El acuerdo se hizo entre el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y serán destruidas especificamente 4.300 armas.
Tucumán 25 de marzo de 2020
Bajo la Lupa Noticias
El responsable de la Oficina de Efectos Secuestrados del MPF, Juan Pablo Espeche, comentó que se trabajó en conjunto con las unidades fiscales especializadas para desarrollar esta tarea. “Comenzamos en 2019, en base a un proyecto para la destrucción de armas, con la clasificación de las mismas junto con las unidades fiscales, quienes informaron cuales eran las estaban en condiciones de ser destruidas por que ya habían concluido su etapa de investigación”, expresó.
El ANMAC posee el depósito de armas, municiones y pirotecnia más grande del país (BANMAC). “En el mes de enero nos enviaron las etiquetas y procedimos a rotular las armas con una serie de números asignados a la provincia”, dijo Espeche, quien informó que seguidamente se solicita un turno y posterior chequeo con esa base de datos para proceder a la destrucción. “Las armas ya se encuentran con las respectivas etiquetas, rotuladas e identificadas por cada fiscalía y separadas por calibre. También hemos avanzado con la destrucción de armas de la policía (ya están rotuladas y etiquetadas en un 100%) y en el proyecto para devolver las armas a las fuerzas de seguridad”, agregó.
Con miras a los plazos y teniendo en cuenta la puesta en marcha del Nuevo Código Procesal Penal en la Capital, Espeche indicó: “Este era un anhelo del Ministerio, a cargo del Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, y estamos trabajando fuertemente para que podamos concluirlo antes del mes de mayo”, puntualizó. “En total tenemos aproximadamente 7 mil armas secuestradas”, detalló.
Protocolo de acción y único depósito
La Oficina de Efectos Secuestrados informó que se trabaja en un protocolo de acción para destruir armas, dos veces por año, cuando estén en condiciones por haber concluido las causas que las involucran (que tengan una sentencia firme o una resolución ministerial).
Por disposición de la Secretaría Judicial del MPF, a cargo de Tomás Robert, se dispuso la centralización en un único depósito. En una segunda etapa, se incorporarán para su destrucción, las armas de los Centros Judiciales de Monteros y de Concepción.
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