La justicia sella el futuro de empresarios ganaderos por robo de 3.500 vacas a firmas de Buenos Aires

Un tribunal define el futuro inmediato de empresarios nacionales, sospechados de conformar una presunta "asociación ilícita" que posibilitó el robo de 3.500 cabezas de ganado y envíos a diferentes distritos nacionales, incluido Santiago del Estero.

En las próximas horas los vocales Sandra Generoso, Gabriela Núñez y Cristian Vittar develarán si envían a juicio al grupo de imputados: Luis y Joaquín Magliano, representados por Rodrigo Martorel y Gerardo Gramática Bosch; Daniel Alperovich, por el abogado Martín Basbús; Enrique Demichelis, por Luis Lugones y Lautaro Peralta Galván; Juan Pablo Miretti y Mauricio Moyano, por Diego Lindow y Jorge Navarro.
La acusación es potestad de los fiscales Delitos Complejos y el querellante es Néstor González, por las empresas damnificadas, "El 38 "y "El Tránsito".

La Fiscalía envió a juicio a los imputados en agosto del 2024, pero las defensas contragolpearon con sendas apelaciones y resueltas en hacer caer la figura de "asociación ilícita" que pesa sobre los imputados.

El prólogo

Todo se precipitó entre febrero y marzo de 2021. Las firmas "San Eugenio SA", "El Tránsito SA" y "El 38 SA" denunciaron el faltante de 3.500 animales enviados a establecimientos de engorde de ODC en Santiago del Estero, propiedad de Magliano.

Semanas después, fueron sido recuperados 1.500 animales. En forma simultánea, fueron detenidos Luis Magliano, Damián Manzaneli, apoderado de ODC, y Juan Pablo Miretti, propietario de "Agrolam SA", de Quimilí, Moreno.

Dicha firma habría recibido hacienda enviada por "ADBlick Ganadería" para brindar un servicio. Era ganado que ADBlick le compró a ODC, pero que, al parecer, pertenecía a las firmas denunciantes del faltante.

Le siguió también la imputación de José Andrés Demicheli, de "ADBlick Ganadería".

En pleno revuelo nacional, la mayoría de los animales recuperados fueron localizados en campos propiedad de Alperovich (h).

Hubo diversos operativos. Algunos, se iniciaron en el establecimiento "La Galesa", situado en Pozo Hondo, Jiménez, y prosiguieron en Bandera Bajada, departamento Figueroa.

Ya imputado, Daniel Alperovich, declaró como imputado. En esencia, respondió por qué las vacas desaparecidas en Santiago del Estero terminaron en un establecimiento rural suyo. Fue representado por el abogado Eugenio Chavarría.

Alperovich está imputado por "asociación ilícita", en calidad de miembro. La Fiscalía le atribuye haber acordado con Luis Magliano, su hijo Joaquín, Damián Manzanelli, José Demichelis y Juan Pablo Miretti una maniobra para quedarse con los animales pertenecientes a las cuatro sociedades de Buenos Aires.

Resarcimiento acordado con algunos de los imputados

Demichelis, Alperovich y Miretti habrían acordado resarcir a las empresas damnificadas, a excepción de Magliano.

Aún así, el proceso arribó a una instancia decisiva y los abogados defensores apuestan todo en hacer caer la acusación, ya que "no han sido acreditadas las figuras de asociación ilícita", resaltaron en la jornada inaugural.

"Esta investigación carece de sustento. La asociación ilícita no pudo coronar el cierre de la investigación y posterior elevación a juicio", señaló Diego Lindow.

De todos modos, vale destacar que durante la instrucción, la fiscal, Mariela Bitar de Papa, condujo diversos allanamientos y recupero varios cientos de cabezas de ganado.

El proceso se tradujo en allanamientos, con exhortos y colaboración de jueces en las provincias de Córdoba, Salta, Santa Fe y otras jurisdicciones.

Uno se materializó en un importante feedlot de Amstrong, al sur de Santa Fe. Después, en campos de Salta. En definitiva, el proceso dejó entrever vínculos empresariales y/o negocios ganaderos de empresarios y políticos. Un funcionario simplificó que la presunta asociación ilícita se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19.

¿Por qué era vital? El confinamiento y las trabas impidieron la realización de auditorías y controles presenciales, lo cual quizá habría precipitado el proceso con mayor contundencia. Lo opuesto se habría traducido en el negocio millonario desentrañado por la Justicia.

Fuente: El Liberal