Bajo la Lupa NoticiasEl conflicto por la ocupación de terrenos en la Reserva Natural La Angostura llegó a su fin luego de que la Justicia provincial desestimara el último intento de frenar el desalojo del "Loteo Gaucho Castro". Con esta decisión, la Provincia podrá recuperar los terrenos protegidos, vendidos de manera irregular en los últimos años.
Desde ayer, los ocupantes comenzaron a retirar sus pertenencias, acatando la orden judicial que les dio un plazo para desocupar las parcelas adquiridas entre 2020 y 2023. En caso de resistencia, se prevé la intervención de las fuerzas de seguridad.
El juez Mario Velázquez, quien rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar dictada el 31 de enero, instó al Ministerio Público Fiscal a avanzar en la audiencia de formulación de cargos contra los responsables de la comercialización de estos lotes.
El origen del conflicto
En octubre pasado, empleados estatales detectaron la ocupación ilegal de la reserva. Ante esta situación, la Policía destruyó cercados y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó la suspensión de la venta de lotes y la detención de las construcciones. La Justicia avaló la medida para preservar el área protegida.
A mediados de enero, la Fiscalía de Estado denunció penalmente a los vendedores y a cualquier persona involucrada en el negocio ilegal. Luego, junto con el Ministerio Público, solicitaron la restitución de las tierras sin audiencia previa, una decisión que fue avalada por la Justicia.
La resistencia de los compradores
Algunos compradores intentaron frenar la restitución de tierras alegando que habían residido allí desde el año 2000 o que la Provincia no señalizó adecuadamente que el área era una reserva natural. También presentaron boletos de compraventa y documentos relacionados con un juicio sucesorio.
Sin embargo, el fiscal Miguel Varela rechazó estos argumentos, afirmando que la documentación no acreditaba derechos sobre los terrenos. “Estamos ante un negocio ilícito basado en boletos de compra sin sustento legal”, sostuvo.
El juez Velázquez ratificó esta postura en su fallo. “Los bienes de dominio público no pueden ser adquiridos por particulares. Además, al tratarse de una reserva natural, cualquier construcción requiere la autorización de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre”, señaló.
Denuncias por malos tratos y el desenlace final
Durante las audiencias, algunos compradores denunciaron malos tratos por parte de la Policía. Un hombre aseguró que un efectivo agredió a su hijo con autismo. Desde el Ministerio de Seguridad negaron las acusaciones. No obstante, Velázquez ordenó que los policías sean instruidos para evitar abusos y que se investigue la denuncia.
Finalmente, quienes no presentaron impugnaciones deberán abandonar el lugar. La mayoría de los compradores ya iniciaron la retirada de materiales y pertenencias, con plazo hasta el lunes. Solo aquellos que recurrieron a la Corte Suprema podrían frenar la medida, aunque sus posibilidades son limitadas.
Con este fallo, la Provincia avanza en la recuperación de los terrenos protegidos y en el proceso judicial contra los responsables del loteo ilegal.
