El directorio votó por unanimidad seguir la batalla judicial para no difundir detalles del acuerdo, pese a la orden de la Corte Suprema y el plazo de cinco días que le había dado una jueza para que entregara el contrato completo.
Política16 de marzo de 2016
El gobierno de Mauricio Macri decidió no entregar el contrato que firmó la petrolera estatal YPF con la norteamericana Chevron y continuar la batalla judicial con el argumento de que difundir los detalles de ese pacto podría comprometer secretos "geológico, comercial, técnico e industrial" de ambas compañías.
Según pudo saber Infobae, el renunciado presidente y CEO de YPF -que pelea una "indemnización" de 5,5 millones de dólares antes de dejar su cargo- habría planteado ante los directores cumplir la orden de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo de presentar el documento sin tachaduras, pero los representantes del Estado nacional y el resto se mantuvieron en la posición de no hacerlo y volver a presentar un recurso.
De todos modos, en el comunicado oficial, YPF informó que "previo análisis y decisión por parte de su nuevo Directorio y en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas (públicos y privados), decidió recurrir la resolución emitida por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 por la cual se dispuso la entrega, sin más, del contrato con Chevron".
POR PRIMERA VEZ, YPF HABLÓ DE LAS CUENTAS: "EN NINGÚN CASO SE HAN UTILIZADO SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN PARAÍSOS FISCALES", AFIRMÓ.
La información de la petrolera deja así en claro que se trata de una medida resuelta con la participación y opinión de los nuevos integrantes que responden al gobierno de Mauricio Macri. Ya la semana pasada, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, había sido blanco de una polémica al admitir la validez del planteo de la petrolera estatal de no entregar el documento, pese a que antes, cuando era diputada, había esgrimido la posición contraria.
"La resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso -empresas competidoras y otros actores- de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial. La ausencia de dichos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía", indica el parte de prensa.
Según la compañía, "la estructura contractual y societaria utilizada para la canalización de la inversión de Chevron bajo este contrato tuvo como objetivo garantizar que los fondos provenientes del exterior ingresen al mercado argentino para ser aplicados en su totalidad al proyecto de inversión en el país. La misma cumple con todas las normas legales aplicables y en ningún caso se han utilizado sociedades constituidas en paraísos fiscales de acuerdo con lo dispuesto por la normativa de la República Argentina".
"YPF no otorgó ninguna adjudicación directa a Chevron, simplemente celebró un contrato de asociación para la explotación conjunta de hidrocarburos, lo cual es una modalidad habitual para cualquier compañía petrolera nacional e internacional", concluyó.
El convenio bilateral tiene dos productos clave bajo estudio, aguarda un complejo proceso jurídico antes de su vigencia y todavía se recuerda en Washington cuando una amenaza de bomba canceló todas las negociaciones.
Con Santilli, el mandatario tucumano destacó la importancia del diálogo como camino para impulsar el desarrollo del país.
El Primer Mandatario dispuso la baja inmediata de los policías involucrados y pidió informes detallados sobre todas las regionales. El ministro Agüero Gamboa y el jefe Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.
El mandatario explicó que los ajustes en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Educación y aclaró que la Provincia continúa otorgando aportes y subsidios a las instituciones de gestión privada.
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
Bajo la presidencia de Sergio Mansilla, el cuerpo aprobó dictámenes clave: expropiaciones para el Acueducto Vipos, designaciones en el Consejo Asesor de la Magistratura y medidas sobre patrimonio histórico, salud y defensa del consumidor.
Un Ford Escort y un Chevrolet Onix colisionaron en la intersección de la Ruta Provincial 38 y calle Virgen del Rosario. Tres personas fueron asistidas en el Hospital Regional de Concepción.
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Señaló la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, Mariana Rivadeneira, quien pidió la prisión preventiva por seis meses para el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Javier Beltrán. En tanto, los otros dos cómplices estarán con la medida de coerción más gravosa pero por el término de dos meses. La causa fue declarada como compleja.