Esta tarea se lleva adelante a partir de la sanción de la Ley 8.470 que obliga a la provincia a resolver la problemática ambiental que afecta a la Cuenca Salí Dulce y que consistió en el diseño y ejecución -en forma progresiva, programada y fiscalizada- de obras y acciones cuya finalidad se centra en evitar el vuelco de efluentes líquidos industriales contaminantes en cuerpos de agua que desembocan en Embalse.
“El esfuerzo de inspección que se puso en marcha en el año 2015 sobre las empresas azucareras, alcoholeras, alimenticias, papelera, salinera, entre otras, se mantendrá en este año ya que los resultados han demostrado que la carga orgánica en el río Salí y tributarios ha disminuido notablemente”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, al referirse al nuevo ciclo de fiscalización en empresas a partir de este año.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, informó que esta semana se sumarán a los controles autoridades y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. Sobre esto aclaro “que se va mantener este esquema para dar transparencia a las inspecciones” y también “para que los informes que enviamos trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentren avalados y validados por los intervinientes”.
“La situación de contaminación por vuelco a las aguas del río Salí y otros efluentes de la cuenca es controlada en forma permanente por un triple sistema de muestreos” (Alfredo Montalván)
Este sistema – tal como indicó el funcionario – permite la contención de vinazas, cenizas, la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua, la ausencia de sólidos industriales en los cursos y también la ausencia de mortandad masiva de peces.
