La demanda relativa al Fondo Soja ya fue presentada la semana pasada, luego de una espera prudencial, en la que se intentó por todos los medios agotar el diálogo a fin de llegar a un acuerdo con la Nación”, indicó Nazur.
La Fiscalía de Estado de la Provincia solicitó a la justicia declarar la inconstitucionalidaddel decreto de necesidad y urgencia que eliminó al Fondo Soja, por el impacto económico de la medida en Tucumán, y la restitución de las partidas económicas que perdió la Provincia a partir de la derogación del decreto.

Tucumán ha interpuesto una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ese DNU es una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto, porque viola el federalismo de concertación, como se conoce a esas leyes acuerdo entre las provincias y el Gobierno nacional”, sostuvo Nazur.

El Fondo Soja fue establecido en 2009 por un pacto entre Nación y las provincias, que luego fue avalado por Ley en el Congreso nacional y las Legislaturas provinciales. Permitía transferir recursos a las provincias para el financiamiento de obras públicas y se nutría de un 30% de las retenciones a la exportación de soja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que estas leyes, el derecho intrafederal, no pueden ser desconocidas unilateralmente por ninguna de las partes.

El fiscal de Estado de la Provincia explicó que hace poco más de un año, el 14 de agosto de 2018, el Gobierno nacional decidió “unilateralmente” la eliminación del Fondo Soja, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 756/2018 que deroga el Decreto 206 del año 2009.

El funcionario amplió además: “pedimos en esta demanda la inconstitucional del DNU y, como consecuencia de esas sumas detraídas, que se proceda a la restitución, devolución o reintegro de esos fondos. Mientras tanto, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, hemos planteado una medida cautelar para que se frene esto”.

Para Tucumán, la detracción por el Fondo Soja reportó una pérdida de $437 millones en el 2018, y en 2019 la reducción estimada será por arriba de los $1.300 millones. 

Nazur precisó, además, que la eliminación del Fondo Soja “violó el consenso fiscal, porque casi un año antes de dictar el DNU, la Nación como las provincias, con la excepción de San Luis, habían suscripto al Consenso Fiscal para que las provincias puedan seguir beneficiándose del fondo, a raíz de cumplir una serie de compromisos consignados en el consenso. Poco tiempo después la Nación, inconsultamente, eliminó el fondo”.

Formosa, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero y Catamarca adelantaron sus reclamos durante el año pasado y principios de 2019. Sin embargo, “Tucumán ha intentado agotar las vías de diálogo”, agregó Nazur.