El Tribunal Oral Federal dictó condenas a exfuncionarios de la Universidad Nacional de Tucumán por el desvío de fondos mineros destinados a la Ciudad Universitaria de San Javier, en un fallo que establece penas de prisión, inhabilitación perpetua y obligaciones económicas.
Judiciales26 de agosto de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl Tribunal Oral Federal dictó sentencia en la causa por el desvío de fondos mineros que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de San Javier. Tras más de un año de audiencias, se resolvió la responsabilidad penal de ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, en un fallo que marca un precedente judicial y abre la puerta a nuevas instancias de apelación.
El tribunal condenó a Juan Alberto Cerisola a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos públicos. Fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública.
También fue condenada Olga Graciela Cudmani a tres años y dos meses de prisión, con igual inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública, al ser considerada coautora de defraudación en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán.
En tanto, Osvaldo Venturino recibió una condena de dos años de prisión en suspenso, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de reglas de conducta durante el tiempo que dure la pena.
El tribunal dispuso además el decomiso de los efectos del delito y la restitución económica a la Universidad Nacional de Tucumán. Cerisola y Cudmani deberán afrontar de manera solidaria el pago de más de 39 millones de pesos, mientras que Cudmani y Venturino fueron condenados al pago solidario de más de 700 mil pesos vinculados a una readecuación de obra.
Por otra parte, Luis Fernando Sacca fue absuelto por el beneficio de la duda respecto a los delitos que se le imputaban, entre ellos incumplimiento de deberes y defraudación a la administración pública.
La resolución incluye el mantenimiento de embargos e inhibiciones de bienes sobre los acusados hasta tanto la sentencia quede firme.
Juan Armando Jerez fue condenado por el homicidio de Camila Fernández. La pretensión punitiva expuesta por el Ministerio Fiscal fue respaldada por el tribunal de forma unánime.
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