Bajo la Lupa Noticias
En el Boletín Oficial de la provincia de Tucumán de este miércoles 22 de enero, informan que el gobernador, Juan Manzur, aceptó la "Renuncia Condicionada" que presentó la fiscal Adriana Giannoni al cargo de Fiscal de I° Instancia de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la I° Nominación del Centro Judicial Capital.
La dimisión de la funcionaria se enmarca en un pedido de juicio político que realizó la Fundación Mujeres x Mujeres en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir, el 6 de diciembre pasado. La medida responde al desempeño de Giannoni en un caso de interrupción legal de un embarazo, practicada por profesionales de la salud a una niña de 14 años víctima de abuso sexual.
En el Boletín se detalla: "Acéptase la Renuncia Condicionada presentada por la Dra. Adriana del Carmen Giannoni, DNI N° 12.372.095, al cargo de Fiscal de I° Instancia, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la I° Nominación del Centro Judicial Capital, para acogerse al Beneficio de la Jubilación Ordinaria".
El pedido de juicio político responde a la "ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones (art. 19 inc. 1 de la ley 8.734) y por incumplir en forma injustificada los deberes inherentes al cargo (art. 19 inc. 2 de la ley N° 8.734), según detallaron en un comunicado.
Entre las fundamentaciones del pedido, detallan que la Fiscal abrió una investigación penal caratulada “PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y OTROS S/ ABORTO”, obrante en Expte. N° 78910/19, "para investigar un hecho que no es delito: la interrupción del embarazo realizada por profesionales respetuosos de los derechos humanos de una niña de 14 años víctima de abuso sexual".
Según argumentan, la finalidad primaria y última de quien se propone investigar hechos que no son delitos, es "amedrentar a los efectores de la salud, vaciar de contenido políticas públicas centrales para la salud integral y la autonomía de niñas, adolescentes y mujeres tucumanas y así, avalar desde un lugar de poder dentro del Ministerio Público Fiscal la violación de los derechos, las violencias en la atención de la salud y las maternidades forzadas en base a decisiones heterónomas que afectan la salud, la dignidad, igualdad, la libertad y la soberanía reproductiva".
