“Chipy” Giménez: Preso por seis meses y al Penal de Benjamín Paz

En el marco de una audiencia multipropósito realizada este sábado, la Justicia dispuso que Roque Cayetano “Chipy” Giménez quede detenido con prisión preventiva por un plazo de 6 meses. Se lo imputó por participación en calidad de coautor respecto del primer hecho investigado, y como autor del segundo, según lo establece el artículo 45 del Código Penal. La calificación legal, aclararon, podría modificarse a medida que avance la investigación.

El caso está a cargo de la fiscal regional Mónica García, del Centro Judicial Concepción, y fue declarado “Causa de Asunto Complejo” por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y resolución del juez interviniente, Dr. Raúl Ángel Robín Márquez.

La investigación se inició a partir de la filtración de dos audios en los que se escucha a Giménez manteniendo una conversación telefónica con el exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos. Según expuso la Fiscalía durante la formulación de cargos, los hechos habrían ocurrido entre el 18 de septiembre de 2024 y el 5 de junio de 2025.

En la audiencia celebrada esta mañana, el auxiliar fiscal Bernardo Raúl Sassi explicó que en dichas grabaciones ambos interlocutores evidenciaban compartir intereses y conocimientos sobre presuntos hechos delictivos, como el manejo de la fuerza policial, la comercialización de estupefacientes y hasta el “control sobre la vida y la muerte” de habitantes del municipio.

La acusación sostiene que esta conversación fue grabada con el objetivo de generar desórdenes y atentar contra la paz y el orden público. Posteriormente, fue difundida a través de redes sociales como TikTok, Facebook y WhatsApp, y se viralizó el 5 de junio de 2025. El impacto del audio, de acuerdo al MPF, fue tal que derivó en la intervención del municipio de Alberdi por parte del Poder Ejecutivo el 9 de junio.

En ese mismo contexto, y con el presunto propósito de profundizar el temor social, Giménez habría difundido un segundo audio, también mediante redes sociales, el cual tomó estado público el 12 de junio de 2025.

Estos hechos, afirma el Ministerio Público, se encuadran penalmente en los delitos de intimidación pública (art. 211 del Código Penal) y atentado contra el orden público (art. 213 bis), en concurso real conforme al artículo 55. Se le imputa a Giménez participación en calidad de coautor respecto del primer hecho, y como autor del segundo, según el artículo 45 del mismo cuerpo legal.

Por su parte, el defensor de Giménez, el Dr. Raúl Eduardo Antoni, rechazó los planteos del MPF por considerarlos carentes de sustento, y solicitó el sobreseimiento de su defendido y su inmediata libertad.

Giménez decidió prestar declaración. Reconoció haber participado en los audios que forman parte de la causa, y aseguró que los mismos fueron grabados sin su consentimiento. Afirmó que esos registros son del año pasado y que, lejos de constituir una amenaza aislada, fueron consecuencia de una serie de hechos previos que él venía denunciando desde hacía tiempo, sin recibir respuestas por parte de las autoridades judiciales.

Según su testimonio, Giménez presentó denuncias reiteradas en la Comisaría de Juan Bautista Alberdi contra José Ignacio Fúnez —a quien identificó como “Cuchamota”— y Coco Rodríguez, a quienes acusó de amenazas, extorsión y persecución. Señaló que estos hechos eran conocidos por el exintendente Luis Armando Campos, con quien mantenía un vínculo de larga data, y por la fiscalía, que, según dijo, no avanzó en la investigación ni ordenó medidas ante sus denuncias.

El imputado relató que el 18 de septiembre de 2024 sufrió el robo de herramientas de trabajo en un galpón que utilizaba como obrador, y que luego vio publicaciones en redes sociales de Fúnez exhibiendo el lugar, situación que —afirmó— agravó su malestar. Dijo que los problemas con la Municipalidad se intensificaron por deudas impagas y falta de fondos públicos que paralizaron una obra contratada.

Al día siguiente del robo, solicitó una audiencia con el entonces intendente Campos, quien lo llamó por teléfono. La conversación, que según Giménez fue grabada de manera encubierta, se desarrolló mientras él se encontraba en la sede municipal. Reconoció que reaccionó de forma inapropiada por la impotencia del momento, y que luego pidió disculpas al propio intendente y al jefe de la comisaría local.

Respecto al segundo audio, explicó que surgió tras un llamado desde la Casa de Tucumán en Buenos Aires, donde le consultaron por el estado de una obra destinada a un niño oncológico internado en el Hospital Garrahan. Giménez negó haber ejecutado dicha obra, criticó el uso de su nombre y su empresa sin autorización, y señaló al hijo del intendente —quien era director de Acción Social— como responsable de no dar respuestas. En ese contexto, expresó su enojo por lo que calificó como una manipulación de su situación económica y la necesidad de una familia vulnerable.

A preguntas del Ministerio Público Fiscal, Giménez confirmó que el interlocutor del primer audio era el exintendente Campos y que la conversación se produjo el 19 de septiembre de 2024. Reconoció que mantenía una relación contractual con la Municipalidad a través de su empresa unipersonal “Giménez Consulting Group”, y que había realizado al menos dos obras: una sala velatoria y trabajos en el ex mercado municipal, esta última paralizada por falta de pago. Aclaró que no participó de procesos licitatorios, sino que presentó presupuestos y proyectos a pedido de funcionarios municipales.

Consultado sobre las amenazas, reiteró que Fúnez y Rodríguez —a quienes identificó como empleados municipales y vinculados al Gremio CTA y ATE Juvenil— le exigieron puestos de trabajo para personas del sindicato bajo advertencias de represalias. Describió un episodio en el que, según dijo, Fúnez le disparó con un arma de fuego mientras circulaba en su vehículo. Afirmó haber denunciado ese hecho y responsabilizó a la fiscalía por la inacción.

Finalmente, expresó sus disculpas por los términos empleados en los audios, insistió en que su intención nunca fue alterar el orden público, y reiteró que su reacción se debió al hartazgo acumulado por lo que calificó como persecución e injusticia.

Por último, el auxiliar fiscal Sassi solicitó la prisión preventiva de Roque Cayetano Giménez por el plazo de seis meses, al considerar que existen pruebas suficientes que lo vinculan con los hechos investigados. Según el Ministerio Público Fiscal, los audios difundidos por redes sociales evidencian que Giménez tuvo participación directa en maniobras que alteraron gravemente el orden público en Juan Bautista Alberdi y derivaron en la intervención del municipio.

En ese sentido, se sostuvo que el delito efectivamente existió y que el imputado reconoció, junto a su defensa técnica, haber participado en las conversaciones grabadas. El auxiliar fiscal Sassi afirmó que el contenido de los audios, sumado a las circunstancias de su viralización —uno de ellos fue difundido incluso después de que se le notificara la apertura de la investigación—, refuerza la hipótesis de que Giménez actuó con la intención de intimidar y generar temor en la población.

La Fiscalía consideró que existe riesgo de fuga, dado que el imputado habría falseado sus domicilios declarados, incluyendo uno inexistente y otro en el que no hay constancia de residencia estable. También se puso en duda la veracidad del domicilio vinculado a su actividad comercial y se mencionó un presunto crecimiento patrimonial “exponencial” ligado a su relación con el municipio.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, se señaló que Giménez mantiene vínculos estrechos con el exintendente Luis Campos —con quien protagoniza los audios en cuestión— y posiblemente con otras personas que podrían interferir en la recolección de pruebas, alterar documentación o dificultar la tarea de normalización administrativa y judicial en el municipio intervenido.

Además, se hizo mención a la existencia de otras causas abiertas, tanto en la fiscalía criminal de la capital como en la justicia federal, relacionadas con delitos de resistencia a la autoridad y presunto narcotráfico.

Por último, el auxiliar fiscal Sassi solicitó que la causa sea declarada de “asunto complejo”, en virtud de la gravedad de los hechos, el contexto político-institucional y la proyección que la investigación podría tener respecto a otros posibles involucrados.

El Dr. Antoni, defensor de Giménez, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal, al considerarlo “totalmente elevado”. También objetó los fundamentos presentados por el auxiliar fiscal Sassi, quien aseguró que los audios que circulan en la causa habrían sido viralizados por el propio Giménez.

La defensa sostuvo que tal afirmación no se ajusta a la lógica, ya que resulta “inentendible que una persona se autoincrimine difundiendo material que lo compromete en un delito”. Agregaron que las conversaciones telefónicas –incluso una mantenida con el intendente– habrían sido grabadas y viralizadas por terceros, sin el consentimiento de Giménez.

Con respecto a los domicilios informados en el expediente, los abogados explicaron que Giménez ya dio cuenta del uso de direcciones previas, como la del ex mercado y la de su padre, y que su residencia actual en San Miguel de Tucumán obedece a motivos de seguridad. Según la defensa, el acusado decidió trasladarse con su familia a esa ciudad a raíz de amenazas que habría recibido por parte de personas mencionadas en el expediente, como Roldán y Fúnez. Afirmaron, además, que Giménez comunicó voluntariamente su nuevo domicilio a la Fiscalía, poniéndose a disposición de la Justicia para garantizar el normal desarrollo del proceso.

En cuanto a su situación de salud, el abogado defensor informó que Giménez es diabético e hipertenso, por lo que requiere cuidados médicos, control alimentario y acceso regular a medicación. Por tal motivo, y en caso de que se dictara una prisión preventiva, solicitaron que la medida se cumpla en su domicilio, argumentando también que el acusado no cuenta con recursos económicos para fugarse ni para obstaculizar el proceso. Señalaron, incluso, que podría establecerse una consigna policial fija para garantizar su localización y cuidado.

El propio Giménez tomó la palabra para reiterar que se presentó voluntariamente ante la Justicia. Dijo ser el único sustento de su familia, mencionó el reciente nacimiento de su hija de seis meses y remarcó la necesidad de continuar con su tratamiento médico.

Por su parte, el auxiliar fiscal Sassi rechazó el pedido subsidiario de prisión domiciliaria al considerar que las dolencias mencionadas –diabetes e hipertensión– no fueron acreditadas con documentación médica. Añadió que, incluso si dichas condiciones fueran reales, pueden ser tratadas en el penal de Villa Urquiza, que cuenta con atención médica adecuada. El auxiliar fiscal Sassi también sostuvo que el lugar donde actualmente se encuentra alojado Giménez sería apto para continuar con el control de su salud, ya que está cerca de su domicilio y puede recibir allí la alimentación especial que requiere.

El juez interviniente rechazó los planteos de la defensa técnica de Roque Cayetano Giménez y resolvió declarar legítima y legal su aprehensión, llevada a cabo el 12 de junio de 2025, conforme al artículo 233, inciso 2, del Código Procesal Penal de Tucumán. También se tuvo por válida la apertura de investigación, dispuesta el 6 de junio y notificada al imputado el 11 del mismo mes, con la designación del Dr. Raúl Antoni como defensor.

El magistrado no hizo lugar a la oposición de la defensa respecto a la formulación del cargo y tuvo por formalizada la investigación en su contra, encuadrando la conducta de Giménez en los delitos de intimidación pública en concurso real con atentado contra el orden público, conforme a los artículos 211, 213 y 45 del Código Penal. Los hechos habrían ocurrido entre el 18 de septiembre de 2024 y el 5 de junio de 2025, en calidad de coautor en el primer hecho y autor en el segundo.

Asimismo, se hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y se declaró la causa como asunto complejo, según lo previsto en el artículo 389 del Código Procesal Penal de Tucumán. Fue rechazado el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa y también los planteos para evitar la prisión preventiva o reemplazarla por arresto domiciliario.

Finalmente, el juez ordenó la prisión preventiva por el término de seis meses, a computarse desde la fecha de la resolución, y dispuso el traslado de Giménez a la Comunidad Penitenciaria de Benjamín Paz, previa tramitación administrativa correspondiente. También se instruyó a la Oficina de Gestión de Audiencias para que oficie a la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y se realicen las comunicaciones pertinentes a los organismos públicos involucrados. Ante un planteo del defensor, quien mencionó que Giménez es exmilitar y solicitó su alojamiento en la Unidad 6 de Villa Urquiza, el juez indicó que cualquier pedido en ese sentido deberá ser presentado formalmente y con la documentación correspondiente para su análisis.