Padre e hijo imputados por malversación de bienes sociales en Tucumán

Un hombre de 58 años y su hijo de 39 fueron imputados por el delito de malversación de bienes pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. La justicia ordenó prisión preventiva para ambos por el término de 90 días, mientras se declaró la causa como asunto complejo.

La acusación fue presentada este viernes por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, representada por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien explicó que entre el 19 de enero y el 20 de noviembre de este año, el imputado mayor retiró mercadería destinada a programas sociales de un depósito en Alderetes. Estos bienes, cuya venta está prohibida, fueron desviados para su comercialización ilícita, con la colaboración de su hijo, empleado de la Honorable Legislatura de Tucumán.

El hallazgo en Manantial Sur

El caso salió a la luz tras un allanamiento realizado el 25 de noviembre en el domicilio de los acusados, en el barrio Manantial Sur, en el marco de una causa por lesiones leves agravadas contra el hombre de 39 años. Durante el operativo, se encontró una gran cantidad de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, además de documentación que evidenciaba su venta ilegal.

Entre los bienes secuestrados se contabilizaron:

66 fardos de puré de tomate
41 fardos de aceite
90 fardos de arroz
118 fardos de yerba
63 fardos de fideos
119 fardos de harina 000
101 fardos de lentejas
79 fardos de azúcar
Tres fardos de harina 0000
Cuatro cajas de leche en polvo

Declaración de causa compleja y medidas cautelares

La fiscal Rivadeneira solicitó declarar la causa como asunto complejo debido a su gravedad y a la posible existencia de otros implicados. "La investigación podría revelar la participación de más personas, ya sea en el encubrimiento o en una asociación ilícita. La logística necesaria para movilizar esta mercadería es significativa", argumentó.

Además, se solicitó prisión preventiva por 120 días debido a los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, la jueza actuante decidió reducir el plazo a 90 días.

Por su parte, la defensa de los imputados pidió arresto domiciliario, pero su solicitud fue rechazada. Antes de concluir, la defensa anunció que apelará la resolución judicial.