Un juez condena a responsables de emplear ilegalmente a un niño de 11 años en una panadería, subrayando la necesidad de erradicar el trabajo infantil y proteger los derechos de los menores.
Judiciales15 de octubre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEn un fallo clave para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el juez Dr. Tomás Ramón Vicente Alba del fuero laboral del Centro Judicial Concepción, condenó a los responsables de emplear ilegalmente a un niño de 11 años en una panadería, donde el menor sufrió un grave accidente laboral. La sentencia no solo ordena el pago de una indemnización millonaria, sino que también establece medidas para garantizar que los responsables no incurran nuevamente en prácticas de explotación infantil, enfatizando la protección de los derechos de la niñez y la implicancia social de su contratación.
El caso se remonta a diciembre de 2014, cuando un niño de 11 años comenzó a trabajar como ayudante de panadero, en condiciones de dependencia y bajo la supervisión de sus empleadores, quienes le exigían tiempo completo y el manejo de maquinaria industrial. En julio de 2015, mientras operaba una máquina armadora de masa, el niño sufrió un accidente que le provocó la amputación de dos dedos de su mano derecha. Ante la falta de respuestas por parte de sus empleadores, su madre decidió interponer una demanda por accidente laboral y explotación infantil, buscando justicia para su hijo.
En su fallo, el magistrado no solo falló a favor del menor, sino que condenó de manera enérgica la explotación infantil y la negligencia de los empleadores. Subrayó la importancia de erradicar estas prácticas, citando convenios internacionales y la Constitución Nacional que prohíben expresamente el trabajo infantil. "Entre las consecuencias más preocupantes se encuentran la perpetuación de la pobreza, que es causa y consecuencia de la explotación infantil", afirmó el Dr. Alba, quien destacó cómo el trabajo infantil priva a los menores de su derecho a jugar y disfrutar su niñez, lo que a su vez puede derivar en problemas de autoestima y adaptación social.
Además de la indemnización, el juez impuso medidas adicionales para prevenir futuros casos de explotación infantil, como un curso obligatorio de 30 horas sobre derechos fundamentales de la niñez y protección integral de niños y adolescentes para los condenados, que debe ser impartido por organismos públicos. También se ordenó la intervención de la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán y el Ministerio de Trabajo de la Nación, quienes realizarán inspecciones periódicas en los domicilios de los demandados durante tres años, con el fin de asegurar que no reincidan en la explotación de menores.
El magistrado enfatizó la responsabilidad del Estado en cumplir con los compromisos internacionales para erradicar el trabajo infantil, citando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los niños deben estar protegidos contra la explotación económica y social. En este sentido, recordó que el trabajo infantil representa, en realidad, esclavitud y explotación, tal como lo señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La sentencia concluye con un llamado a la acción, enfatizando que "no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño", resaltando que de su bienestar dependen la supervivencia y el progreso de las naciones. Esta decisión no solo representa un avance en la lucha contra la explotación laboral infantil, sino también un compromiso renovado con el futuro de los niños y adolescentes en la región.
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