Un país donde abundan los casos de corrupción, mientras el Gobierno poco o nada hace para combatirlos. Un país donde los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad extorsionan y protegen a personas involucradas en delitos graves. Un país con un Poder Judicial fuertemente politizado, y presionado por el poder político. Un país en el cual la prensa también está a merced de la dirigencia, que atenta contra la libertad de expresión.
Así ven la Argentina los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo al informe Human Rights Report 2022, realizado por personal del Departamento de Estado de aquel país. Este informe analiza la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
 
Mediante el documento, EEUU alertó, en especial, sobre graves casos de corrupción en nuestro país, y sobre la embestida del Gobierno que encabezan el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, contra el Poder Judicial.

“El Gobierno (argentino) tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”, admite el texto; pero precisa que aquellas no resultaron suficientes: “la ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el Gobierno no (la) aplicó de manera efectiva. (Y) un sistema judicial politizado socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

El informe abarca hasta septiembre de 2022. Debido a ello no contempla la sentencia a la ex presidenta en el marco de la llamada “causa Vialidad” -en diciembre recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos-. No obstante, el Human Rights Report 2022 resume la situación judicial de la vicepresidenta y de otros nueve imputados principales -de un total de 45-, que fueron acusados de recibir y/o de pagar sobornos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, durante las gestiones de Fernández como presidenta.
 
En cuanto a la corrupción, los funcionarios del Departamento de Estado de EEUU mencionaron en el reporte otros organismo donde predominan este tipo de delitos. “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, remarca el documento oficial.

Y advirtió sobre demoras prolongadas, sobre atascos procesales, sobre largas lagunas en el nombramiento de jueces, sobre el apoyo administrativo inadecuado y sobre la ineficiencia: “obstaculizaron el sistema judicial (argentino)”. En ese sentido, denuncia: “los funcionarios de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulación política”.

En otro capítulo, si bien se admite que, en general, el Gobierno argentino respeta la libertad de expresión, se denuncia que se dieron ataques a distintos sectores de la prensa por parte del Gobierno. Menciona que estos fueron alertados por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), y destaca las procesos contra los periodistas Irene Benito (La Gaceta), Daniel Santoro (Clarín) y Daniel Enz (Revista Análisis). En todos estos, figuras políticas utilizaron el sistema legal contra los tres.

Fuente: La Gaceta