El gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, brindaron hoy una conferencia de prensa para aclarar las dudas sobre las recategorizaciones y los aumentos en las tarifas de luz que afectan a miles de tucumanos. En un contexto de creciente preocupación social, ambos funcionarios subrayaron el esfuerzo del Gobierno provincial por mitigar el impacto de los cambios en los subsidios energéticos y garantizar la transparencia en la aplicación de las medidas.
Política23 de enero de 2025
Bajo la Lupa NoticiasEn una conferencia de prensa realizada hoy, el gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, se refirieron a la creciente preocupación social generada por los posibles aumentos en la tarifa de luz y la incertidumbre que podría traer la recategorización de los usuarios en la provincia.
Jaldo expresó su preocupación por la situación que afecta a miles de tucumanos, asegurando que "hoy hay un servicio que realmente está preocupando mucho a la sociedad por los montos, por las compensaciones, por las categorizaciones". En ese sentido, destacó que el Gobierno provincial busca aclarar esta problemática basándose en documentación oficial, y no en especulaciones políticas. "Tenemos a la gente desconcertada, pero a la hora de la verdad tiene que pagar la boleta de la luz", señaló Jaldo, quien insistió en la necesidad de que los organismos competentes brinden claridad sobre cómo las medidas nacionales impactarán en las facturas de electricidad.
Por su parte, Ascárate explicó el procedimiento que se lleva a cabo desde el ERSEPT para verificar la situación de cada usuario respecto a los subsidios energéticos. Aclaró que la Nación es la encargada de definir la segmentación de los subsidios a través del Registro Argentino del Subsidio Energético (RASE), el cual se actualiza mensualmente y es notificado a las distribuidoras. "Nosotros verificamos la situación de cada usuario, en el caso en que se quisiera quitar el subsidio o disminuir el valor del subsidio", detalló Ascárate, subrayando que esta acción no se realiza de manera selectiva, sino que afecta a todos los usuarios por igual.
Además, Ascárate desmintió las informaciones que indicaban que 60.000 usuarios tucumanos habrían perdido el subsidio. "Esa cantidad no ha sido dada de baja, las facturas se emitieron con el subsidio vigente. En el Ente Regulador verificamos caso por caso", explicó el funcionario.
La problemática no se limita a Tucumán, ya que otras provincias como Chaco, Formosa y Salta también enfrentan modificaciones en la asignación de subsidios. Sin embargo, Ascárate destacó que en Tucumán se han implementado medidas para mitigar el impacto en los usuarios. "En Tucumán, 180.000 usuarios cuentan con tarifas sociales provinciales, que reducen a la mitad el valor del servicio de distribución. Se les cobra la mitad del valor cuando les llegan las facturas. Esto es posible gracias al fondo compensador tarifario que aporta la provincia", concluyó Ascárate.
La conferencia dejó en claro el esfuerzo del Gobierno provincial por ofrecer soluciones ante un contexto complejo de aumentos tarifarios, pero también por brindar transparencia y claridad a la población tucumana frente a las dudas generadas por las recategorizaciones y los cambios en los subsidios.
En febrero, más de 32.400 tucumanos recibirán la nueva tarjeta Alimentar Independencia, que reemplazará los módulos físicos por un sistema de compra directa en negocios y supermercados. En marzo, el beneficio alcanzará a cerca de 70.000 personas.
El Gobierno de Tucumán iniciará en febrero la segunda etapa de reparaciones de la presa número tres, financiada con recursos propios. La Provincia también impulsa acciones judiciales contra la concesionaria por incumplimientos en el mantenimiento.
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que las ampollas encontradas en un domicilio de Tucumán corresponden a nalbufina, un medicamento menos potente usado bajo estricta receta médica. Las autoridades descartaron la presencia de fentanilo y solicitaron esperar el avance de la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hallazgo.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, afirmó en declaraciones a LA GACETA que la norma vigente es obsoleta y afecta la autonomía de los municipios y comunas. Propone una distribución más equitativa de los recursos provinciales para garantizar el desarrollo local.
El 20% se pagará hasta el sábado 1 de febrero. Mientras que el 80% (parte complementaria) podrá ser retirada de los cajeros automáticos desde el martes 4 de febrero al jueves 6.
En el marco del Plan Provincial de Abordaje contra el dengue, la Dirección General de Salud Ambiental intensificó las acciones en zonas con casos confirmados. Las tareas incluyeron descacharreo, búsqueda activa de sintomáticos, toma de muestras y fumigación. Además, destacaron la importancia del trabajo conjunto con gobiernos locales y la prevención en los hogares para combatir al mosquito Aedes aegypti.
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que las ampollas encontradas en un domicilio de Tucumán corresponden a nalbufina, un medicamento menos potente usado bajo estricta receta médica. Las autoridades descartaron la presencia de fentanilo y solicitaron esperar el avance de la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hallazgo.
En febrero, más de 32.400 tucumanos recibirán la nueva tarjeta Alimentar Independencia, que reemplazará los módulos físicos por un sistema de compra directa en negocios y supermercados. En marzo, el beneficio alcanzará a cerca de 70.000 personas.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, brindaron hoy una conferencia de prensa para aclarar las dudas sobre las recategorizaciones y los aumentos en las tarifas de luz que afectan a miles de tucumanos. En un contexto de creciente preocupación social, ambos funcionarios subrayaron el esfuerzo del Gobierno provincial por mitigar el impacto de los cambios en los subsidios energéticos y garantizar la transparencia en la aplicación de las medidas.