Juan Zamora, acusado de desviar ilegalmente agua potable hacia una laguna artificial, deberá regresar a Argentina y cumplir con estrictas medidas cautelares.
Judiciales01 de octubre de 2024
Bajo la Lupa NoticiasEste martes se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación contra Juan Zamora, propietario de la finca involucrada en un caso de robo de agua. La audiencia, realizada a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por María del Carmen Reuter y representada por el auxiliar fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.
Durante la audiencia, se detalló que Zamora, quien actualmente se encuentra en Roma, Italia, es acusado de romper el acueducto central que abastece de agua a la reserva Lomas de Imbaud y de realizar una conexión clandestina para desviar parte del caudal de agua potable hacia una laguna artificial de su propiedad. Esta acción ha perjudicado a miles de usuarios en la localidad de Yerba Buena, causando serios problemas en el servicio público de provisión de agua.
La UFI solicitó medidas de coerción que incluyeron la fijación de una caución de $100.000.000 y la entrega de su pasaporte en un plazo de 10 días, debido a los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Bilbao enfatizó la importancia del agua como "un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida".
El juez a cargo del caso resolvió imponer al acusado medidas cautelares, que incluyen la promesa de someterse al procedimiento, mantener un domicilio, permanecer a disposición del tribunal, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana y la prohibición de salir del país sin autorización por un plazo de seis meses.
La Acusación
La investigación se inició tras una denuncia presentada al Ministerio Público Fiscal (MPF) en mayo de 2023. La denuncia reveló que Zamora había instalado una conexión ilegal que desviaba el agua de la principal fuente de abastecimiento de la reserva, causando un perjuicio considerable a los usuarios del servicio.
El 30 de septiembre, bajo la dirección de la fiscal Reuter, se realizó un allanamiento en la finca donde se ubica la laguna ilegal. Durante la operación, se descubrió que la laguna tenía una superficie de aproximadamente 8.900 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, con una capacidad de reserva de 53.400 metros cúbicos de agua. Además, se encontró una geo membrana de polietileno que recubría el embalse y se localizó la llave esclusa para evacuar el agua.
La investigación continúa, con la toma de declaraciones testimoniales y la evaluación de la extensión del daño causado por las acciones de Zamora.
El imputado, de 38 años, acechaba a las víctimas en las inmediaciones del Banco Santiago del Estero, ubicado en calle La Rioja al 200 de San Miguel de Tucumán. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II solicitó su condena y se logró una reparación económica de dos millones de pesos para las víctimas.
La justicia dictó el sobreseimiento definitivo de las dos mujeres chaqueñas acusadas erróneamente de un secuestro en Tucumán. Las evidencias demostraron que ambas se encontraban en Chaco al momento del hecho denunciado. El fallo pone fin a una causa basada en una denuncia falsa, destacando la actuación de la defensa y el respaldo del Ministerio Público Fiscal. Las mujeres formaban parte de un grupo religioso que había viajado a Tucumán con fines de evangelización.
Tres personas más fueron acusadas por malversación de bienes destinados a los sectores más vulnerables. La causa, declarada como "asunto complejo", expone el desvío y venta ilegal de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas y una continúa prófuga. Entre los involucrados figuran un padre y su hijo, quienes acumulaban grandes cantidades de alimentos en un domicilio del barrio Manantial Sur para su posterior comercialización.
Desde la Unidad Fiscal de Usurpaciones Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter se solicitó calificar los hechos como robo y desobediencia judicial en dos oportunidades.
La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, encabezada por Miguel Varela, imputó a Javier Matías Bulacio, conocido como "Toro", por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.
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