Caso Paulina Lebbos: Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk fueron sobreseidos del encubrimiento

Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk quedaron afuera de la investigación que procura esclarecer el homicidio de Paulina Lebbos. La semana pasada, Carlos Sale emitió un dictamen inapelable respecto del delito de encubrimiento en favor del sobreseimiento de los hijos del ex gobernador José Alperovich y de su ex secretario privado, Alberto Kaleñuk (falleció en enero). La resolución vinculante del fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción beneficia también a otros dos sospechosos: Antonio Maximiliano Gallardo y Luis Daniel Olivera.

En la discrepancia suscitada entre el fiscal Diego López Ávila, quien habían solicitado los sobreseimientos, y Víctor Pérez, el juez de Instrucción que se había opuesto, Sale inclinó la balanza en favor del primero. Por aplicación del artículo 368 del Código Procesal Penal, la opinión del fiscal subrogante es vinculante en esta divergencia. Sale actúa en reemplazo de Alejandro Noguera, ex primer fiscal de Instrucción del caso “Lebbos”. Al poco tiempo de la aparición del cuerpo de Paulina, Noguera fue fotografiado saliendo del domicilio del ex gobernador Alperovich, y por esta razón, el ex ministro público Luis De Mitri lo separó de la causa.

El expediente luego terminó con la carrera del ex fiscal Carlos Albaca, quien lo controló en secreto durante siete años, y en 2013 pasó a López Ávila (salpicado por los cuestionamientos, De Mitri también adelantó la jubilación con el beneficio del 82% móvil). El año pasado, el tercer fiscal del caso requirió la elevación a juicio por probable encubrimiento contra el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe de Policía, Luis Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. López Ávila opinó que Roberto Gómez, el único acusado en prisión preventiva, también debe ser juzgado. Este acusado del supuesto homicidio “cayó” porque habría usado el celular de la víctima luego de que esta desapareciese.

Un perfecto desconocido

Al analizar el requerimiento de elevación a juicio, el juez Pérez se negó a sobreseer -respecto del encubrimiento- a Kaleñuk y a Alperovich. El magistrado consideró que las pruebas no eran concluyentes en relación con la inocencia de los sospechosos. Pero, según Sale, no cabe otra posibilidad que confirmar la inocencia puesto que la llamada pista “hijos del poder” fue desvaneciéndose a partir de pruebas científicas y objetivas incorporadas al expediente. El fiscal de Cámara expresó que no había fundamento suficiente para juzgar a Kaleñuk y a Alperovich, y que estaba excluida la posibilidad de agregar nuevas pruebas porque habían vencido los plazos y las prórrogas de la investigación penal preparatoria.

En otro párrafo, Sale se permitió una reflexión: “luego de analizar y valorar las pruebas, entiendo que surge con claridad que se ha instruido el caso de una manera deficiente desde la noticia del crimen”. Y dijo que la prueba de esto era que el personal policial que había actuado en las primeras medidas (“las más importantes para el esclarecimiento del caso”, evaluó) fue condenado justamente por haber obrado en forma dolosa al falsificar las actas que describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hallazgo de los restos de la víctima (en 2014, la Sala III de la Cámara Penal condenó al ex comisario de Raco, Enrique García, y al policía Manuel Yapura por adulterar declaraciones testimoniales e instrumentos públicos relativos al crimen de Lebbos. La sentencia aún no está firme -debe ser revisada por la Corte- y ambos imputados permanecen en libertad).

“El desempeño de la Policía (en este caso) ha motivado la necesidad de utilizar las fuerzas federales para continuar con la investigación”, precisó Sale. Y expresó: “siguiendo con este patrón, pudo observarse la conducta poco clara de importantes autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y que varios de sus funcionarios tienen requerimiento de elevación a juicio por encubrimiento agravado”. Según el fiscal de Cámara, todo este escenario lo conducía a la íntima convicción de que algo faltaba: “pues, haciendo un mínimo análisis de lógica fáctica y jurídica, llama la atención que por Gómez, un perfecto desconocido, se encuentren policías condenados y funcionarios involucrados. El debate oral será la antorcha que quizá ilumine el camino de la verdad poniendo a los demás responsables en el lugar que efectivamente corresponde”.

Respecto de Gallardo, Sale sostuvo que debía ser desvinculado del proceso porque está corroborado que no había sido contratada por él la línea correspondiente al chip introducido en el teléfono de Paulina. En cuanto a Olivera, el fiscal de Cámara confirmó su sobreseimiento tras insistir que la pista “hijos del poder” no había sido verificada. Olivera llegó a estar detenido durante un mes porque un testigo afirmó que en el camping de El Cadillal en el que trabaja como encargado había acaecido la muerte de Paulina. Este testimonio sostuvo que Olivera había ocultado el cuerpo de la joven en un freezer.

Todavía hay esperanza

Al zanjar la discusión respecto de la inocencia de Alperovich, Kaleñuk, Gallardo y Olivera (en relación con delitos específicos), el dictamen de Sale obliga a dedicar las energías en los restantes imputados (sobre Albaca pesa un requerimiento de elevación a juicio pendiente de definición). Alberto Lebbos, papá de la víctima; López Ávila y el propio fiscal subrogante de Cámara sospechan que los acusados podrían aportar más información que la que dijeron tener. Diez años después de la muerte de Paulina, el enjuiciamiento de Di Lella, Sánchez, Brito, Barrera, Rodríguez y Gómez se presenta como la última esperanza de esclarecer un homicidio que convulsionó a la provincia.