Bajo la Lupa NoticiasEl juicio oral seguido contra cuatro hombres acusados de participar en un violento asalto sobre la Ruta Provincial 308, a la altura de Graneros, concluyó con duras condenas. El tribunal, integrado por los jueces Sergio Altamirano (presidente), Juan Fernando Saracho Daza y Raúl Robin Márquez, resolvió por unanimidad declarar culpables a Cristian Roberto Amaya, Jorge Matías Avellaneda, Álvaro Rodrigo González y Nicolás Fabricio Carrizo, por delitos cometidos bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.
El fiscal Héctor Fabián Assad, a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, sostuvo la acusación y celebró el fallo, al que calificó como una respuesta adecuada para la sociedad. “Fue un juicio histórico, con más de un mes de audiencias, en el que se debatieron cinco hechos delictivos y se logró desbaratar a una banda que se levantaba a hacer daño”, afirmó el funcionario judicial. Ya son más de diez las personas condenadas en esta causa.
El hecho principal ocurrió el 26 de octubre de 2022. Un camión que se dirigía hacia Córdoba para la compra de ganado fue interceptado sobre la Ruta 308 por un grupo de delincuentes disfrazados de policías. En ese episodio, los asaltantes se apoderaron de más de tres millones de pesos. Álvaro González, chofer del vehículo en ese momento, fue identificado posteriormente como parte del grupo delictivo y también resultó condenado.
Amaya fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita, robo agravado con armas en poblado y en banda, hurto agravado, robo agravado con arma no operativa y encubrimiento doloso. Avellaneda recibió una pena única también de 16 años, producto de la unificación con una condena previa de 3 años. Se lo encontró culpable de asociación ilícita y robo agravado.
Por su parte, González y Carrizo fueron condenados a 6 años y 8 meses de prisión, como partícipes necesarios del mismo robo agravado.
Durante el juicio, el tribunal valoró especialmente los testimonios de las víctimas, las identificaciones directas, las escuchas telefónicas y los informes técnicos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). A juicio del cuerpo colegiado, estas pruebas permitieron verificar con claridad la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal.
La defensa intentó desacreditar las pruebas y plantear la inocencia de los imputados, pero, según la valoración del tribunal, no logró desincriminarlos ante la contundencia del material probatorio expuesto en el debate.
Los condenados deberán cumplir sus penas en la Unidad Penitenciaria N.º 3 de la ciudad de Concepción, una vez cumplidos los trámites de rigor. Además, se dispuso la prórroga de las prisiones preventivas mientras la sentencia no quede firme, ya que aún restan posibles instancias recursivas.
