La ministra Vargas Aignasse se reunió esta mañana con representantes de la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Restaurantes y Afines de Tucumán para evaluar la situación del sector, a quienes les anunció que el gobernador, Juan Manzur, firmó un decreto que establece la alícuota cero, por tres meses prorrogables para varias actividades. Hubo marchas de trabajadores gastronómicos frente a la casa de gobierno y el gremio UTHGRA.
Política01 de septiembre de 2020
Bajo la Lupa Noticias
"Nos reunimos con la Unión de Hoteles y Confiterías, encabezada por Ernesto Getar, buscando con diálogo, alguna alternativa para que desde el Gobierno podamos tratar de ayudar en esta situación tan desafortunada para los bares y también gimnasios”, contó la ministra.
En ese marco, la titular de Gobierno y Justicia sostuvo que el sector realizó varios pedidos, entre ellos uno relacionado a medidas de carácter tributario. “El Gobernador firmó el decreto que establece por tres meses prorrogables, hasta el 30 de noviembre, la alícuota cero en el impuesto de Ingresos Brutos”, explicó la funcionaria.
El decreto alcanza a: restaurantes y cantinas con y sin espectáculos; servicios de pizzerías; fast food y locales de venta de comida y bebida al paso; expendio de helados, servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas; convenciones y otros eventos especiales; servicios de organización; dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las instalaciones.
“Tenemos que ser razonables en esta situación de pandemia, debe primar la razonabilidad en todos los ámbitos. Vamos a esperar estos 15 días que se han establecido desde el COE y luego de la evaluación del Ministerio de Salud tomar decisiones para adelante”, agregó la ministra sobre las flexibilizaciones.
Mientras tanto en la mañana de hoy hubo marchas y protestas en la capital tucumana por parte de empleados gastronómicos: "les interesa cobrar más la cuota societaria que luchar por la verdadera problemática del sector" señalaron manifestantes a BLL radio.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
El mandatario remarcó que esta incorporación fortalece la presencia de la provincia en el Parlamento. “El bloque Independencia seguirá funcionando con tres diputados nacionales, defendiendo los intereses de la provincia de Tucumán y del interior profundo”, sostuvo.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida cautelar impuesta por el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y afirmó que, aunque pueda generar disconformidad, corresponde acatar las decisiones judiciales y recurrir a los canales legales si se considera necesario revertirlas.
Con más de 950 competidores, el municipio fue sede de una nueva fecha del campeonato provincial de Rural Bike, un evento que combinó deporte, turismo y trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de La Cocha.
El comisario Gustavo Beltrán fue detenido tras una investigación que confirmó que empleaba personal estatal en obras particulares en su vivienda de El Cadillal. El gobernador Jaldo ordenó su separación preventiva y la inmediata intervención judicial.
El Tribunal Penal de Concepción absolvió a Luis Alexis Morán por el homicidio de Facundo Samir Costilla y las lesiones sufridas por Marcos Antonio Castillo durante una fiesta en Alto Verde, en septiembre de 2023. No obstante, lo condenó a cinco años de prisión efectiva por un robo agravado cometido en banda y en poblado, ocurrido al día siguiente del mismo mes.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
La prestigiosa entidad emitió una declaración tras su plenario académico. En febrero, el Gobierno nacional ya había establecido que este tipo de intervenciones no pueden realizarse en niños o adolescentes.