el superávit fiscal y honrar sus vencimientos de deuda.
Fortalezas fiscales y reservas internacionales
El Gobierno argentino ha logrado consolidar su solvencia fiscal gracias a un superávit de cuentas públicas y una mayor liquidez en pesos, que le ha permitido convertir parte de sus depósitos en divisas. A fines de 2024, el Tesoro nacional disponía de USD 5.698 millones en depósitos, lo que cubre una buena parte de los pagos previstos para el primer trimestre del año y da tranquilidad a los mercados sobre la capacidad de pago de la deuda.
Además, la recaudación tributaria en 2024 aumentó un 205,6% respecto al año anterior, superando la inflación en unos 80 puntos, lo que refuerza aún más la solvencia del gobierno. En este sentido, la operación de REPO con bancos internacionales por USD 1.000 millones y las compras oficiales incrementaron las reservas internacionales brutas del Banco Central en USD 1.250 millones, alcanzando un total de USD 32.774 millones, muy cerca del nivel máximo registrado bajo la gestión de Milei.
Perspectivas para 2025
El inicio de 2025 trae consigo un panorama positivo para la economía argentina, con expectativas de mantener el buen desempeño de los activos financieros. Las valuaciones de acciones y bonos siguen siendo sólidas, impulsadas por fundamentos internos, y la confianza inversora parece mantenerse firme, incluso en ausencia de un fuerte impulso externo como el que podría generar Wall Street.
Un informe de la consultora Suramericana Visión, vinculada al ex ministro de Economía Martín Guzmán, destacó que Argentina posee la capacidad para hacer frente a los vencimientos de deuda en moneda extranjera durante 2025, aún sin acceso a nuevos créditos internacionales. Según el informe, a pesar de los desafíos económicos, como el aumento de los vencimientos de deuda y un posible incremento del déficit de cuenta corriente por la apreciación cambiaria, el país estaría en condiciones de afrontar los pagos, aunque la situación se complica en ausencia de financiamiento externo.
Por otro lado, la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que, en un escenario de recuperación de la actividad económica, el déficit de cuenta corriente podría aumentar en lugar de disminuir, lo que pondría a prueba la sostenibilidad de la bonanza cambiaria que se observó en 2024. De este modo, el desafío de la salida del cepo y la capacidad del Gobierno para generar financiamiento se presentan como puntos clave a monitorear en el futuro cercano.
En conclusión, si bien las expectativas son positivas y las cifras fiscales y financieras respaldan una recuperación económica, los analistas alertan sobre los riesgos asociados a la deuda externa y la necesidad de asegurar nuevos acuerdos de financiamiento, tanto con el sector privado como con organismos internacionales.
