La Contraloría de Venezuela ha solicitado la prohibición de las transacciones financieras del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por una supuesta estafa a través del gigante petrolero PDVSA, y ha anunciado que también se investigará a varios ex alcaldes.
El contralor general, Elvis Amoroso, ha informado públicamente de estos supuestos “hechos de corrupción”, en los que Guaidó habría colaborado con empresarios contratistas de PDVSA para manejar fondos propiedad del Estado venezolano, según indicaron medios oficiales.
Amoroso ha “exigido” a la Superintendencia de las Instituciones del Sector bancario (Sudeban), que prohíba “toda transacción del usurpador”, como describe el chavismo a Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como “presidente encargado” del país sudamericano.
 
 
La medida, ha añadido, afectaría “dentro y fuera del país”, por lo cual el contralor ha pedido que la información llegue a todos los ámbitos del sistema financiero y a los empresarios para que estos se abstengan de “hacer cualquier tipo de transacción”. “El dinero que utiliza es proveniente de legitimación de capitales”, ha advertido.
Amoroso también ha pedido el bloqueo de las transacciones de la empresa T&C Services, a la que acusa de firmar contratos con PDVSA valorados en más de 200 millones de dólares. En este sentido, ha reclamado la intervención de la Fiscalía, del Ministerio del Interior y de la Dirección de Registro y Notaría.