En una audiencia que se extendió por más de siete horas, el juez Fabián Rojas resolvió dictar prisión preventiva por dos meses para tres de los acusados en la causa que investiga una presunta asociación ilícita en el municipio de Juan Bautista Alberdi. José Ignacio Fúnez, en cambio, fue liberado bajo medidas menos gravosas. La investigación apunta a una red delictiva enquistada en la estructura municipal desde 2003.
Judiciales27 de junio de 2025
Bajo la Lupa NoticiasDurante una extensa audiencia multipropósito realizada este viernes, el juez interviniente, Dr. Fabián Edgardo Rojas, resolvió no hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto a José Ignacio Fúnez —alias “Cuchamota”— y ordenó su libertad bajo medidas de menor intensidad. En cambio, dictó prisión preventiva por el plazo de dos meses para Pablo Barrionuevo, Albano Loru y José Roldán, tal como había solicitado el MPF. Los detenidos deberán cumplir la medida cautelar en Benjamín Paz.
A los cuatro acusados se les imputa el delito de Asociación Ilícita en calidad de Autores, aunque la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación. El caso está a cargo de la fiscal regional Mónica García, del Centro Judicial. Durante la audiencia, el Auxiliar Fiscal Sassi, formuló una acusación contra José del Carmen Roldán, Albano José Lorú, Pablo Ezequiel Barrionuevo (alias “Maceta”), José Ignacio Funes (alias “Cuchamota”).
Según la acusación, en una fecha no determinada —pero comprendida entre el año 2003 y el 6 de junio de 2025—, los imputados habrían conformado una estructura criminal organizada con fines delictivos, operando principalmente en Juan Bautista Alberdi. Se los vincula al manejo irregular de fondos públicos mediante contrataciones directas de obras, lo que habría beneficiado económicamente a los miembros del grupo, aprovechando su posición de poder.
El auxiliar fiscal Sassi identificó a José del Carmen Roldán —ex secretario de Hacienda desde 2003 hasta la reciente intervención municipal— como figura clave dentro de esta supuesta organización. También se atribuyó a la banda injerencia sobre la policía local, amenazas, posibles hechos de violencia extrema y vínculos con el narcotráfico. Todo ello, en un contexto que habría afectado el orden público de manera grave. El MPF solicitó prisión preventiva por seis meses.
Durante la audiencia, el fiscal también denunció un hecho de gravedad institucional: tras solicitar informes al interventor Guillermo Norry mediante la mesa de entrada de la Municipalidad de Alberdi sin obtener respuesta, se constató que todo el personal de esa área había sido removido. Norry se comprometió luego a entregar la documentación requerida.
Las defensas rechazaron el pedido de prisión preventiva. La Dra. Florencia Abdala argumentó que su defendido, José Roldán, padece una cirrosis hepática y está en lista de espera para un trasplante, solicitando por ello una medida menos gravosa.
Los cuatro imputados solicitaron declarar. Solo José Ignacio Fúnez aceptó preguntas del Ministerio Público. En su testimonio, denunció persecución política, laboral y judicial desde 2020 por parte de personas vinculadas a Roldán. Aseguró haber sido agredido por un tal “Cocó” Rodríguez mientras su esposa estaba embarazada, y afirmó que quienes lo enfrentaban políticamente hoy están presos por causas relacionadas con el narcotráfico. Se mostró disconforme con su situación procesal, ya que actúa como testigo protegido en una causa federal instruida por el fiscal Pablo Vehils Ruiz, mientras permanece imputado en la justicia provincial. "Si me condenan, yo puedo morir en una celda, porque esta gente me quiere matar. Le pido que me cuide. Yo nunca me escapé ni me voy a escapar", expresó ante el juez.
Fúnez también señaló que fue detenido sin orden judicial y acusó a Roldán y otros referentes políticos de Alberdi de maniobras persecutorias. Involucró al abogado Tomás Arce —defensor actual de Barrionuevo y anterior representante de “Cocó” Rodríguez— como partícipe de hostigamientos laborales y personales. Acusó también a la fiscal Mónica Targa de malos tratos en un procedimiento en su domicilio.
Relató haber denunciado amenazas del ex intendente Campos, luego de difundirse un audio en su contra. Según declaró, el propio Campos le habría restado importancia al audio, atribuyéndolo a una manipulación por inteligencia artificial. Dijo haber hecho la denuncia en Concepción un sábado, previo a ser trasladado por Gendarmería a declarar en el fuero federal. Consideró contradictorio que enfrente cargos provinciales mientras colabora como testigo federal. Concluyó reiterando que fue víctima de una estructura de poder local y que siempre se mantuvo a derecho.
Barrionuevo rechazó formar parte de una asociación ilícita y afirmó estar a disposición de la justicia. Dijo trabajar en el municipio de Alberdi desde 2020.
Albano Loru, por su parte, negó cualquier participación en una banda criminal o vínculos con el narcotráfico. Rechazó acusaciones de haber entregado drogas a cambio de votos en 2023. Aseguró no tener relación con los demás imputados, salvo la coincidencia laboral con Roldán, quien era secretario de Hacienda. Relató que fue detenido voluntariamente al advertir la presencia policial frente a su casa la madrugada del 25 de junio, y que las cámaras de seguridad secuestradas pueden confirmar su versión. Negó crecimiento patrimonial injustificado y aclaró que actualmente solo posee una motocicleta Honda Wave. Afirmó estar bajo tratamiento psiquiátrico desde hace cinco años con seguimiento profesional de la doctora Carol Andrea Olivera.
Por último, José Roldán también hizo uso de su derecho a declarar. Negó pertenecer a una asociación ilícita y rechazó vínculos con el narcotráfico. Aclaró que denunció a Fúnez por agravios, lo que —dijo— descarta cualquier posible asociación entre ambos. Sobre “Chipy” Jiménez, indicó que mantienen una denuncia cruzada en la justicia federal. Explicó que su hija es titular de una imprenta que presta servicios a organismos públicos y privados. Se mostró dispuesto a colaborar con la investigación.
Tras las declaraciones, las defensas de Barrionuevo, Loru y Roldán interpusieron recursos de impugnación contra la prisión preventiva dictada por el juez Rojas.
El defensor Tomás Arce (Barrionuevo) cuestionó la falta de fundamentación y la ausencia de valoración sobre el arraigo y condiciones personales de su asistido. Sostuvo que no se justificó cómo podría entorpecer el proceso.
El Dr. Javier Lobo Aragón (Loru) objetó que no se consideró la solicitud de una medida menos intensa y que se usó el mismo material probatorio para liberar a un acusado y mantener a otros detenidos sin justificación clara.
La Dra. Florencia Abdala (Roldán) denunció una errónea aplicación del artículo 236 del CPP y criticó que no se haya considerado la enfermedad hepática de su cliente ni se evaluara la posibilidad de arresto domiciliario.
El juez Rojas admitió los recursos por considerar que cumplían los requisitos de legitimidad y ordenó el pase al Tribunal de Impugnación, que deberá resolver la situación en los próximos días.
Nicolás Marcelo Fernández (24) está acusado de haber estrangulado con un cable a su pareja, el 30 de diciembre de 2023, en una vivienda del barrio Alfonsín de dicha ciudad.
El ex gobernador de Tucumán, sentenciado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual contra una sobrina, recibió el beneficio de cumplir su pena en un departamento de Puerto Madero. El juez impuso estrictas condiciones de cumplimiento.
Duras condenas dictó el Tribunal de Concepción contra cuatro hombres acusados de integrar una banda que operaba bajo la modalidad de “piratas del asfalto”. El caso fue investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos, tras un violento asalto ocurrido en 2022 en el sur tucumano.
La víctima es la abuelastra de uno de los acusados, quien junto a su novia hicieron diferentes gastos a través de internet, causando un grave perjuicio económico a la mujer.
La Justicia dictó un mes de prisión preventiva para Liliana Nadir Carrizo, acusada de robar el celular del gobernador Jaldo durante un acto en La Cocha. El hecho fue calificado como hurto simple y no se descartan posibles vínculos con grupos delictivos afectados por políticas oficiales.
Con más de 26 años de trayectoria en Concepción, la institución recibió herramientas y materiales para continuar con la capacitación gratuita en oficios. Los aportes fueron gestionados por el legislador Carlos Funez y apuntan a reforzar el trabajo de inclusión y contención social que desarrolla la fundación.
La Legislatura provincial aprobó una modificación a la Ley N° 7205, elevando la renta vitalicia para excombatientes de Malvinas al equivalente de dos salarios mínimos. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Claudio Viña, Walter Berarducci y Silvia Elías de Pérez, con apoyo unánime del cuerpo.
El hecho se produjo minutos después del mediodía a la altura de Los Aguirres, sobre el carril de circulación Norte a Sur.
La empresa abrió sus puertas el 22 de junio de 2023 y según lo confirmó Adolfo Saracho, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, son entre 8 y 9 los empleados que pierden su puesto laboral.
En una audiencia que se extendió por más de siete horas, el juez Fabián Rojas resolvió dictar prisión preventiva por dos meses para tres de los acusados en la causa que investiga una presunta asociación ilícita en el municipio de Juan Bautista Alberdi. José Ignacio Fúnez, en cambio, fue liberado bajo medidas menos gravosas. La investigación apunta a una red delictiva enquistada en la estructura municipal desde 2003.