El juez de Instrucción Cristian Velázquez resolvió acceder al requerimiento del fiscal Edgardo Sanchez, aunque por el término de cuatro meses y no seis, como lo había solicitado el funcionario del ministerio público.
Policiales04 de mayo de 2019
Bajo la Lupa Noticias
La Justicia dictó la prisión preventiva contra el procurador Miguel Antonio Vega (h), imputado en la causa que se investiga el asesinato de Carlos Oscar Chequer (62), un ex empresario panadero de la ciudad de Concepción quien fue atacado en su domicilio en la siesta del 27 de febrero pasado.
Vega permanece detenido desde mediado de marzo, luego de ser acusado de manipular elementos que iban a ser sometidos a pericias y que permanecían en el interior de una camioneta que había sido secuestrada días antes.
El vehículo estaba a cargo de Vega, pero es de propiedad del funcionario nacional Héctor Monayer. Este, según aclararía, le prestó al procurador porque es su amigo y lo colaboraba en la tarea que despliega como delegado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vega violentó la faja de seguridad de la camioneta Palio Weekend, que estaba secuestrada en dependencias de los bomberos de la policía de Concepción.
De ahí extrajo una bolsa que tenía, entre otros elementos, un cuchillo. Luego arrojó ese elemento en un contenedor cercano. Los movimientos de Vega fueron registrados por las cámaras de seguridad privada de la zona. Por ello, luego se dispuso su detención.
Por el crimen de Chequer, fue detenido en primera instancia Juan Jesús “Tosco” Soria, un hombre que tiene antecedentes por abuso y robo agravado. Está sospechado de haber sido quien atacó al panadero con un garrote de madera, cuando este descendía de su camioneta en el interior del garaje de la vivienda.
El hombre fue visto por vecinos en esa zona en horas próximas al homicidio. En su domicilio, se secuestró ropa con rastros de sangre que están siendo sometidas a un estudio de ADN, con el fin de determinar si corresponde al patrón genético de Chequer.
Vega quedó bajo la mira de los investigadores a partir del día en que se presentó ante el fiscal Sánchez para entregar un celular que pertenecía a la víctima. Lo hizo una semana después del hecho. El aparato supuestamente desapareció el día del crimen. El procurador manifestó que lo había encontrado mientras trotaba por orillas de la ruta nacional 65.
El imputado aclaró que se dio cuenta días después de que era de propiedad de la víctima al encenderlo. Un registro fílmico no lo muestra a Vega haciendo actividad física en la hora en que él dice haber encontrado el celular. Las cámaras de seguridad, en cambio, lo mostraron al procurador merodeando la casa de Chequer momentos antes de ser asesinado el ex empresario.
El fiscal Sánchez sospecha, con base en los elementos de prueba que va reuniendo, que el procurador sería el autor ideológico del crimen. El móvil se vincularía con la relación que éste mantenía con una bailarina. La mujer, al parecer, tuvo una corta relación con Chequer y éste la intentaba restablecer.
Esto habría agitado la bronca en el procurador. El abogado defensor del imputado, Leandro Juárez, insiste en que Vega, al entregar el celular, lo hizo con el fin de contribuir al esclarecimiento del caso. Confía en que las pericias que se llevan adelante sobre los elementos que están secuestrados, van a despegar a su defendido del hecho.
“La prisión preventiva se dictó solo para garantizar un supuesto peligro procesal. De ahí en más, no hay elementos concretos que lo incriminen en el caso”, sostuvo.
Sánchez, por su parte, remarcó, que algunas pericias llegaron, otras no. Entre estas últimas están las practicadas a los elementos que se le secuestró a uno de los sospechosos.
El hecho ocurrió este domingo en Banda del Río Salí. Brian Cuevas, de 25 años, fue atacado con un arma blanca por su primo, apodado “Pelao”, quien fue aprehendido tras el crimen.
Un sujeto fue aprehendido tras ser acusado de ingresar a una vivienda de calle Sarmiento, agredir a su propietaria y sustraer una bicicleta y una amoladora. Al ser interceptado por la Policía, también atacó a los efectivos que intervinieron.
Personal penitenciario encontró pastillas, marihuana y un teléfono escondidos en el cielorraso de un baño de la Unidad N°3. La investigación está a cargo de la fiscal María José Valenzuela.
Ocurrió en el departamento de La Paz. La adolescente tiene 14 años. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo.
Un camión Scania cargado con azúcar volcó en la madrugada del miércoles sobre la nueva traza de la Ruta Nacional 38, al sur de Juan Bautista Alberdi. El conductor, Héctor Ricardo Rojas (55), oriundo de Jujuy, fue rescatado con vida pero horas más tarde murió en el hospital.
El tramo intervenido con cordón cuneta, veredas y carpeta asfáltica será habilitado al tránsito en los próximos días. El acto contará con la presencia del gobernador y marcará el inicio de un proyecto más amplio para convertir la traza en una avenida con semáforos, sendas peatonales e iluminación LED.
Carlos Espíndola y Alberto Ponce, policías retirados, se reunieron con la legisladora Raquel Nievas en representación de retirados, personal penitenciario y viudas. Denunciaron demoras de hasta seis meses en el pago de actualizaciones salariales y convocaron a una marcha en Plaza Independencia.
La Asociación Meta Bici Tucumán informó que en las últimas dos semanas sucedieron al menos 4 accidentes que involucraron a ciclistas en las rutas tucumanas. Hasta el momento hay tres víctimas fatales: Federico Osvaldo Ovejero, Gonzalo Ezequiel Prokop y Silvia Robles. Mientras tanto, José Cheo Hernández lucha por su vida en estado reservado.
Concepción celebrará su 125° aniversario con un desfile cívico-militar el viernes 31 y una semana de actividades culturales. El intendente confirmó la presencia de Soledad Pastorutti, Bersuit y la posible participación de Sergio Galleguillo en el cierre de los festejos.
El juez Sergio Altamirano dictó sentencia en el Centro Judicial Concepción contra D. G. F., hallado culpable de abusar de V cuando era menor de edad. La pena impuesta es de siete años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.