Bajo la Lupa NoticiasEl gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que dispone la desafectación y el cese inmediato de un agente transitorio del Servicio Penitenciario Provincial investigado por su presunta vinculación con el ingreso ilegal y la comercialización de teléfonos celulares para internos alojados en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, según publicó Los Primeros.
La medida fue oficializada a través del Decreto N° 992/7 (SES), publicado este 22 de mayo en el Boletín Oficial, y alcanza a Luis Alfredo Valenzuela, quien había sido incorporado al Escalafón Seguridad de la fuerza en julio de 2025.
La decisión del Poder Ejecutivo provincial surgió tras las actuaciones administrativas iniciadas luego de las requisas sorpresivas realizadas el pasado 20 de abril de 2026 en las Unidades N° 1 y N° 3 del penal. Durante esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.
Según consta en el expediente interno, al analizar los registros de los aparatos secuestrados se detectó una línea telefónica de la empresa Personal registrada a nombre de Valenzuela, quien prestaba servicios precisamente en la Unidad N° 1 del complejo carcelario.
La situación del agente se agravó luego de la declaración de un interno con identidad reservada, quien habría aportado pruebas sobre transferencias de dinero dirigidas al penitenciario para permitir el ingreso de los dispositivos. A esto se sumaron capturas de conversaciones de WhatsApp y registros de un perfil de TikTok atribuido al acusado.
En su declaración administrativa, Valenzuela negó haber ingresado el teléfono secuestrado y sostuvo que no se encontraba de guardia el día del procedimiento. También aseguró que utilizaba una línea telefónica distinta a la denunciada en su legajo. Sin embargo, reconoció que acostumbraba dejar su billetera y su celular sobre mesas del patio donde circulaban internos, situación por la cual ya había recibido advertencias de sus superiores.
Para el Gobierno provincial, ese comportamiento negligente compromete seriamente la seguridad pública y representa una pérdida de confianza incompatible con la función penitenciaria.
El decreto firmado por el mandatario provincial sostiene que los indicios y elementos reunidos generan un estado de duda inadmisible sobre la conducta funcional del agente y remarca que el personal penitenciario debe mantener una conducta intachable debido a la responsabilidad que implica el cargo.
Finalmente, la normativa señala que, al tratarse de personal transitorio, el efectivo no cuenta con derecho a estabilidad laboral, facultando así al Poder Ejecutivo a disponer su cese inmediato para preservar el interés público y la credibilidad institucional del Servicio Penitenciario Provincial. Además, la resolución deja abierta la posibilidad de nuevas sanciones en función del avance de la causa penal que será impulsada ante la Justicia.
