Los parlamentarios piden que se les informe, entre otros puntos, sobre el plan de acción, programas y políticas de seguridad que se están desarrollando en la provincia, las estadísticas de los últimos 12 meses, mapa del delito, personal y equipamiento con que cuenta la fuerza policial y cuáles son las medidas urgentes que va a adoptar en función a la escalada de la ola delictual.

También piden a Maley que exprese razones por la demora en la promulgación expresa, puesta en vigencia y reglamentación de la ley 9220 a través de la cual Tucumán adhiere a las disposiciones de la ley nacional Nº 26370 de Espectáculos Públicos y establece las reglas de habilitación de personal que realiza tareas de control de Admisión y Permanencia de Público, conocidos como "patovicas". Asimismo, exhortan a que se informe a los legisladores sobre acciones, programas de prevención y combate realizados en la lucha contra en narcotráfico en la provincia y los resultados de esos trabajos; y además cuestiones atinentes al sistema de video de vigilancia, la cantidad de cámaras en espacios públicos, su distribución y la cantidad de personal afectado al monitoreo, vigilancia y respuestas a las mismas.

"Los constantes hechos de inseguridad que vienen aconteciendo día a día en la provincia demuestran que no hay una política de estado en materia de seguridad. Lo que está sucediendo en Tucumán no es casualidad, es fruto de la inacción y falta de medidas concretas para la prevención, diagnóstico, cuantificación del delito y consecuente accionar de la fuerza de seguridad", rezan los fundamentos del requerimiento.

"En el mismo discurso del Sr. Gobernador en la apertura del 115° periodo legislativo no se encuentran plasmados elementos que denoten la instrumentación y aplicación de políticas para atacar contener y reducir el flagelo que en su vida y patrimonio vienen sufriendo los habitantes de la provincia. La escalada delictual  ha superado todo estadística posible y la violencia desmesurada ataca el primero de todos los derechos humanos, como es el derecho a la vida. Es decir, los tucumanos no solo se ven despojados de sus bienes sino que también sufren el ataque y la amenaza constante en su integridad física y en su vida misma", finalizaron.