Las acusadas pretendían el alta como empleadas públicas en un establecimiento de la localidad Medinas mediante la presentación de instrumentos adulterados. Accedieron a una suspensión de juicio a prueba.
Judiciales13 de mayo de 2025
Bajo la Lupa NoticiasPor intentar tomar posesión de cargos públicos en una escuela de la localidad de Medinas presentando documentación apócrifa, dos mujeres de 27 y 26 años deberán realizar tareas comunitarias y pagar una reparación económica.
Las acusadas accedieron a una suspensión de juicio a prueba presentado por sus defensas, la cual obtuvo dictamen favorable del Ministerio Fiscal.
En octubre del año pasado, la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Mónica García de Targa, las había imputado como autoras del delito de uso de documento falsificado o adulterado, en concurso ideal con el delito de tentativa de estafa a la administración pública.
De acuerdo a la acusación fiscal, el caso se remonta al 13 de mayo de 2024, cuando ambas concurrieron a la Escuela Coronel Ignacio Warnes de la localidad de Medinas, a los fines de tomar posesión de cargo como personal auxiliar en la institución. Para ello, exhibieron a la directora del establecimiento notas dirigidas a ella que indicaban que habían sido designadas para tal cargo mediante decretos suscriptos por la Secretaria de Educación y la Ministra de educación de la provincia, siendo ambos instrumentos falsos en sus contenidos y firmas, al tratarse de decretos inexistentes y las firmas escaneadas.
Con esta conducta, pretendieron engañar y hacer incurrir en un error a la Administración Pública, procurando su alta como empleadas públicas, sin lograr su cometido por la fiscalización efectuada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.
La aplicación del instituto de la probation, aceptada por el juez interviniente, consiste en que las mujeres deberán realizar tareas de limpieza en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, de la localidad de La Trinidad. Dichos trabajos serán una vez por semana, por el plazo 12 meses. Asimismo, se comprometieron a abonar la suma de $120.000 pesos cada una en concepto de reparación integral por el daño causado.
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Juan Armando Jerez, de 28 años, está acusado del asesinato de Camila del Carmen Fernández (25), ocurrido en la noche del 5 de octubre de 2024, en un domicilio del barrio Ampliación Eva Perón de Tafí Viejo. La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal es la prisión perpetua.
El imputado, de 21 años, conducía alcoholizado cuando invadió el carril contrario y embistió la moto en la que viajaba la víctima, de 18 años. El hecho ocurrió en junio pasado en la intersección de Tomás Guido y Los Laureles.
El escrito ingresado en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa a Carlos Aníbal Cisneros, diputado nacional y titular de La Bancaria, de liderar una organización destinada a manipular pruebas y testigos en la causa de abuso sexual contra José Ignacio Florentín. La denuncia también alcanza a la abogada Patricia Neme y a M. L. P., quien había denunciado por abuso sexual a Florentín y ahora es señalada por falso testimonio y adulteración de pruebas. Se pide la detención inmediata de varios implicados.
La familia denuncia demoras en las pericias, falta de rastrillajes y ausencia de resultados en la investigación. La madre advierte que sin detenciones no habrá avances en el caso.
En los operativos, la Policía recuperó objetos robados y descubrió más de 400 gramos de cocaína, dinero en efectivo y elementos para fraccionar la droga. Una joven de 25 años quedó detenida e imputada.
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