Condenaron a un joven por privar ilegítimamente de la libertad a un chofer de Uber

Los otros cinco implicados, menores de edad, resolvieron su situación procesal mediante una probation en el marco de la causa. En la investigación intervino la Unidad Fiscal en Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Mónica Torchán.

Según la acusación pública, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, alrededor de las 04:30 de la madrugada, cuando el imputado y un grupo de adolescentes simularon ser pasajeros de Uber, para abordar un vehículo en la intersección de calles Paso de los Andes y Uruguay, en San Miguel de Tucumán. Una vez en el interior, redujeron al conductor con amenazas, tomándolo del cuello y apoyándole un cuchillo en el abdomen para obligarlo a ingresar al baúl del vehículo.

Durante el traslado, los agresores le manifestaron que “se quedara tranquilo, que sólo necesitaban el auto para un ajuste de cuentas”. Minutos después, fue llevado a una vivienda ubicada a pocos metros del lugar, donde lo ataron de pies y manos, lo sentaron en una silla y le cubrieron la cabeza con una campera.

Vecinos que advirtieron movimientos sospechosos alertaron a la policía, lo que permitió una rápida intervención. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron el vehículo dentro del domicilio y, al ingresar, encontraron a la víctima tal como había sido atada, custodiada por varios adolescentes. Todos los involucrados fueron aprehendidos en el acto.
“La víctima fue sorprendida mientras trabajaba y sometida a una situación de extrema violencia. El hecho fue cometido con una clara planificación y distribución de tareas entre todos los involucrados”, sostuvo Torchán durante la audiencia.

La fiscalía presentó las pruebas recolectadas y solicitó una condena para Leonardo Sebastián Carrizo (22), quien fue hallado penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la intervención de menores de edad. Se acordó una pena de tres años de prisión condicional, además del pago de $300.000 en concepto de reparación a la víctima.

El juez actuante homologó el convenio en su totalidad.