El Gobierno anunció que los hospitales públicos y las universidades podrán cobrarles a los extranjeros

El Gobierno nacional anunció este martes una serie de cambios en el régimen migratorio, entre ellos, la posibilidad de que hospitales públicos y universidades nacionales comiencen a cobrar aranceles a extranjeros no residentes. Además, se incorporarán nuevos delitos en el Código Penal para restringir el ingreso y facilitar la expulsión de inmigrantes en casos específicos.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas medidas buscan "un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos". Según Adorni, los organismos nacionales, provinciales y municipales podrán establecer condiciones para la atención médica, incluida la opción de aplicar aranceles.

El vocero citó el caso de la provincia de Salta como ejemplo exitoso. Desde la implementación de un decreto provincial que fija aranceles para la atención médica de extranjeros no residentes, el número de consultas de pacientes no argentinos en hospitales públicos disminuyó un 95%, generando un ahorro de 60 millones de pesos.

“La medida no solo implica un ahorro fiscal significativo, sino también una mejora en la atención para los residentes del país”, afirmó Adorni.

En el ámbito educativo, se habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros. Según Adorni, esta decisión permitirá financiar mejor las casas de estudio, destacando que “uno de cada tres estudiantes de medicina en Argentina es extranjero”.

Por otra parte, el Gobierno incluirá modificaciones al Código Penal relacionadas con delitos migratorios. Se establecerá la expulsión inmediata de inmigrantes capturados en flagrancia delictiva o que atenten contra el sistema democrático. También se prohibirá el ingreso al país a quienes presenten documentación falsa o se sospeche que ingresan con fines distintos a los declarados.

“Si un inmigrante viola la prohibición de reingreso, enfrentará penas de prisión”, aseguró el vocero. Estas medidas, señaló Adorni, buscan priorizar al residente argentino: “Poner al servicio la salud de un extranjero que viene a sacarle recursos a un argentino es poco justo”.

El caso de Salta como referencia

En Salta, una provincia que limita con Bolivia, la implementación de aranceles en el sistema de salud público ha tenido un impacto significativo. Según el director del Hospital San Vicente de Paul en Orán, Alejandro Valenzuela Pérez, las consultas de extranjeros pasaron de 3300 a solo 60 por mes.

“Los hospitales están mucho más desahogados, lo que permite atender mejor a los residentes locales”, explicó Valenzuela. Además, destacó que antes de la medida, pacientes argentinos con emergencias eran derivados a la capital provincial debido a la falta de camas, situación que ha cambiado drásticamente.

La iniciativa, que comenzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en marzo, fue posteriormente respaldada por una ley provincial. El Ministerio de Salud de Salta afirmó que los hospitales públicos registraron una disminución del 90% en la atención a pacientes extranjeros desde la implementación de la normativa.

Un debate en ciernes

Las decisiones del Gobierno abren un intenso debate sobre el balance entre garantizar derechos universales y priorizar los recursos para los residentes locales. Mientras algunos sectores ven en estas medidas una oportunidad para reorganizar los sistemas de salud y educación, otros podrían plantear cuestionamientos desde una perspectiva de derechos humanos y cooperación regional.