Restitución provisoria del predio ubicado frente al barrio 6 Viviendas dentro de 30 días. La Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal solicitó también medidas de menor intensidad que fueron otorgadas por cuatro meses.
Judiciales29 de abril de 2025
Bajo la Lupa NoticiasLuego de dos días de audiencias (más de 10 horas), la Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal imputó a 22 personas (13 de ellas mujeres) por el delito de usurpación por despojo mediante violencia y amenazas.
La auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, en representación del titular, Carlos Saltor, se refirió a las circunstancias en la que fue usurpado el terreno ubicado frente al barrio 6 Viviendas, detrás del country The Point, en la localidad de Ohuanta (San Pablo).; “munidos de machetes sacaron un portón y rompieron el alambrado perimetral para cortar la vegetación (frutales, huerto, césped, etc) que había en el lugar”, dijo la investigadora sobre lo acontecido el sábado 17 de junio de 2023. “Asimismo, al hacerse presente quien detentaba la tenencia del terreno en cuestión, donde tenía animales, además de una huerta con zapallos y choclos, advirtió que en el interior había un grupo de hombres por lo que al pedirles que se retiren (éstos previo a hablar con una mujer -identificada como puntera política-), respondieron que no iban a salir del predio porque estaba desocupado y no tenía dueño, obligándolo a que saquen sus animales”, agregó.
Entre las evidencias, la representante del Ministerio Fiscal expuso el último informe desarrollado por el personal policial, de fecha del 11 de marzo del corriente año, donde se pudo constatar al menos diez casas en construcción avanzada y con materiales en los alrededores. En tanto, uno de los involucrados de 68 años comentó: “Yo en ningún momento fui a esa toma”. Cabe recordar que la empleada pública (sindicada como puntera política) y otra femenina se encuentran, desde mediados de marzo, cumpliendo medidas de menor intensidad pero, por el accionar perpetrado contra los efectivos policiales al momento del relevamiento planimétrico y fotográfico antes mencionado (fueron acusadas por el delito de resistencia a la autoridad en carácter de coautoras). “En la primera audiencia dijo que era ama de casa y conforme hemos avanzado con la investigación constatamos que es empleada del Estado (en una comuna)”, precisó Briz Tomás. Al tomar la palabra una de las víctimas expresó: “La mayoría vendió las parcelas de los terrenos”.
Como segundo punto, la Fiscalía pidió medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, entre las que se destacan, la prohibición de acercamiento a las víctimas como así también a los domicilios y las escuelas donde asisten los hijos (no menor a 200 metros) junto a una consigna policial.
Accionar sumamente violento
Como último punto, la querella solicitó la restitución provisoria del inmueble, con dictamen favorable del MPF. “La situación es bastante grave y luego de dos años pudimos llegar a esta audiencia por las intervenciones que tuvieron los imputados a fin de evitar que la investigación avance. Hoy, por ejemplo, una persona no se presentó (por lo que se pidió la detención y captura). Las víctimas (tenedor y poseedora) se vieron ilegítimamente privadas del uso de su propiedad, incluso, los acusados continuaron construyendo y vendiendo los terrenos usurpados, lo que genera un gran perjuicio y afectando a la sociedad porque esta situación de ilegalidad puede hacer incurrir en errores a terceros que actuaron de buena fe”, afirmó la investigadora Briz Tomás. “Fue un accionar violento y los propios vecinos observaron los movimientos, el ingreso y cómo los han despojado del terreno”, añadió.
“Actuaron con violencia y como modus operandi se manejaron en hordas (en grupos grandes) para agredir al personal policial. Emplearon machetes y palos para atacar y amenazar”, sostuvo la Auxiliar de Fiscal. Finalmente, el juez actuante resolvió que se haga efectiva la entrega voluntaria del inmueble dentro de 30 días y el auxilio de la fuerza pública (en caso de ser necesario) para el desalojo. Asimismo, el magistrado hizo lugar, parcialmente, a las medidas de coerción (no privativas) por el término de cuatro meses.
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El sujeto, de 27 años, fue imputado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Ocurrió en un local situado en Banda del Río Salí.
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