De acuerdo a lo publicado por el Boletín Oficial hoy, se determinó "diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019 para el 1° de febrero de 2020, debiendo utilizarse, en esa oportunidad, el índice de ajuste correspondiente para reflejar la variación de precios entre los meses de febrero y agosto de 2019".

Así lo estableció la Resolución 751/2019, que lleva la firma de la Secretaría de Energía, que dirige Gustavo Lopetegui.

Se trata de una nueva suspensión de una suba en las tarifas que en una primera instancia en octubre y que tras ser pospuesta para enero pasa ahora a diferirse unos 30 días más. El cronograma que establecía estos aumentos había sido armado por el Gobierno a principios de años. Sin embargo, debido a las distintas devaluaciones y a la crisis desatada en el país, desde el oficialismo debieron tomar medidas al respecto.

Otro de los puntos que se aclaran en el boletín indica que "la compensación en favor de las prestadoras se determine de conformidad con el criterio establecido en su artículo 3°, es decir, respetando la exacta incidencia entre los montos que se dejan de percibir en concepto de tarifa -incluyendo las bonificaciones a las subdistribuidoras de su área de licencia- y los montos de inversión comprometidos".

¿Cómo era el plan pensado por el Gobierno para este año?

Se había anunciado un esquema de subas en tres cuotas: un 10% en abril, 9% en mayo y 8% en junio. Pero ante la situación económica, se aplicaron modificaciones, las que también fueron explicadas en la publicación de hoy.

"Con el fin del preservar el equilibrio económico financiero de los contratos, se decidió que la vía más apta para ello consiste en la readecuación de las obligaciones de las licenciatarias de transporte y distribución de gas, esencialmente aquellas que impliquen inversiones obligatorias a su cargo, sin que ello afecte en modo alguno sus obligaciones frente a los usuarios abastecidos".

La medida se suma a otras implementadas para alivianar los gastos que deben afrontar los usuarios residenciales.

Fuente: La Nación