El Gobierno provincial firmó un acuerdo con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) que establece un incremento salarial del 10 % hasta mayo, distribuido en tres tramos. Además, se garantizó la estabilidad laboral y mejoras en la Ley de Cargas Sanitarias. El piso salarial llegará a $880.000, y se actualizarán beneficios para más de 2.500 trabajadores del sector.
Política06 de marzo de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEl gobernador Osvaldo Jaldo firmó este miércoles un nuevo acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), a fin de garantizar una mejora en los haberes de los trabajadores del sector público.
El Primer Mandatario estuvo acompañado por los ministros Regino Amado de Gobierno y Justicia, Daniel Abad de Economía, Luis Medina Ruiz, de Salud, el secretario ejecutivo contable del SIPROSA, Fabio Andina, así como por el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín. ATSA estuvo representada por su titular, Reneé Ramírez.
El acuerdo establece un aumento del 10 % hasta mayo para el personal de la Administración Pública Centralizada, Organismos Descentralizados y Comunas Rurales, distribuido en tres etapas: un 5 % desde el 1 de febrero de 2025, un 2,5 % adicional desde el 1 de abril y otro 2,5 % desde el 1 de mayo. Además, se dispuso que la asignación familiar por hijo será de $20.000 a partir del 1 de febrero.
Jaldo comentó que “no es casualidad que esta sea la sexta vez que nos reunimos: cinco veces en 2024 y una en 2025. Lo importante, más allá de los porcentajes o ítems específicos, es la voluntad de ambas partes de mantener una mesa de negociación”.
En este contexto, opinó que “es significativo que estemos discutiendo recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales, en lugar de despidos y cesantías, como ocurre en otras provincias. En muchos lugares, los gremios están en la calle luchando por la reincorporación de trabajadores. Aquí, en cambio, aseguramos estabilidad laboral y condiciones dignas”.
El gobernador reconoció “el trabajo de ATSA y su compromiso con la salud pública, no solo en la defensa de los derechos laborales, sino también en la creación de oportunidades, como las escuelas de enfermería, que cubren una necesidad clave tanto en el sistema público como en el privado, dentro y fuera de la provincia”.
A su vez, indicó que “es importante que los trabajadores comprendan lo que se ha logrado en el tiempo: mejoras salariales, estabilidad laboral y crecimiento del sistema de salud pública”.
Jaldo dijo que “el Gobierno no solo garantiza los salarios y condiciones laborales, sino que también trabaja para dotar a los hospitales de insumos, tecnología y recursos necesarios para un servicio eficiente”.
Por último, destacó que “Tucumán es una provincia financieramente equilibrada, administrada con responsabilidad y con un gobierno que cumple sus acuerdos. Los salarios se pagan en tiempo y forma, y las negociaciones continuarán para seguir mejorando las condiciones laborales”.
Amado manifestó que “en esta jornada participaron ATE, el Frente Gremial Estatal, la Unión de Gremios Estatales y ATSA, mientras que mañana continuarán las negociaciones con UPCN, Vialidad, Subsidio de Salud, Policía y otros sectores”.
A su vez, dijo que “más allá del incremento salarial del 10%, un punto clave en las discusiones ha sido la estabilidad laboral. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde hay despidos y cierre de reparticiones, en Tucumán no habrá ajustes que afecten a los trabajadores. El Gobierno mantiene su compromiso de garantizar la planta permanente para quienes cumplen los requisitos, asegurando previsibilidad y tranquilidad a las familias”.
A su vez, opinó que “si bien algunos consideran insuficiente el aumento, la recomposición busca cubrir la inflación de enero (2.1%) y la proyectada de febrero (alrededor del 4%). El incremento se pagará en tres tramos: 5% en marzo, 2.5% en abril y 2.5% en mayo, con la posibilidad de nuevas revisiones según la situación económica”.
Destacó que “el Estado sigue priorizando salud, seguridad y educación pública, en un contexto donde muchas familias dependen de estos servicios esenciales. El diálogo con los gremios continúa, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del Estado”.
A su turno, Ramírez, manifestó que “tras varias discusiones, alcanzamos un acuerdo que, aunque siempre hay mayores expectativas, representa avances importantes. Se estableció un aumento del 10% en tres cuotas, elevando el piso salarial a $880.000 de bolsillo para el trabajador con menor ingreso”.
Resaltó que “logramos también que la Ley de Cargas Sanitarias se pague en su totalidad para quienes estén a cinco años de jubilarse, en lugar de dos, beneficiando a un gran número de trabajadores al garantizarles el 100% de la carrera sanitaria al momento del retiro”.
Otro punto clave, indicó que “es la nivelación salarial de los compañeros que estudiaron en otras provincias. Aunque ya perciben una diferencia salarial, buscamos que el SIPROSA formalice esta nivelación mediante una resolución. Esto beneficiará a más de 2.500 trabajadores. Además, se actualizaron las libres disponibilidades, estableciendo como parámetro el 50% del piso salarial de cada nivel. Por ejemplo, con un sueldo base de $880.000, la jornada completa alcanzará los $440.000”.
El gobernador y la intendenta se reunieron para coordinar acciones entre la Provincia y el municipio, abordando temas de gestión, obras y el escenario electoral.
El curso, que es totalmente gratuito, comienza hoy viernes y tendrá una duración de ocho módulos, con una clase por semana. Se dictará en la Facultad Tecnológica de Tucumán – Anexo Concepción, bajo una modalidad híbrida que combinará instancias presenciales y virtuales.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, tomó juramento a Elena Hurtado como nueva interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. La funcionaria destacó su trayectoria en el sistema sanitario y se comprometió a mejorar la cobertura para los 350.000 afiliados.
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La posible clausura de un distrito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) generó gran preocupación entre el gremio AEFIP y el Colegio de Contadores. Ambas organizaciones consideran que la medida, que entró en vigencia el miércoles y tiene un plazo de 40 días, afectará tanto a los trabajadores como a los contribuyentes, que se verán obligados a trasladarse a otros puntos para realizar trámites. Se intensifican las gestiones para revertir la decisión.
En la localidad de Alto Verde, delincuentes ingresaron a un galpón y sustrajeron 30 cubiertas de distintos vehículos. Tras la denuncia del propietario, la policía inició una investigación y logró recuperar parte del botín en un rastrillaje en zonas rurales. La Fiscalía continúa con las pesquisas para identificar a los responsables.
El cierre de la oficina de ARCA en Concepción genera preocupación en el sur tucumano. Ante esta situación, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, propuso un inmueble sin costo para evitar la pérdida del servicio en la región. Este ofrecimiento, que fue primicia de Bajo la Lupa, marca un intento de preservar una dependencia clave para contribuyentes y trabajadores.
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